Desde hace años organismos internacionales como el FMI, economistas, directores de impuestos, organizaciones empresariales y medios de comunicación han propugnado por que en el país dejemos de poner parches a nuestro sistema tributario y aprobar simples aumentos de impuestos, y hagamos una verdadera reforma fiscal.
Por eso mediante la Ley 1-12 que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se aprobó que debía arribarse a un pacto fiscal entre las fuerzas políticas, económicas y sociales “orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, mandato que sabemos fue incumplido cuando se aprobó la última reforma tributaria por Ley 253-12 para equilibrar las finanzas tras el excesivo gasto en la campaña electoral que aumentó el déficit a más del 8% del PIB.
También desde hace años existe una justificada preocupación por el aumento progresivo del endeudamiento público, debido a que buena parte de este es para financiar gastos corrientes, y por el muy alto porcentaje del presupuesto destinado al pago de intereses de la deuda, y la reducida partida que resta luego de descontar este porcentaje, y el del 4% del PIB, que obliga a que en cada ley de presupuesto se contemple una autorización para incumplir con prácticamente todos los demás porcentajes previstos en leyes especiales para distintos órganos, como el caso de los gobiernos locales.
La célebre frase de Benjamin Franklin de que solo hay dos cosas seguras “la muerte y pagar impuestos”, en nuestro país no se aplica, pues si bien nadie ha conseguido la receta de la inmortalidad, muchos sí han encontrado la forma de no pagar impuestos, o de no pagar lo que deberían.
Hasta la reforma de nuestro sistema tributario en 1992 las tasas eran muy altas, y se entendía que la única forma de incentivar el desarrollo de ciertos sectores era crear regímenes de exenciones fiscales, práctica que ha continuado en el tiempo, en algunos casos porque es la naturaleza misma del modelo como el de las zonas francas, en otros porque se entendía necesario para incentivar el desarrollo de polos turísticos, de la frontera, de la industria cinematográfica, etc., o la innovación en la industria. Otras exenciones existen para no afectar principalmente a la población de menos recursos en aspectos esenciales como es la educación, la salud y la electricidad, servicios exentos del ITBIS, o bienes esenciales de la canasta básica.
Es innegable que el Estado necesita más ingresos para prestar mejores servicios públicos y atender múltiples necesidades de la población, pero lo difícil es encontrar la fuente de donde estos saldrán, pues a la hora del llamado nadie quiere soltar el régimen de incentivos del cual se beneficia justificadamente o no, nadie quiere pagar más impuestos si considera que ya está pagando mucho mientras otros no pagan nada o muy poco, y peor aun, algunos quieren seguir fundando buena parte de su rentabilidad en la evasión de impuestos tolerada mediante pagos en efectivo y sin comprobantes fiscales, como muchos médicos y otros que operan en la informalidad.
Nada más difícil que ser justo y distribuir equitativamente las cargas, pero si las autoridades quieren legitimar su reforma fiscal tendrán que intentar serlo tomando las decisiones correctas para el desarrollo del país, resistir presiones, escuchar opiniones sensatas, evaluar de forma cualitativa y cuantitativa los regímenes especiales y compararlos con los existentes en países competidores, propiciar las mejores prácticas de sistemas tributarios más desarrollados y compactar al Estado para hacerlo más eficiente, pues ni van a convencer a la oposición de sumarse de buena fe a una decisión país y dejar de tratar de ganar capital político, ni lograrán poner de acuerdo a todos los sectores, ni a recibir el aplauso de la población, pues a pesar de que mayores recaudaciones deberían servir para dar mejores servicios públicos especialmente para beneficio de los más vulnerables, lo que esta teme es que cualquier reforma la va a golpear.
Llegó el momento de que las autoridades tomen responsablemente las decisiones que entienden el país requiere pensando en lo que conviene a la mayoría, que las fundamenten adecuadamente y las expliquen de la mejor manera posible, y solo el tiempo demostrará si fueron las correctas para el desarrollo nacional.
