Las leyes y otras normativas fueron diseñadas para imponer el orden en las sociedades y limitar las malas acciones de los ciudadanos, apoyados en las consecuencias de violarlas, lo cual, aparentemente, no sucede con la Ley de Tránsito de nuestro país.
Recuerdo que aplaudí la aprobación y puesta en vigencia de esa Ley, por contener los elementos necesarios para restaurar el orden en el tránsito, especialmente en lo relativo a las consecuencias por quebrantarla.
Sin embargo, ahora para algunos el caos en el tránsito, uno de los elementos provocadores de tapones, es por la debilidad de esa legislación, por lo cual proponen su revisión y modificación en lo relativo a endurecer sus sanciones.
Contrario a quienes opinan de esa manera, entiendo que la situación radica en la poca aplicación de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de las herramientas establecidas para sancionar a los infractores en esa legislación.
No debemos buscar un capítulo especial para castigar a los reyes del desorden en la vía pública, como son los motoristas, debido a que la Ley de Tránsito ya lo contiene, pero los agentes de la Digesett se hacen de la vista gorda cuando incurren en infracciones encima de ellos.
Los conductores de vehículos públicos se detienen en cualquier esquina a tomar pasajeros, establecen “sus paradas fijas” en espacio prohibido para esos fines, hablan por el celular mientras conducen y manejan de manera temeraria sin ser sancionados por perpetrar esas infracciones contempladas en la Ley de Tránsito.
Sin embargo, los agentes de la Digesett se muestran muy eficientes para detener y poner multas a los conductores de vehículos privados, y preferiblemente a los de automóviles más modernos, porque, al parecer, actúan como un organismo de recaudación, en vez de control del tránsito terrestre.
La mayoría de los camioneros también transitan por las calles, autopistas y avenidas del país “como chivo sin ley”, con vehículos “con gomas en el tubo” y que despiden humo, lo cual, además del daño causado al medio ambiente, muestra el poco grado de mantenimiento de esas unidades.
Las autoridades de la Digesett, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), deben dedicarse a enseñar a los agentes a hacer cumplir la Ley de Tránsito, en vez de solicitar su modificación, para ordenar la circulación de vehículos y reducir las muertes por accidentes de tránsito, ascendentes a 3,114 en 2024, por el bien común.