En días pasados publiqué un artículo en este prestigioso medio, en el que exponía la concepción de derecha del comunicador Miguel Guerrero en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de su mentor ideológico, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y de su actual presidente Nicolás Maduro Moros (mi amigo, como lo fue el comandante).
No me extraña su concepción ideológica, es de todos conocido que es un cuadro estructuralmente de derecha y sus acciones responden, más allá de lo que pudiera ser su íntima convicción, a pautas que trazan los Estados Unidos en contra de los gobiernos que no están bajo su tutela. Sus denuestos contra Venezuela no me sorprenden, son cónsonos con su trayectoria política. No obstante, al momento de pretender descalificar o desacreditar, sobre todo a una nación soberana, libre e independiente, como lo es Venezuela, la objetividad debiera obligar a ver la realidad.
Ataca las políticas y las acciones del gobierno de Venezuela sin referirse al injusto bloqueo impuesto por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica a ese país, un bloqueo por el cual desde 2014 Venezuela ha sido blanco de casi un millar de sanciones, como un muro a su economía, a las finanzas públicas, la industria petrolera y el comercio exterior: Un castigo a toda una nación.
Ignora el señor Miguel Guerrero, más bien quiere ignorar, que las medidas coercitivas unilaterales y medidas restrictivas o punitivas de los Estados Unidos, Canadá, Suiza, UE, Reino Unido y otros, contra el gobierno y pueblo venezolanos, entre 2014 y 2023, ocho de cada diez corresponden a sanciones directas (766), el resto (164) a medidas restrictivas o punitivas. Por citar un ejemplo, en agosto de 2017, mediante un decreto ejecutivo, el gobierno de los Estados Unidos prohibió a Citgo Petroleum la entrega de dividendos al país que posee las reservas petroleras más cuantiosas del mundo, en 2019 bloqueó todos los activos de PDVSA en territorio norteamericano, lo que a su vez generó un bloqueo operativo y financiero a la empresa Monómeros, propiedad de PDVSA que opera en Colombia, la que en el 2020 sería confiscada por el entonces gobierno de Iván Duque.
La guerra contra la industria petrolera en que se empecina Estados Unidos, tiene como blanco la empresa PDVSA, con el objetivo de destruirla desde adentro y bloquearla desde afuera. Al 2022, la pérdida acumulada de esta empresa, sería alrededor de 3,995 millones de barriles de petróleo, que alcanza una pérdida de recursos entre el período 2015 -2022 de 232 mil millones de dólares. Entre 2017 y 2023, la guerra contra PDVSA comprende bloqueo a la deuda, prohibición de repatriar dividendos, confiscación de todos los activos, prohibición de operaciones a petroleras internacionales, sanciones a directivos, empresas petroleras, buques, y personal de transporte marítimo, imposición de costos financieros, comerciales y logísticos, demandas judiciales, asaltos a buques con carga propiedad de Venezuela, paralización de pagos, congelación de recursos en bancos y cierre de cuentas, usurpación de funciones, sabotaje a la infraestructura petrolera de Venezuela, entre otras.
Junto con estas medidas, también aplican las acciones políticas pretendiendo deslegitimar al gobierno venezolano y estrangular la calidad de vida del pueblo. ¿Qué es esto, sino una forma de terrorismo?
También el señor Miguel Guerrero quiere ignorar los valiosos aportes de Chávez y Maduro a favor de la República Dominicana, facilitando derivados del petróleo a precios inferiores a sus valores del crudo en los mercados internacionales y con ello garantizaron mantener estabilidad en la economía y en la balanza de pagos del Banco Central, el fuerte impacto para la reducción del coeficiente de la deuda pública sobre el PIB de unos tres puntos porcentuales, aspecto que tuvo una gran influencia en la mejora de la calificación del riesgo país en los mercados financieros internacionales.
En cuanto al Acuerdo de Petrocaribe hay que destacar que fue un programa fundamental en la estabilidad macroeconómica del país. Más de US$1,800 millones ganó el país producto de este acuerdo. Fue una constante en el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, la especial atención a República Dominicana, lo que demuestra que este país significaba mucho para él.
El acuerdo permitió que muchos países, en momentos en que el precio del petróleo estaba muy alto, pudieran manejar la situación financiera, ya que, cuando el precio pasaba de US$100 el barril, Venezuela financiaba el 60% de la factura, recursos que llegaban al Ministerio de Hacienda, mientras que el restante 40% se pagaba. Solo en 2011, bajo el concepto de Petrocaribe el Gobierno recibió US$639.8 millones, en 2012 US$691.1 millones y en el 2013 US$650 millones. Desde el año 2005, cuando se inició el acuerdo, el país recibió US$3,650 millones. Los recursos provenientes de Petrocaribe se destinaban al subsidio de la energía eléctrica para no recargar a los sectores más pobres del país.
El señor Miguel Guerrero quiere ignorar que cuando el petróleo subió a casi US$150 dólares el barril a medianos de 2008 los países del acuerdo se reunieron y fue cuando el presidente Chávez refirió que los países dentro del convenio no tendrían capacidad económica para pagar, permitiendo que el pago se pueda hacer con bienes y servicios. Respecto al pago con bienes a Venezuela, dado que es un acuerdo pagadero a 25 años a un tasa de 1% anual y dos años gracia para amortización e intereses, eso significa que la cantidad que se paga anualmente es muy reducida, aunque la deuda es muy grande. “Esto quiere decir que sólo se pueden vender en bienes y servicios lo que equivale al pago del servicio de la deuda.”
La otra gran operación realizada bajo la gestión del presidente Constitucional Nicolás Maduro, y que cabe recordarle al señor Miguel Guerrero, fue la recompra en el año 2015 de US$4,027 millones correspondiente al 98% de la deuda con Petrocaribe a esa fecha, pagando un precio neto de 48% y por tanto obteniendo un descuento de 52%. Esta operación implicó que se pagó un monto neto a Venezuela de US$1,933 millones, lo cual conllevó una disminución inmediata de la deuda externa en US$2,094 millones (equivalente a 3.3% del PIB). Además, la transacción implicó un ahorro en valor presente superior a los US$500 millones y un ahorro en el servicio total de la Deuda Pública. En adición, la nueva deuda que se utilizó para la recompra, se colocó a un plazo promedio mayor que la deuda existente con Venezuela. Entonces, señor Guerrero, más allá de esta visible realidad de las relaciones entre dos naciones hermanadas por vínculos históricos, diplomáticos, comerciales, dentro del derecho internacional, ¿qué puede mover sus desacertados e interesados argumentos que no sea satisfacer a su amo? Queda claro.
De igual manera, el señor Guerrero, encontró un abogado de oficio que desde un periódico digital salió en su defensa. Está en su derecho. Señor abogado de oficio: Lo importante no es de dónde se comienza sino dónde se termina. De sus inicios políticos a su presente político hay un gran trecho. De todos modos, reconozco su derecho a convertirse en abogado de oficio de una persona con la cual usted, hoy tiene identidad ideológica, pero usted ha debido ser más objetivo y no unilateral. Esa visión unilateral es parte de su coincidencia con su defendido. ¡Qué pobre labor!
Cualquier opinión se respeta, como por convicción lo hago, pero lo que está fuera del contexto de la realidad y no lo comparto, me obliga el mismo respeto para aclararlo o debatirlo.