En entregas anteriores se han tratado diversos factores que contribuyen al crecimiento de hechos delictivos, mientras la ciudadanía demanda, constantemente, mayor seguridad.
El Estado, por su parte, se revela hasta cierto punto débil frente al incremento sostenido del delito, amén del divorcio que existe entre los mecanismos de control y el diseño de políticas públicas acertadas.
De ahí que debería ser propicio que se promuevan iniciativas que incluyan la utilización de herramientas que no dependan, exclusivamente del Estado y que permitan superar las limitantes existentes.
El involucramiento de la sociedad civil que, con cada vez mayor frecuencia incide en la toma de decisiones, es muy importante en la búsqueda de una apropiada solución.
No en vano, desde hace varias décadas, se viene hablando sobre temas como justicia comunitaria y policía comunitaria que han sido ejes de algunas iniciativas de seguridad en el pasado reciente.
En este contexto, la participación de la ciudadanía, se enfocaría en estrategias de prevención del delito mediante el diseño e implementación de programas sociales. Así, por ejemplo, labores con grupos considerados en riesgo, trabajos en favor de barrios marginados y sistemas tendentes a disminuir la violencia doméstica y en las escuelas.
La estrategia preventiva implica, en resumen, propiciar soluciones focalizadas en los factores que causen la inseguridad.
En procura de este objetivo podría, por ejemplo, jugar un papel muy importante el desarrollo y/o refundación de clubes deportivos y culturales que propicien o alienten la disminución del tiempo ocioso y que coadyuven al incremento de la conciencia ciudadana y de la solidaridad humana.
Ni decir la importancia que deberían jugar las iglesias y sus diversos ministerios como entes cercanos a las comunidades y cuyo trabajo suele ser más próximo a los sectores, verdaderamente, impactados por la violencia y con mayor propensión al fomento de conductas que contribuyen al incremento de la inseguridad.
Tanto los políticos, en su condición de encargados de trazar las políticas sociales, como los distintos actores del sistema penal de justicia deben ser conscientes de que ningún plan de seguridad ciudadana será exitoso sin el debido involucramiento de la sociedad civil y de sus diversos actores, quienes deberían hacer igual conciencia de ello.
El trabajo conjunto y comprometido de gobernantes y gobernados pondrá sin dudas las cosas en su justo lugar y ayudará a la restauración de la paz y tranquilidad esperada por todos.
