La observación electoral internacional en Venezuela

La Democracia se ha constituido desde su concepción a nivel mundial como el modelo ideal, por lo cual los pueblos del mundo deberían de regir las actividades políticas, económicas, y sociales de sus habitantes. Si consideramos que la Democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos del mundo, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad.

Las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la soberanía, que pertenece al pueblo de un país, la libre expresión de cuya voluntad constituye la base de la autoridad y la legitimidad del gobierno.
La Observación Internacional de Elecciones expresa el interés de la comunidad internacional en el logro de elecciones democráticas, como parte del desarrollo de la democracia, que comprende el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley.

La observación electoral suele definirse como la búsqueda sistemática de información sobre un proceso electoral, con el propósito de llegar a una adecuada evaluación de este sobre la base de la información recogida, la cual tiene como objetivo más usual: “La legitimación de un proceso electoral”. El propósito de la evaluación que se realiza en una Observación Electoral Internacional es el de llegar a una conclusión sobre el grado en el cual el proceso puede considerarse como “libre y equitativo”, para usar uno de los conceptos más frecuentes en materia de observación electoral internacional.

La observación internacional en procesos reciente, como el realizado el pasado 28 de julio en la hermana República Bolivariana de Venezuela, es útil para desarrollar confianza y asegurar la participación en el proceso de los partidos de oposición, los cuales, confían en que la observación limitará las posibilidades de fraude. Este argumento es válido, pero, frecuentemente bajo unas premisas utópicas, sobre todo en el caso de misiones de observación de dimensiones reducidas. Sólo las misiones de largo plazo, con adecuados recursos, tienen una posibilidad efectiva de tener impacto sobre eventuales fraudes y manipulaciones.

La autoridad y credibilidad de la misión de observación electoral internacional depende de la imparcialidad e independencia que exhiban los observadores durante el cumplimiento de sus funciones. Es por ello que las opiniones personales de los observadores no deben interferir con la imparcialidad e independencia del trabajo de la misión en todo momento.

La Misión de Observación Electoral no sustituye a ninguno de los actores nacionales del proceso electoral. La responsabilidad final por el desarrollo del proceso electoral recae en las instituciones, los partidos y las organizaciones del país. A los observadores no les compete aprobar, desaprobar o corregir las decisiones y/o acciones del tribunal electoral; reemplazar y/o cuestionar a los fiscales de los partidos políticos y/o incrementar los recursos humanos y/o materiales de ninguno de los participantes del proceso.

El cumplimiento de la observación electoral internacional supone el pleno respeto a la Constitución y las leyes de la nación. Los observadores están sujetos en todo momento a las normas y regulaciones del país.
Sobre todo, la mejor prueba de que un proceso electoral se ha llevado a cabo sin fraude o manipulación es el triunfo de la oposición, aspiracional de muchos para Venezuela; sin embargo, esa no es la responsabilidad de una Misión de Observación Electoral, ni de sus observadores, los cuales se encuentran limitados de actuaciones más allá de la de observar.