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FRANCISCO S. CRUZ
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Nada más gráfico y escueto -para medir el talante ético-político de nuestra partidocracia- que observar cómo dos proyectos de ley nos dan una idea de la “voluntad política” cuando está de por medio la defensa del “Honor”, la “Imagen” y “el buen nombre” de nuestros “Honorables” congresistas y cuando esa “voluntad política” entra en pausa o se evapora, bajo múltiples subterfugios, si se trata de legislar sobre procesar, sancionar y recuperar bienes públicos “adquiridos” en el ejercicio de una determinada función pública o, castigar ilícitos de “cuello blanco”. Sobre el primero que “regula” la “protección a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen”, ya sabemos o escuchamos, de su propia autora y auspiciadores, abiertos o solapados, las justificaciones o aportes “doctrinarios”, “jurídicos” y “filosóficos” de esa pieza -pero, ¿qué pobre o ciudadano común, en todo su derecho, recurrirá a un tribunal en búsqueda de resarcir su “buen nombre”, que no sea un político o empresario?-; y sobre el otro proyecto -el de ley de Extinción de Dominio-, nada más basta repetir el cuasi epitafio del legislador presidente de la Comisión Bicameral, Dr. Pedro Catrain, al decir que esa ley viene con “una imagen de bloqueo por parte de sectores políticos y empresariales” (Periódico Hoy, 25 de marzo de 2022).
En ambos casos, se pone de manifiesto el racero ético-político de una parte significativa de nuestra clase política, pues, por un lado, se pretende crear una suerte de freno de opinión o denuncia sobre cualquier figura pública -llámese político, empresario u otra figura de los poderes fácticos- ya que lo que se quiere o infiere, quizás sin quererlo o ser la motivación (¿?), es, en el fondo, la autocensura de prensa y ciudadana y, del otro lado, la impunidad ante el fraude y la “acumulación” rápida de riqueza (corrupción pública-privada) vía ejercicio de una función pública o, a través de actividades ilícitas. Y decimos imponer o pretender autocensura, porque el delito de difamación e injuria está tipificado en nuestra legislación; e incluso, ha tenido ganancia de causa. ¿Para qué, entonces, repetir el ejercicio? La que no tenemos es una ley de Extinción de Dominio -urgentemente necesaria, pero cuidando que no termine, como la ley de Partidos y de Régimen Electoral, sujeta a interpretaciones ambiguas o de lagunas injustificables-. Sin embargo, hay que subrayar que el proyecto sobre ley de Extinción de Dominio lleva más de diez años en el congreso -en una suerte de juego de pimpón de todo el arco iris político (¡sin excepción!)- y el de la defensa del “Honor” de reciente factura, pero de rápida aprobación, con la bendición de las bancadas PRM-FP; quizás haciendo acopio o en coherencia, en vía contraria, con la tesis-libro “El delito de Opinión Pública” del expresidente Leonel Fernández.
Finalmente, no hay duda: tenemos una franja, mayoritaria, de nuestra clase política zorra y diestra en los tejemanejes de los poderes públicos y legislar, subrepticiamente, para beneficio propio y de su otrora financiadores -pues ya, en muchos casos, son ambas cosas: políticos-empresarios-; pero de escasa cultura democrática e institucional. En otras palabras, son demócratas de “boca pa fuera” y defensores de las libertades y bienes públicos “a sigún” convenga. ¿O no?
