El Congreso Nacional ha dejado este año pendiente el conocimiento de la modificación de varias leyes, incluida la de Seguridad Social 87-01, principalmente en lo relativo a las pensiones.
Estamos a la espera, desde hace años, que los intereses de los trabajadores superen a los que se mueven alrededor de esa ley, cuyos intentos de modificación se han diluido sin razones aparentes, o, quizás, sustentados en los más de un billón 375 mil millones acumulados en los fondos de pensiones.
Si el Congreso no hace los cambios necesarios, esa legislación en lo relativo a las pensiones, no cumpliría con el mayor fin de la parte de esa iniciativa puesta en vigencia en junio del 2003, como es la de garantizar un retiro digno a los trabajadores.
Resulta injusto que un trabajador se retire por vejez, a la hora de cumplir 30 años de servicio, 60 años de edad y acumular 360 cuotas, con una pírrica pensión del alrededor del 30% de su salario. Imagínese si su salario promedia RD$30,000, su pensión sería de unos RD$10,000 mensuales, y, para colmo, le sea quitado el seguro médico privado, cuando la edad se empecina en golpear el cuerpo con diferentes enfermedades y “achaques”.
A otros les puede ir peor en relación con quienes cumplan los requisitos establecidos para un retiro con una pensión por vejez normal. Esos son quienes tengan una cantidad de dinero ahorrado en el fondo de pensiones, no hayan acumulado las 360 cuotas y no tuvieran más de 44 años cuando fue puesta en vigencia la Ley de la Seguridad Social.
Los ciudadanos que estén en esas condiciones, si quieren retirarse a los 60 años, deberán conformarse con una pensión de salarios mínimos o una “vitalicia”, mediante una negociación con una aseguradora, que se convertirá en propietaria de los recursos, incluyendo su futura rentabilidad.
Eso es injusto. Lo ideal sería devolver la totalidad de su ahorro al trabajador de una sola vez, cuando cumpla 60 años, para que lo invierte o haga otra cosa más favorable con su dinero.
Los actuales legisladores deben “casarse con la gloria” y producir las reformas anheladas de la Ley de Seguridad Social, especialmente quienes se comprometieron a hacerlo durante la campaña electoral, por el bien común.
