La frase no es mía. La he tomado prestada del gran economista británico Alfred Marshall, quien la utilizó al cierre de sus palabras en una Conferencia dada en Bristol en 1879, en la cual analizó el valor del agua como elemento integrante de la riqueza nacional de Inglaterra. Quienes encuentren la prosa del economista británico pesada o aburrida, pueden obviar la lectura de la conferencia de Marshall y emigrar a las imágenes y textos que, Domingo Marte y el Banco Popular, nos regalan en Ríos Dominicanos: Redes de Vida.
Los humanos somos realmente extraños. Nos asombramos y erizamos cuando leemos alguna noticia de la NASA informando que, en algún planeta o satélite, localizado en determinada galaxia del Universo, hay indicaciones de que podría existir agua. Inmediatamente, nuestras neuronas, por alguna razón, se ponen de acuerdo para indicarnos que ese anuncio, apuntaría a la posibilidad de vida en algún otro lugar del Universo.
En lo que aparece agua en algún otro lugar, los terrícolas tenemos el monopolio del recurso que posibilita la vida. Es posible que, por haber nacido en este privilegiado planeta, no hayamos realmente valorado en su justa dimensión, la magnitud del recurso valioso que hemos recibido y la necesidad que tenemos todos de protegerlo, cuidarlo y preservarlo.
El 25 de enero del 2012, cuando se promulgó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, uno de los objetivos específicos plasmados en el Cuarto Eje de la Estrategia fue el de “gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica”. Allí se estableció como línea de acción “desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos”. La creación de este marco legal e institucional para garantizar la gestión sostenible y eficiente de ese valioso recurso, requiere la aprobación de una Ley de Agua de la República Dominicana. La presente administración, bajo la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ha revisado un proyecto de Ley de Aguas sometido hace unos años al Congreso Nacional y presentado al país una propuesta de Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua: 2021-2036, la cual constituye una base fundamental para que la Nación, representada en el Congreso Nacional por los legisladores de nuestros partidos políticos, doten al país del marco legal e institucional que necesitamos para la gestión sostenible y eficiente de este escaso recurso renovable.
El valor del agua, como reflejan las frases de Marshall y Marte, no admite que los intereses particulares atenten contra la preservación y sostenibilidad de este recurso. No nos engañemos. Como nación, podemos enorgullecernos de los progresos económicos y sociales que hemos acumulado en las últimas seis décadas. En la asignatura denominada gestión de nuestros recursos hídricos, los indicadores internacionales reflejan que la calificación es similar a la que hemos obtenido en la prueba PISA de rendimiento educativo que administra la OECD.
Si observamos las estimaciones del nivel de estrés hídrico (disposición de agua dulce como porcentaje de los recursos de agua dulce disponibles) realizadas por la FAO para los países de la región, encontramos que tenemos el segundo nivel de estrés hídrico más elevado de la región, con 39.55%; solo México, con 44.71%, tiene un mayor estrés. Sorprendentemente, Haití tiene un estrés de 13.38%, más bajo que el nuestro.
Si este indicador no es suficiente para llamar la atención a nuestros legisladores sobre la necesidad urgente de dotar al país de un Código o Ley de Agua, dirijamos la mirada a otro indicador: la evolución de los recursos renovables nacionales de agua dulce, medidos en metros cúbicos por habitante, para el período 1961-2019, elaborado por el Banco Mundial. En 1961, República Dominicana tenía 6,895 metros cúbicos de agua dulce por habitante. En el 2019, el indicador había bajado a 2,160. Es cierto que este indicador, a medida que aumenta la población, tiene una tendencia natural a la baja. Por eso observamos que en las demás islas del Caribe (Cuba, Jamaica, Puerto Rico) y en el vecino Haití, el indicador también exhibe esta tendencia. Sin embargo, lo que más preocupa es que la baja en este indicador es más pronunciada en República Dominicana que en el resto de las Antillas Mayores. En los últimos 58 años, según las estimaciones del Banco Mundial, la disponibilidad de agua dulce por habitante en nuestro país se ha reducido en 67.6%, una caída mucho más pronunciada que el 24.9% de Puerto Rico, 34.4% de Cuba, 40.9% de Jamaica e, incluso, el 64.4% de Haití.
Los legisladores que han recibido la delegación del pueblo para dotar al país de los marcos legales e institucionales que permitan a la nación continuar progresando económica y socialmente de manera sostenible, deben pensar en el país que quieren dejar no sólo a sus hijos y nietos sino también, a los hijos y nietos de quienes, con su voto, confiaron en ellos para cumplir el mandato que la Constitución les ha conferido a ellos.
