Confieso que no conocía esta obra de la autoría de Loïc Wacquant que, por recomendación del amigo Félix Olivares, he comenzado a leer.Se trata de una síntesis de un nutrido grupo de estudios del propio autor.
Wacquant, es un sociólogo francés que ha realizado bastas investigaciones en universidades norteamericanas.
En el libro se analiza, con datos sustentados en unos 40 estudios de casos de varios países, el proceso de constitución de claro modelo de “Estado penal” que persigue la gestión judicial y carcelaria de la pobreza.
El autor deja claro que no se trata de un asunto de administración carcelaria sino de una compleja política sancionadora que sustituye cualquier intento de instauración del Estado social. Se trata, entonces, de la estructuración de un aparato que impulsa una gestión punitiva de la inseguridad laboral.
Se afirma que la persecución penal va dirigida, especialmente, contra determinados segmentos socialmente marginados, como son jovenes e inmigrantes. Según Wacquant, las probabilidades de una detención son mayores en personas que carecen de trabajo seguro. La obra presagia la llegada de un nuevo modelo de inseguridad social en el que se “unirán la mano invisible del mercado laboral desregulado con el puño de hierro de un aparato punitivo invasor y omnipresente”.
El estudio también revela que, alrededor del sistema penitenciario, se ha estructurado una economía penal que incluye la subcontratación lucrativa de un conjunto de los más diversos servicios privados para el creciente sistema penal.
La evidente tensión existente entre “ley y orden” que ha transformado el debate y las políticas públicas acerca del delito y su sanción se encuentra latente en la obra de Wacquant.
No menos importante es el análisis crítico que se hace en la obra sobre el denominado programa “Tolerancia Cero” instaurado en New York hace algunos años que implicó el hiperencarcelamiento como particular política contra la pobreza.
Esta interesante obra constituye un instrumento imprescindible. Consulta obligada para cualquiera que pretenda diseñar un modelo adecuado de seguridad ciudadana. Eficiente contra el delito pero respetuoso de los derechos fundamentales.
