Hace diez años, AstraZeneca fue multada con US$520 millones por el Gobierno de EE.UU. Con esa penalidad resolvió los cargos presentados por las autoridades federales por comercializar ilegalmente y para usos no aprobados por la FDA, Seroquel, un fármaco antipsicótico para niños y pacientes ancianos. A la farmacéutica se le permitió seguir operando sin restricciones en el mercado. A pesar de esa práctica ilegal en que incurrió la empresa en el 2010, nadie ha mostrado oposición a la decisión correcta del Gobierno dominicano de integrarse al grupo de países de la región que comprará a AstraZeneca su vacuna contra el Covid-19 y que permitirá, con una inversión de US$40 millones, vacunar a 5 millones de dominicanos.
Casos similares han ocurrido con otras farmacéuticas que hoy desarrollan vacunas contra el Covid-19. Pfizer, acordó con los fiscales federales pagar US$2.3 billones por promocionar incorrectamente medicamentos y pagar sobornos a médicos para promover sus medicamentos. Johnson & Johnson aceptó pagar US$8 billones en daños punitivos por no advertir que un fármaco psiquiátrico podría provocar el crecimiento del tejido mamario femenino en los hombres, y US$465 millones por haber minimizado intencionalmente los peligros y exagerado los beneficios de los opioides. GlaxoSmithKline, US$3 billones, por promover sus antidepresivos más demandados para usos no aprobados; no informar datos de seguridad sobre un medicamento para la diabetes de primer nivel; y comercializar indebidamente media docena de otros medicamentos. Merck Sharp & Dohme se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) de la promoción ilegal de Vioxx y pagó US$950 millones en multas y sanciones. ¿Acaso RD ha dejado de importar medicamentos de estas empresas que en algún momento incurrieron en prácticas ilegales?
En el 2008, Siemens, una de las empresas de ingeniería eléctrica más grande del mundo, fue acusada de participar en un colosal escándalo de corrupción que incluyó el pago de más de US$1,400 millones de sobornos a funcionarios públicos en Asia, África, Europa, el Medio Oriente y en las Américas. Siemens acordó pagar US$1.6 billones en multas, sanciones y devolución de beneficios, incluyendo US$800 millones al Gobierno de EE.UU.
Luego de aceptar los cargos y comprometerse al pago de las multas y sanciones, a Siemens se le permitió seguir operando. Gracias a Dios, nadie en el país objetó que esta multinacional alemana fuese la responsable de realizar los trabajos de conversión a gas natural de las tres unidades de CESPM, lo que se traducirá en un aumento de la generación de electricidad a menor costo y con menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Alstom, el gigante industrial francés, fue obligado a pagar US$772 millones, luego de comprobarse que había pagado sobornos a funcionarios públicos en Indonesia, Arabia Saudita, Egipto, Taiwán y Bahamas, para agenciarse contratos de infraestructura eléctrica a principios de la década de 2000. La empresa reconoció los cargos. Nadie planteó el cierre de la empresa ni vetó que la misma pudiese continuar operando y participando en licitaciones de proyectos alrededor del mundo. ¿Se rasgó alguien las vestiduras cuando el Gobierno tomó la decisión de seleccionar a Alstom para la construcción de los vagones del Metro de Santo Domingo?
¿Está prohibida la importación en nuestro país de vehículos producidos por Volkswagen, Daimler y General Motors? Creemos que no y es bueno, para promover la competencia, que así sea. La primera fue obligada a pagar multas por US$14.6 billones por haber instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015; la segunda, US$1.5 billones para cerrar una disputa con el gobierno de EE. UU. por supuestamente haber instalado softwares para evadir las leyes de emisiones en 250 mil vehículos Mercedes; y la tercera, US$900 millones por ocultar un defecto fatal en el interruptor de encendido que provocó al menos 174 muertes.
¿Prohibiremos aquí el uso del Iphone y de la MacBook? Este año, Apple fue multada con US$1.2 billones por el Gobierno de Francia, por haber llegado a un acuerdo con dos distribuidores franceses para que estos no competiesen en precios ni distribución. Si tomamos esa decisión, tendremos que prohibir el uso de Google, multada con US$3.0 billones; la compra de semiconductores y softwares, tecnología “wireless” de Qualcomm, multada con US$975 millones; y la adquisición de equipos y softwares de Microsoft, multada con US$899 millones, por prácticas ilegales para violar la competencia.
