La migración, otra arista de la crisis venezolana

La crisis venezolana entra en una etapa de indefinición, por las posiciones radicalizadas que mantienen los dos sectores políticos enfrentados, haciendo inviable el diálogo y la concertación.

El chavismo, como en otras ocasiones, apuesta por el desgaste del tema, una estrategia que le ha sido útil en el pasado; y la oposición actúa como fuerza de choque, intentando mantener encendido el espíritu de lucha en sus adeptos y el discurso de la comunidad internacional. Las protestas masivas que fueron realizadas el sábado 17 de agosto en distintos países, entre ellos, la República Dominicana, debemos observarla bajo esta premisa.

De este panorama tempestuoso se desprenden otras aristas, siendo la migración irregular venezolana la que generaría más inquietud en el corto plazo, si la misma continúa registrando el flujo que viene exhibiendo o se dispara a niveles insospechados, hasta convertirse en una problemática política, de seguridad pública y de otras índoles para las naciones que sirven como una especie de corredor humanitario no establecido y las que finalmente son receptoras de este éxodo.

Para que se tenga una idea del alcance del fenómeno migratorio venezolano, el último reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés), estableció que hasta junio de 2024, hay más de 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el mundo; más de un 1,2 millones de solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo; y más de 347 mil personas de Venezuela reconocidas como refugiadas.

Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil son los países que reciben más refugiados de Venezuela. El Tapón del Darién, localizado entre Colombia y Panamá, se ha convertido en una de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas del mundo, por los riesgos que entraña en sí una zona selvática y las mafias que se establecen para el trasiego de indocumentados y otros ilícitos.

Es un trayecto clave para quienes deciden migrar desde Suramérica hacia Estados Unidos. No es casualidad que los presidentes de Colombia, Brasil y Panamá se mantengan abordando la crisis política venezolana, sugiriendo soluciones, porque es la vía más factible para frenar esta migración descontrolada.

Por lo pronto, las autoridades panameñas han dispuesto el cierre de trochas, porque está la palabra empeñada del presidente José Raúl Mulino, quien durante la campaña electoral y el acto de investidura prometió frenar la migración irregular, por su costo económico y social, mientras que Estados Unidos se comprometió mediante la firma de un convenio a cubrir el gasto de la repatriación de migrantes ilegales a través del Darién.

El cierre de trochas no necesariamente frena la migración ilegal, sino que aumenta el riesgo para los migrantes por la utilización de nuevas rutas improvisadas y el incremento del costo del traslado por parte de los traficantes.

De su lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció a inicios de agosto de este 2024, la suspensión temporal de parole humanitario que facilita el ingreso legal a ese territorio de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, para revisarlo por posibles casos de fraude.

Esto irremediablemente provocará un taponamiento en países como México, pudiendo aumentar las tensiones entre países, pues en situaciones de crisis se antepone el interés nacional, sirviendo de muro de contención ante las presiones que surgirían de la comunidad internacional.