Los procesos judiciales

No está en mi ánimo generalizar sobre jueces y fiscales -¡Dios me libre!-, aunque de nuestro sistema de justicia no tengo la mejor impresión (al ser de colindancias políticas-fácticas). Sin embargo, siento curiosidad por saber: cómo un juez o fiscal puede sortear esas dos innegables condicionantes de su ejercicio-profesión: a) el carácter político, cuasi universal, de la escogencia, interpósitas instancias (Consejo Nacional de la Magistratura, Suprema Corte de Justicia y Poder Ejecutivo), de jueces y fiscales, y b) el interés mediático-periodístico y de redes sociales a que están sometidos ambos operadores de justicias y reclamos, una veces de ciudadanos indignados -con razón- y otras de actores políticos o corporativos procurando otros objetivos -más próximo al poder y sus tentáculos- no tan altruistas. Librarse de ese doble andamiaje ha sido el transitar o vía crucis de jueces y fiscales, y no hay que ser ingenuos, para no saber la tamaña vaina que se le presenta a un juez íntegro -¡que los hay!-, de instrucción o de juicio de fondo, cada vez, como acontece en nuestro país, que se da un cambio de gobierno, se denuncian actos de corrupción; o simplemente, se monta todo un espectáculo mediático o cortina de humo para distraer, no pocas veces, a bobos e incautos, mientras, tras bambalina, otros actores -políticos-fácticos- deciden quién o quienes habrán de joderse. Claro, para esos “acuerdos extrajudiciales”, siempre tendrán que existir jueces y fiscales venales o curtidos en la compraventa de su “íntima convicción” o de su mostrenca formación “ética”-profesional. De esa conjugación, se han registrado innumerables casos que nuestra historia patenta como piezas antológicas de una justicia que debería ser ciega, pero que solo llega, si acaso, a tuerta. Por supuesto, cada coyuntura es diferente; aunque los actores político-fácticos quieran obviar los tiempos, pues ahora, indiscutiblemente, hay una ola -que trasciende fronteras- de reclamos ciudadanos que, hace rato, asoció corrupción pública-privada e impunidad con subdesarrollo, pésimos servicios públicos, deficiente sistema educativo, de salud y de justicia; y, sobre todo, de acumulación rápida de riquezas imposibles de justificar en actores políticos, empresariales y servidores públicos en contubernio con delincuencia organizada. Sumémosle, al degradante cuadro anterior, que, ya nada queda fuera del escrutinio público ni de las redes sociales, pues, como ha descrito, con certeza, Moisés Naím, el control del poder ya no está centralizado, sino fragmentado. Y esa lectura, al parecer, no ha sido hecha por nuestra clase política ni los actores fácticos.
De modo, que, ante el momento actual, toca de dos: a) estar alerta ante justicia teledirigida, y b) aferrarnos a jueces alejados de manipulación mediática y de maledicencias para fines de ganancias políticas-electorales. l