El 16 de junio de 2021, el fiscal general de Estados Unidos emitió decisiones que anulan el Asunto AB-, 27 I&N dic. 316 (AG 2018) (AB-I) y Asunto de LEA-, 27 I&N de diciembre de 581 (AG 2019) (LEA-II). Estas decisiones reconocen los errores cometidos en los casos de AB y reconoce que se deben fortalecer la capacidad de los adjudicadores para otorgar asilo a personas que huyen de la persecución por motivos de género y familia en particular, y más ampliamente, a personas que huyen de daños por personas ajenas a la ley, actores estatales.
Como resultado, estas decisiones del fiscal general deberían facilitar que los oficiales de la Oficina de Asilo y el Tribunal de Inmigración otorguen asilo a las personas que huyen de la persecución por motivos de género y familia. Igualmente, para los casos pendiente de apelación se brinda una gran oportunidad para estas personas, ya que con esta nueva postura el consejo de apelación va a ponderar la jurisprudencia nueva que favorece a los aplicantes de asilo.
Muchas organizaciones sin fines de lucro han realizado muchos esfuerzos de litigios y argumentos de defensa para rechazar los ataques contra los solicitantes de asilo y las protecciones de asilo. La administración anterior tomó numerosas medidas para limitar la capacidad de los solicitantes de asilo de obtener protección en los Estados Unidos, pero con frecuencia, los solicitantes de asilo de América Central eran los más afectados por los ataques de la Administración anterior.
Anterior a estas decisiones, en el 2014 el Consejo de Apelaciones emitió una decisión en el Asunto ARCG, una decisión precedente que determinó que el grupo de “mujeres casadas en Guatemala que no pueden dejar su relación” es un grupo social particular porque es socialmente distinto, particularmente definido y basado en características inmutables. Este razonamiento legal es el que se está reviviendo con la eliminación de las decisiones de AB y LEA.
