La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del Departamento de Justicia de EU el 04 de marzo y dictaminó que los inmigrantes ilegales que están sujetos a deportación llevan la carga de la prueba al impugnar su expulsión.
Los jueces de la corte determinaron que Clemente Pereida, un inmigrante de México que ha residido ilegalmente en los Estados Unidos durante los últimos 25 años, tiene la carga completa de demostrar que es elegible para recibir la cancelación de su deportación.
En lo que respecta a los beneficios de inmigración, los no ciudadanos no tienen el mismo conjunto de derechos al debido proceso que los ciudadanos. Gorsuch, autor de la opinión de la mayoría, escribió: “La Ley de Inmigración y Nacionalidad requiere expresamente que las personas que buscan alivio de las órdenes de deportación legales demuestren todos los aspectos de su elegibilidad. Eso incluye demostrar que no son condenados por un delito descalificante”.
La ley de migración permite que los inmigrantes con antecedentes penales soliciten la cancelación de su orden de deportación siempre y cuando sus delitos no constituyan un delito grave que implique “depravación moral”.
En este caso, Pereida fue condenado en Nebraska por usar una tarjeta de Seguro Social falsa para obtener empleo, un delito que involucra depravación moral, por lo que el juez de inmigración dictaminó que no era elegible para solicitar la cancelación. Sin embargo, el estatuto específico de Nebraska que Pereida violó enumeró varios delitos, uno de los cuales, operar un negocio sin licencia, no implicaba depravación moral.
Debido a que existía cierta ambigüedad en cuanto a qué delito fue condenado Pereida, la Junta de Apelaciones de Inmigración y el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito respondieron que Pereida todavía puede ser elegible, por lo que el caso pasó a la Corte Suprema; pero la corte se puso del lado del Departamento de Justicia de EU.
