El jueves 31 de agosto, en los pasillos del hospital Yulin Número 1 en la provincia de Shaanxi, al oeste de China, una muchacha de 26 años llamada Ma Rongrong estaba teniendo dificultades dando a luz. El personal médico sugirió una cesárea porque notaron que la circunferencia del cráneo de su bebé dificultaría un parto vaginal. Ma decidió intentarlo, pero, cuando los dolores se intensificaron y resultó evidente que sería imposible dar a luz sin una cesárea, tanto Ma como el personal médico determinaron que era necesario realizar la operación.
El problema de este cuadro es que, bajo la ley actual de este país asiático, las familias tienen la potestad de aprobar o vetar todas las cirugías significativas a las que se quiera someter su familiar. Y la familia de Ma decidió negarle la cesárea. Las cámaras dentro del hospital captan a Ma, con 41 semanas de embarazo (más de 9 meses), arrodillada por el dolor ante media docena de sus familiares, aparentemente rogándoles que le permitieran la cesárea. La respuesta fue que no. Ma incluso intentó escapar del hospital y no se lo permitieron. Es un escenario escalofriante de imaginar, pero lo peor fue el desenlace.
En su desesperación, y ante el inaguantable dolor que le producía no poder dar a luz a su bebé vaginalmente, Ma tomo una decisión drástica y trágica: salió por una ventana y se lanzó de un quinto piso, obviamente, a su muerte. Esto es una verdadera historia de terror, pero no fue cuento; ocurrió hace menos de un mes.
Muerta la muchacha y su bebé, y sumidos entre la indignación internacional, la familia y el hospital se encuentran envueltos en un amargo dime y direte. La familia ahora alega que jamás le negaron la cesárea. Pero la última palabra parece tenerla el hospital, pues posee documentos en donde consta que, tanto Ma como el hospital, intercedieron ante su familia en tres ocasiones diferentes, para que les permitieran realizar la operación.
En nuestro país el panorama es diametralmente opuesto al escenario antes descrito. Y sería inimaginable que algo así ocurriera en el pasillo de algún hospital local… toco madera. Aquí ninguna familia veta cesáreas. Al contrario, en la República Dominicana el problema es que las prescribimos con trivialidad. La Organización Mundial de la Salud declara que, con una estadística de 56% de alumbramientos realizados vía cesárea, la situación califica como “una epidemia de cesáreas innecesarias”, ya que lo ideal es que ronde entre el 10% y el 15%.
Todos los sectores involucrados se culpan entre sí: que si las ARS, que si los/as médicos/as, que si las mujeres no quieren pujar, que si la nutrición de las parturientas haitianas, que si la infraestructura de los hospitales públicos… ¡La responsabilidad es grande y nadie quiere un pedazo!
Los úteros de las mujeres, y las políticas públicas que buscan regularlos y controlarlos, son una zona de discordia constante. La política de China descrita en este artículo es un extremo de la contención. Nuestra alta tasa de mortalidad materna, y su correlación con las cesáreas innecesarias, son otro extremo. En el medio quedan Ma y las 168 mujeres y niñas dominicanas (estadística del 2016), que el país pierde sin necesidad. ¿Qué tienen en común?
Yo diría que las 169 esperaban ese trascendental primer momento de ver a sus bebés nacer, y se encontraron, atrapadas dentro de sus cuerpos de mujer, enfrentando ese último proceso humano de morir, en medio de una trama protagonizada por unas políticas públicas que no controlaban ni ellas, ni las mujeres en general. ¿Será ese el verdadero problema?
