En discusiones académicas ha surgido el tema de la posible creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para quitar a la Procuraduría General de la República una serie de funciones que no son de la naturaleza del Ministerio Público que debe dedicarse, exclusivamente, a dirigir la investigación penal y a ejercer la acción pública (Artículo 169 de la Constitución).
El Ministerio de Justicia existió en nuestro país desde 1844 pues la propia Constitución lo establecía. Tuvo distintos nombres y fisonomías siendo definitivamente suprimido en 1964 (Ley 485) traspasándose todas sus funciones al Procurador General de la República.
Dentro de estas funciones estaban las de ser enlace entre los poderes Ejecutivo y Judicial, defender al Estado en litigios, organización y funcionamiento del estado civil, inspeccionar las cárceles, trámite de extradiciones, el registro de condenados y prófugos, intervenir en expedientes de indultos, tramitar exhortos, registro de los interdictos legales, trámite de incorporaciones de asociaciones, trámite de exequátur de las profesiones jurídicas y la publicación de recopilaciones de leyes.
Al pasar los años, y a consecuencia de múltiples leyes, varias de estas funciones fueron traspasadas a otras instituciones del Estado. Otras siguieron bajo la responsabilidad de la Procuraduría.
Parece no discutible, que sacar estas atribuciones del ámbito actual permitiría que el Ministerio Público concentrara todos sus recursos y energías, exclusivamente, en investigar y perseguir las infracciones penales. Desde ese punto de vista, la creación de un nuevo Ministerio resultaría útil.
A algunos les desagrada la idea porque piensan que se incrementaría el gasto público y que se puede erigir en fuente de clientelismo político -lo cual no es, necesariamente, cierto-. Estos, prefieren que dichas funciones sean reatribuidas a otros ministerios o direcciones del Estado ya existentes.
Lo que sí queda claro es que si todos esos recursos humanos y económicos el Ministerio Público pudiera dedicarlos al ejercicio de su función esencial, tendríamos mejores investigaciones y procesos mejores instrumentados algo que viene pidiendo a gritos toda la sociedad.
En 2007, el desaparecido Comisionado Para la Reforma de Justicia, preparó un borrador de proyecto de ley creando una Secretaría de Estado de Justicia pero nunca llegó a discutirse. El tema vuelve a cobrar interés y, ahora, otros borradores salen del tintero.
De seguro que todas estas propuestas serán, en lo inmediato, objeto de debate y consenso por el Congreso Nacional.
