La inflacion se traga los salarios

Cuando el río suena es porque agua trae, dicen nuestros campesinos para vaticinar que se aproxima una crecida, y ese dicho popular es utilizado por nuestro pueblo para significar que los tiempos que se viven presagian tormentas futuras que es recomendable evitar.

En ese contexto debe ser interpretada la declaración ofrecida por el CONEP (la cúpula empresarial) cuando en declaraciones de hace apenas unas horas recomienda a las empresas aumentar el salario de los trabajadores. No es usual que el sector empleador demande a sus miembros incrementar los salarios; por el contrario, cuando las organizaciones sindicales lo reclaman se resisten a acudir al Comité Nacional de Salarios y cuando finalmente lo hacen es para retardar la decisión.

Desde luego, el llamado empresarial es para una acción voluntaria, diferente a la resolución vinculante de las autoridades administrativas del trabajo, pero llama la atención de que no solo piden en su llamado el aumento del salario mínimo de ley, sino también de toda la escala salarial.

Es comprensible suponer que el CONEP en sus indagaciones de la situación nacional haya escuchado el ruido que anuncia el crecimiento del río, y ese sonido no es otro que el malestar que se ha apoderado de los trabajadores porque cada día que pasa sus salarios alcanzan menos para adquirir los productos básicos de la canasta familiar.

En efecto, en el año de 2020 el índice de precios al consumidor casi rozó el diez por ciento y lo mismo sucedió en el 2021, y en lo que va del año ya alcanza casi un cinco por ciento, lo que en buen castellano se traduce en una inflación que hoy alcanza un veinticinco por ciento, algo que no sucedía desde 2003 cuando quebraron tres de los principales bancos del país. Aunque en el año 2021 hubo un aumento del salario mínimo de ley que, según las declaraciones del gobierno fue de veinticuatro por ciento en promedio, en la realidad alcanzó apenas un diez por ciento, conforme a los estudios realizados por economistas que sirven al sector empleador, razón por la cual, se convirtió en aguas de borraja.

En otras palabras, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado y la caída ha sido dramática. José Luis de Ramón, un reputado economista, quien ha servido de consejero de varias empresas, ha manifestado que desde el último aumento del salario mínimo la canasta familiar se ha incrementado entre un quince y un veinte por ciento, y recomienda que este sea el monto a recuperar. Sus palabras muestran que el salario real ha disminuido y que en la actualidad no alcanza siquiera para mal vivir, de ahí el disgusto generalizado que se siente en la población y el grito de las amas de casas cuando acuden a colmados y supermercados.

Ahora bien, una sencilla petición a la conciencia empresarial, por más loable que sea no se traducirá necesariamente en el aumento necesario y esperado. Unas empresas, especialmente las más grandes lo harán, pero otras se mantendrán sin dar una respuesta favorable, lo que motiva a las centrales sindicales a reclamar que se convoque de inmediato al Comité Nacional del Salario.

Se podrá argüir que conforme al Código de Trabajo las tarifas de salario mínimo se fijan por lo menos cada dos años, y que la última aún no los ha cumplido, pero el mismo texto de ley que lo dispone admite que se pueda convocar antes de ese plazo al Comité Nacional de Salarios en aquellos casos en que su aplicación resulta perjudicial y pueda afectar a la economía nacional. Por consiguiente, el Ministerio de Trabajo tiene base legal para convocarlo si así se lo piden las organizaciones sindicales.

No hay dudas de que en estos momentos la tarifa vigente resulta perjudicial para los asalariados porque la inflación se ha tragado sus salarios, pero en adición, mantenerla implica un daño a la economía del país que se vería seriamente afectada por la merma del poder de compra que disminuye los ingresos de las empresas y afecta la salud y la estabilidad emocional de aquellos que solo cuentan con un salario para poder vivir.

Desde luego, el Ministerio de Trabajo solo tiene facultad de fijar los salarios mínimos de ley, a diferencia de la petición del CONEP que aboga por un aumento general, es decir, de toda la escala salarial, pero es necesario recordar que, cuando se incrementa el mínimo de ley se genera un efecto de cascada que impulsa necesariamente al incremento de los demás salarios.

No hacerlo en estos momentos por el temor a una espiral inflacionaria, que nunca se ha registrado en la historia económica del país sería poner en juego la paz social, ese ambiente que ha predominado en el tejido social dominicano desde el 1985 y que ha contribuido a la expansión y crecimiento de nuestra economía.