Llevo mucho tiempo sosteniendo que el famoso “barrilito” -una suerte de degradación institucional, uso y abuso de fondos públicos- es una grosera e inaceptable práctica que nada tiene ver con el ejercicio de legislar y fiscalizar (función de un legislador), y menos con adjudicarse fondos públicos dizque para “ayuda social”. Y más cuando sabemos el clientelismo rampante que se fomenta a través de esos “fondos sociales”. En fin, si algún legislador quiere hacer caridad social que lo haga con su dinero o sueldo, pero no a través de fondos públicos para, al final, promocionarse política y electoralmente.
Creíamos que, de facto, el barrilito iba a desaparecer cuando el PLD llegó al poder (1996), pues no, lo institucionaliza (2006); y ahora el PRM lo ha abultado (encima la FP también es madre Teresa de Calcuta). ¡Qué desgracia!
Esa vaina -el barrilito- aunque bajo otra envoltura tiene su historia y factura (1978-2005: post-Balaguer y apertura democrática -¡vaya precedente!-). Y ya es hora de que la sociedad exija y demande que esos fondos públicos sean destinados a mejorar la calidad en materia de buena práctica legislativa y división e independencia entre los poderes públicos.
En ninguna parte del mundo se elige un legislador para que haga de redentor social, sino para legislar y fiscalizar a los demás poderes e instituciones públicas. Aquí hemos fomentado, desde 1978, un Congreso de riferos, analfabetos, narcos-financiadores -de campañas políticas y proyectos presidenciales- y unos pocos que hacen honor a su rol. Dejémonos de cuentos chinos.
Es hora de desterrar el injustificable barrilito que no es más que otra modalidad de clientelismo, corrupción y derroche de fondos públicos para proyectar y publicitar figuras y proyectos políticos bajo el pretexto “ayuda social“ -vía las ONG, fundaciones y otros subterfugios-; pero, ¿en cual democracia se ve eso? Y, en el caso de la nuestra: ¿para qué el Ministerio de Salud Pública, Dirección de Asistencia Social y fondo “Especial” de la presidencia -otra “discrecionalidad”-?
Por ello, proponemos que de cara a las próximas elecciones -2028-, exijamos a cada aspirante a senador o diputado una declaración pública-jurada de que someterá una iniciativa para eliminar semejante desvirtualización de la función de legislar, so pena o contrario no volver a votar por ese aspirante-candidato….
Tal vez así, exigiendo esa postura pública, se hace el milagro y, de paso, cerramos otra vía al clientelismo y mal uso de fondos públicos….(el que quiera hacer de Padre Billini o de Madre Teresa de Calcuta -que no es verdad- que lo haga de sus bolsillos). A ver quién se anima. ¡Nadie!
