Son muchas las tareas pendientes en nuestro país y demasiados los obstáculos para lograrlas, porque generalmente detrás de cada problema hay un negocio, una telaraña de incumplimientos con la ley y hasta de delitos, una madeja de intereses, y ha sido más fácil y conveniente históricamente para las autoridades hacerse de la vista gorda o darles la vuelta con supuestas soluciones, que solo los engordan.
Durante años utilizamos mano de obra haitiana para la industria azucarera que aunque supuestamente de tránsito fue permaneciendo aquí, y desde hace décadas dejamos penetrar a nuestro país inmigrantes haitianos que venían en busca de oportunidades por los problemas políticos y económicos de su país, y esto se produjo por la falta de responsabilidad de las autoridades, la complicidad de las fuerzas del orden que estaban llamadas a cuidar nuestra frontera, la avaricia de muchos que hicieron de la trata de personas su negocio mientras otros por lucro se hicieron los ciegos ante el delito negociando con ellos, de los sectores que a sabiendas de que estaban haciendo algo reñido con la ley centraron sus actividades en la contratación de una mano de obra ilegal barata, bajo el pretexto de que los dominicanos no quieren realizar esos trabajos, sin pensar en las consecuencias que esa espiral acarrearía.
La Ley de Migración 285-04 se aprobó justo antes de terminar el mandato de Hipólito Mejía, y el decreto 613-11 contentivo de su reglamento de aplicación se postergó durante años para dictarlo luego de la aprobación de la nueva Constitución del año 2010 impulsada por Leonel Fernández, la cual cubrió el vacío que tenía la anterior de simplemente hacer excepción a la nacionalidad dominicana por nacimiento en nuestro territorio “de los que están de tránsito en él”, estableciendo expresamente que no son nacionales dominicanos los hijos de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano, y que la definición de extranjero en tránsito la darán las leyes dominicanas, lo que de forma antijurídica se decidió aplicar retroactivamente por efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Ni años de falta de regulación se podían borrar de un plumazo, ni la limitación de adquisición de la nacionalidad era suficiente para resolver el problema y frenar la inmigración, acrecentada al mismo ritmo en que la situación del país vecino se deterioraba y la expansión económica del nuestro incorporaba mano de obra haitiana en sectores en los que antes no incursionaban. Sin embargo, en paralelo crecía el rechazo a esta inmigración entre otras razones por motivos históricos, y mientras algunos asociaban ser patriota con su rechazo, se fue acrecentando la doble moral de muchos que rechazan la inmigración enarbolando la dominicanidad, pero tienen sus haitianos favoritos que les sirven directa o indirectamente.
En esta civilización del espectáculo en la que los egos se alimentan de seguidores, la vanidad se exacerba, el contenido y la calidad se reducen, los oportunistas que buscan minutos de fama se multiplican y se aprovechan de cuanto tenga un impacto mediático, pues la audiencia cautiva que vive frente a las pantallas escasea de racionalidad y toma por verdad cualquier expresión sin validar la fuente ni cuestionar la información, mientras las redes sociales transmiten en tiempo real los hechos, pero también las más abyectas expresiones o actitudes, y convierten a fuerza de algoritmos a villanos en héroes, a héroes en villanos, a mentiras en verdades.
La mejor manera de demostrar amor por nuestro país es ponerse al servicio de sus mejores causas, pero para aportar no para sonar, para sumar no para restar, colocando por encima de las convicciones y ambiciones personales y del beneficio político el deber de cuidarlo siempre. Cada ciudadano tiene el deber de hacerlo, y más aún aquellos que por las funciones que ostentan, el rol que desempeñan como líderes de partidos políticos, o por la influencia que tengan como opinadores, pues de sus acciones y expresiones depende que las cosas se hagan bien, o puedan salir muy mal. Es hora de analizar realidades, entender necesidades, de asumir sacrificios para poner límites a una ilegalidad que ha sido rentable, de corregir y de actuar con cautela y respeto de la ley, de tomar decisiones de Estado alejadas del temor a perder simpatías, pero eso solo podemos lograrlo actuando unidos por un mismo interés, porque la República Dominicana es de todos, y el mejor servicio que podemos brindarle es dejar de lado la demagogia y ponernos de acuerdo para hacer lo que debe hacerse, y hacerlo bien.