Para que la columna no termine cambiando de nombre toca darle cierre al tema que desde hace unas semanas abordamos, respecto a la premeditada no aplicación de la Ley 63-17. Pues desarrollando los tópicos nos hemos topado con la cruda realidad de que el listado de incongruencias entre la norma y su ejecución da para una tesis doctoral.
Quedamos pendientes de abordar varios ejes importantes como la seguridad vial, la educación, las infracciones peatonales y el régimen de consecuencias, fundamentales para entender el estado actual del tránsito en el país como situación subyacente de toda esta problemática social.
Respecto a la seguridad vial, llamada a ser el conjunto de estrategias, acciones y medidas que garanticen el buen funcionamiento del tránsito, que prevenga accidentes y proteja a quienes transitan en las calles (sea cual fuere la modalidad). Del deber ser destaca algo fundamental y que brilla por su ausencia en nuestro país, un enfoque preventivo, no puede existir seguridad vial sin políticas públicas que se adelanten a las situaciones como forma de prevenirlas, pues todos los accidentes tienen un elemento en común y es que se pueden evitar o cuando menos minimizar.
En nuestro país existe una Dirección Técnica de Seguridad Vial, al menos en el papel, pero nos preguntamos ¿qué hace esta dependencia del Intrant?, podemos mínimamente considerar que la señalización de nuestras vías es adecuada, que existe un mantenimiento adecuado de las vías, que la iluminación es adecuada (si tenemos en cuenta no sólo su impacto por temas de tránsito sino por asuntos de seguridad ciudadana). Hacemos las preguntas pero sabemos que sus respuestas nos dejarán claro que no se desarrollan verdaderas políticas públicas de seguridad vial, o al menos no con la seriedad que ameritan.
Otro tópico vital y cuya ejecución arroja un balance negativo es la educación vial, como la mayoría de los problemas que afectan a la República Dominicana, la falta de educación se encuentra en el epicentro del caos. No tenemos una cultura de educación vial, no conocemos siquiera las reglas básicas en materia de circulación y tránsito. Salvo el semáforo que, olímpicamente, decidimos saltarnos, la mayoría de los dominicanos desconocemos las señales reglamentarias, no obstante responder a estándares internacionales, es decir, no sólo estamos mal señalizados, sino que cuando están las señales no conocemos para qué son.
Sería interesante hacer un trabajo de campo para descubrir el alto porcentaje de ciudadanos, con “licencia” que desconocen lo que son señales reglamentarias, señales preventivas y señales informativas. Hasta que no se tome la decisión firme de educar, desde los hogares y en nuestras escuelas en materia vial, seguiremos siendo el país con mayor tasa de accidentes de tránsito y con los entaponamientos, con el perdón de la palabra, más pendejos del planeta tierra. La educación vial no puede ser un libro que abrimos exclusivamente para tomar el examen para la licencia sino un eje transversal de todos los ciudadanos.
De todos los ciudadanos sin importar que conduzcamos o no, porque también los peatones deben conocer las reglas de tránsito, también los peatones cometen infracciones al cruzar fuera del paso de cebra, irse en rojo, caminar por zonas prohibidas y un largo etcétera que hace del tránsito en nuestra isla una peligrosa aventura.
Por último, reiteramos, que desconocemos cuándo se firmó el acuerdo que permite no aplicar la Ley 63-17, pero hasta que no se rompa con el mismo y se exija el cumplimiento de la norma y la aplicación de las consecuencias que ella dispone seguiremos en esta triste realidad.