En días recientes el ministro de Salud Pública ha declarado que el país no cuenta con capacidad instalada para atender las parturientas de nacionalidad haitiana; según el ministro, en los últimos cuatro años aumentó considerablemente el número de las mujeres haitianas que ha dado a luz en los hospitales públicos, de tal modo que, en provincias fronterizas representan el sesenta por ciento de la capacidad hospitalaria, mientras en Santiago y el Distrito Nacional el treinta por ciento. En su comparecencia ante la prensa el ministro informó que el gobierno ha invertido 10 mil millones de pesos en asistencia a las parturientas haitianas y que el fenómeno es tan grave que ha provocado que las madres dominicanas tengan que emigrar a las clínicas privadas.
Aunque algunos especialistas en la materia han catalogado como exageradas las cifras ofrecidas por el ministro de Salud Pública, nadie ha negado que en los últimos años se ha registrado un aumento constante de las mujeres haitianas que vienen al país a ser asistidas en su parto por la red hospitalaria del Servicio Nacional de Salud.
Ahora bien, lo que no han revelado las autoridades sanitarias es el método que utilizan las embarazadas haitianas para cruzar la frontera, pues nadie imagina que han ingresado con visas, sino que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, lo han hecho por la vía de la inmigración ilegal. Pero, tampoco se han ocupado los responsables del tema de indagar y explicar cómo estas mujeres en un estado calamitoso y de extrema necesidad pueden desplazarse desde la frontera hasta las maternidades de Mao, Santiago, la capital y Los Mina.
El Listín Diario, en su edición del lunes de esta semana lo revela. Estas indefensas y necesitadas mujeres son víctimas de la explotación de una mafia organizada que las extorsiona y amenaza. Son bandas de delincuentes dedicadas al tráfico de personas, y en el caso que nos ocupa, de mujeres embarazadas. Conocidas por los haitianos con el nombre de “poteas”, ofrecen a las embarazadas haitianas el cruce de la frontera y su traslado hasta un hospital público dominicano por un precio que en ocasiones puede llegar a los doce mil pesos dominicanos. Desde luego, los “buitres” no solo son haitianos, sus cómplices y socios en el negocio operan en territorio nacional, y en este tráfico ilegal intervienen militares, transportistas y motoconchistas nacionales, como bien lo denuncia el Listín Diario.
Los testimonios ofrecidos son desgarradores. Los delincuentes conducen a estas mujeres por caminos desolados y montes de Haití hasta llegar a la frontera, las violan sexualmente, les suministran precarias raciones alimentarias y cuando no pagan lo convenido las secuestran o incurren en abusos contra sus familiares. He aquí una de esas dolorosas quejas que laceran el corazón y llenan de estupor al ser humano: “Hace dos años le cogí 12 mil pesos dominicanos a un potea para emigrar a República Dominicana, la guardia me apresó y me devolvió a mi país, pero tres poteas desde que llegué me secuestraron y hasta que no pagué la deuda no me dejaron libre”.
¿Qué vamos a hacer ante esta cruda realidad? ¿Es admisible permanecer de brazos cruzados? Las autoridades no sólo están en el deber de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, también están obligadas a perseguir a este ilícito penal y someter a la justicia a quienes deshonran el buen nombre de la República y clavan sus garras sobre personas necesitadas de auxilio.
Las autoridades de migración tienen en sus manos el instrumento para hacerlo porque el 7 de agosto de 2003 el país promulgó la ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y en su artículo 2 estableció que “será pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para sí u otros”. El delito se castiga con penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos.
En adición a esta norma legal, el país está comprometido a combatir la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, pues es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
No hay excusa posible. A los buitres de la frontera hay que combatirlos. Ellos son los responsables de la vejación a que son sometidas las parturientas haitianas.
