Desde que el gobierno anunció que comenzaría a repatriar 10,000 inmigrantes ilegales haitianos por semana, muchos productores agropecuarios y compañías del área de la construcción comenzaron a preocuparse, y no es para menos, porque la mayoría de los trabajadores que operan en estas y otras áreas, regularmente, provienen del vecino país.
Las leyes dominicanas permiten la contratación de mano de obra extranjera amparada en la famosa cuota 80/20. 80% mano de obra local y 20% extranjera en las actividades económicas y productivas, la cual nunca se cumple, por la sencilla razón de que al dominicano no le interesa trabajar en el campo, ni en la construcción, pero tampoco en empresas de servicios.
El cumplimiento a esta cuota limita a productores y empresarios a organizar el personal contratado usando plantillas, pues quedaría en evidencia la violación a la misma. Sin embargo, cumplen con los pagos de salarios establecidos en las leyes y con la TSS.
En los últimos años, el sector hotelero también ha optado por auxiliarse con mano de obra haitiana, específicamente, contratando personal de ambos sexos para el desempeño de diversas actividades, sobre todo en la zona Este, por donde entra la mayor cantidad de turistas al país.
Y si echamos un vistazo al sector agropecuario casi el 100% de los trabajadores son de nacionalidad haitiana, y qué decir del sector de la construcción, el cual ha tenido un crecimiento sostenido a través de importantes infraestructuras para viviendas, hoteles y grandes plazas comerciales en todo el país. En esas construcciones no se ve a un dominicano pegar un block.
Las permanentes crisis políticas, explosiones sociales y quiebras económicas por la que atraviesa Haití desde los Duvalier hasta la fecha, han provocado durante las últimas cuatro o cinco décadas un éxodo migratorio hacia nuestro territorio en busca de mejor calidad de vida.
Mientras que por el lado dominicano es cada vez mayor la demanda de mano de obra que garantice en primer lugar la producción de alimentos a más de 24 millones de habitantes, contando a los turistas que nos visitan y a los haitianos que viven en nuestro territorio, así como para las exportaciones.
El gobierno dominicano, por su parte, tiene un gran reto con el tema haitiano y ha comenzado a realizar repatriaciones de ilegales de forma inapropiada, como casi siempre ocurre, afectando a sectores muy sensibles e importantes como son los que sostienen la economía.
Es bueno resaltar que las barridas comienzan siempre por los campos agrícolas y el sector de la construcción por la concentración que hay. Muchos trabajadores enfrentan el dilema de ser repatriados por estar desprovistos de documentación o tener vencidos sus permisos.
En la última semana, como en múltiples ocasiones, personal de Migración está penetrando en esos lugares, muchas veces sin el permiso previo, e irrumpen los procesos de producción cargando a los camiones a gran parte de los trabajadores, lo que conlleva gastos y tardanza a los productores.
Lo más factible para el gobierno es continuar la regularización de mano de obra extranjera, un tema muy diferente a la migración masiva de ilegales, a la que sí debe hacer frente.
