Carga pública ha sido parte de las leyes de migración de Estados Unidos desde hace más de 100 años como un motivo de inadmisibilidad a ese país y ser inelegible para convertirse en residente permanente. Con las nuevas políticas y propuestas de ley de la administración del presidente Donald Trump, los factores que pueden hacer considerar a un inmigrante como carga pública han variado y sobre todo, para los procesos consulares.
Trump sólo ha realizado propuestas de cambios a las leyes de migración que no se han convertido en reglas formales, sin embargo, los consulados, principalmente, y la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, (USCIS, por sus siglas en inglés) ha variado en sus interpretaciones de qué puede ocasionar que una persona sea considerada carga pública.
Al momento de una entrevista consular, el agente puede determinar como inelegible para una residencia a una persona, si considera que es probable que ésta se convierta en una carga pública para el gobierno, es decir, que vaya a aplicar para ayudas federales, estatales, o algún otro beneficio público.
Agencias de migración de EE.UU. han indicado que recibir asistencia de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), asistencia en efectivo del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y los programas estatales o locales de asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos, a menudo llamados programas de “Asistencia General”, pueden hacer que el familiar que inmigra sea considerado no elegible para la residencia.
Además, la asistencia pública, incluido Medicaid, utilizado para ayudar a extranjeros que residen en una institución para el cuidado a largo plazo, como un hogar de ancianos o una de salud mental, también puede considerarse como parte del análisis de carga pública de acuerdo a las circunstancias. La hospitalización a corto plazo para rehabilitación no está sujeta a la consideración de cargos públicos.
Otros beneficios posibles cargas
públicas son: El Programa de seguro de salud infantil (CHIP); el SNAP, WIC; LIHEAP; Ley de “Head Start” o ayuda para educación primaria, entre otros.
