La primera línea del comunicado de Amnistía Internacional, enviado a la prensa en marzo, expresa: “la policía en la República Dominicana viola, golpea, humilla y agrede verbalmente, y de manera rutinaria” a mujeres, y demás personas que participan en lo que la organización denomina ‘trabajo sexual’. Leyendo ese comunicado, cualquiera pensaría que a Amnistía Internacional le preocupa este tema. Pero no. Sólo buscaban matar dos pájaros de un tiro: primero, meter presión para que se apruebe un Proyecto de Ley de Autoidentificación del Sexo (nombre político Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación) y segundo, sus intereses como promotores del proxenetismo.
Las implicaciones del citado anteproyecto no han sido siquiera debatidas con el pueblo dominicano. Pero es que Amnistía es adepta a circunvenir los procesos democráticos, para imponer políticas públicas de efectividad cuestionable, sí o sí.
En agosto del 2015, Amnistía conmocionó al mundo al declarar que “luego de una extensa consulta con nuestra membresía”, promovería la descriminalización total de la prostitución, incluyendo tanto a los clientes prostituidores, como a los proxenetas. En esta consulta solo participó el 40% de su membresía, pues la mayoría desconocía la iniciativa. Las voces disidentes opuestas a esta imposición, como la Dra. Marcia R. Lieberman, quien fue coordinadora de Amnistía Internacional en Rhode Island (EEUU) desde el año 1983, fueron expulsadas.
Amnistía tampoco le comentó a su membresía que su política a favor del ‘trabajo sexual’ fue redactada originalmente por un proxeneta británico llamado Douglas Fox en el año 2008. En su burdel se practica la compraventa de mujeres, pero recordemos que, bajo la conceptualización del ‘trabajo sexual’, un proxeneta es un empleador y un traficante es un trasportista. Es por eso que Fox, dueño de uno de los burdeles más grande de Inglaterra, puede considerarse a sí mismo ‘trabajador sexual’ y colaborar con Amnistía Internacional como persona marginalizada.
Este tipo de jueguitos macabros hace que Amnistía Internacional se esté quedando sola. Cada vez más países alrededor del mundo comprenden que la compraventa de mujeres podrá generar ingresos billonarios al producto interno bruto nacional, pero jamás igualdad.
En España, el próximo manifiesto del PSOE rezará: “La prostitución, de la que nos hemos declarado abolicionistas, es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres”.
El 1ro. de enero del año 2020 traerá consigo la clausura del famoso barrio rojo de Ámsterdam, en Holanda, donde se venden muchachas inmigrantes en vitrinas con luces de neón, al considerase “una falta de respeto”. Yo argumentaría que es una falta de respeto mayor que desde que se aprobó la prostitución en Holanda, cada año los clientes prostituidores han asesinado a una mujer detrás de esas vitrinas tan vistosas, pero eso no lo citan los brochures turísticos…
Quizás por eso Holanda se prepara legislativamente para revertir su espaldarazo a la industria prostituyente. Israel ya lo hizo el pasado 31 de diciembre. Francia lidera mundialmente la lucha abolicionista, al aprobar en abril del 2016 la ley contra la compraventa de mujeres más avanzada del mundo.
Paradójicamente el reporte de Amnistía Internacional sobre la prostitución en la República Dominicana alega que ésta es una manera de obtener independencia económica y flexibilidad laboral. Pregunta: ¿para quién? En los países que adoptan las políticas prostituyentes promovidas por Amnistía, se asesinan más mujeres y personas prostituidas que aquí. Si estos son los defensores de derechos humanos, queda claro que esto es un show de apaga y vámonos. ¿Quién se cree Amnistía para tratar a la República Dominicana como un vertedero internacional de políticas públicas fallidas? ¿Qué buscan sectores de la sociedad civil y el Poder Ejecutivo celebrando semejante desfachatez?