República Dominicana ha colocado más de US$23,000 millones en bonos globales durante el período 2001-2020. Para distribuirlos, el Gobierno ha contratado los servicios de los mejores bancos de inversión del mundo: JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley y UBS. La realidad es que el país no habría podido elegir mejores bancos. Gracias a Dios, no han aparecido fundamentalistas anti-WS que, a través de las redes sociales, prohíban al Ministerio de Hacienda contratar bancos de inversión global que hayan sido multados por haber incurrido en prácticas ilegales y poco transparentes en los últimos 11 años. Antes de que termine el 2020, el total de las multas impuestas por los reguladores estadounidenses y europeos a la banca global ascenderá a US$400 billones, 5 veces nuestro PIB. En el caso de los bancos que han liderado las colocaciones de nuestros bonos globales, las multas alcanzan US$200 billones. Todos los bancos multados por prácticas incorrectas u opacas, han seguido operando. En ninguna geografía se les ha impedido seguir ofreciendo sus servicios. Si la inquisición hubiese capturado a Hacienda y la hubiese forzado a satanizar a los bancos multados, hoy tuviésemos una hiperinflación y devastación económica sin precedentes.
Cuando las empresas incurren en prácticas ilícitas, opacas, o incorrectas, los gobiernos de los países desarrollados las multan, pero les permiten seguir operando. En otras geografías intelectual y económicamente rezagadas, algunos parecen sentir placer cerrando o destruyendo empresas, no el sentido “schumpeteriano” de la destrucción creadora, sino en el sentido “osoriano” de la devastación empobrecedora.
Todo lo anterior nos trae al caso de la empresa brasileña Odebrecht. La empresa llegó a un acuerdo con el DOJ, acordó pagar multas por US$2.6 billones y establecer protocolos estrictos para operar con total transparencia. Ha cumplido y la semana pasada el DOJ dispuso el cierre del monitoreo externo independiente que mantenía sobre la misma desde febrero del 2017, al certificar que el sistema de conformidad de la empresa, incluyendo sus políticas y procedimientos, está diseñado e implementado para prevenir y detectar potenciales violaciones de las leyes anticorrupción.
Lamentablemente, en nuestra geografía, parecería que “lo que digan las redes sociales es lo que va”. El Gobierno tiene en sus cuentas por cobrar US$124 millones de multas que la empresa debe del acuerdo de US$184 millones anunciado en enero del 2017. No entendemos cómo la cancelación de los contratos que tiene la empresa con el MOPC, elevaría la probabilidad de cobro del balance pendiente. Todo lo contrario. Un laudo arbitral desfavorable al Gobierno, resultado típico cuando los gobiernos desconocen contratos vigentes, podría no sólo impedir el cobro de las multas pendientes sino también, obligar al gobierno a pagar indemnizaciones y sanciones millonarias.
Luego del acuerdo de lenidad que Odebrecht firmó con el DOJ en diciembre del 2016, la empresa ha logrado ganar licitaciones para ejecutar 19 obras de infraestructura en Brasil, EE. UU., Panamá y Perú. Si el DOJ ha reconocido que la empresa ha estado honrando la transparencia a la que se comprometió, ¿por qué algunos consideran conveniente para el país, impedir a la mejor empresa extranjera de ingeniería de construcción de la región que ha trabajado en nuestra geografía, operar en el país y participar en licitaciones públicas internacionales? Si a Odebrecht se le permitiese ejecutar sus contratos y seguir operando en el país, el Gobierno podría cobrar las multas pendientes, contar con un competidor global en las licitaciones y garantizar que el país reciba obras de infraestructura física de clase mundial.
El perdón y la reconciliación lo encontramos en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero también en el Catecismo de la Iglesia católica. Perdemos cuando optamos por el rechazo y la destrucción de empresas valiosas soportadas por decenas de miles de latinoamericanos altamente calificados. Imitemos la política de “multar sin destruir” de los gobiernos del Occidente desarrollado. Eso es lo sensato.
