Por años he criticado el uso de fondos públicos por parte de los funcionarios, en cualquiera de los estamentos del Estado, para la compra de regalos navideños que generalmente se intercambian entre ellos o se envían a periodistas y a los ahora llamados comunicadores para pagar buenos tratos mediáticos. Y la vecindad de la época es apropiada para recordarlo.
Ese hábito, convertido con el tiempo en una tradición de la época, ha sido otra forma de corrupción, porque, como dice la ley, nadie tiene derecho a usar la propiedad pública en beneficio privado. El dinero del presupuesto solo tiene un uso correcto y es el que la ley que lo aprueba cada año señala y debe estar centrado en la solución de los problemas nacionales o en la debida aplicación para el que se destina.
Desgraciadamente, por lo que pudo observarse en las grandes tiendas de bebidas y quesos y embutidos extranjeros esa práctica continúa aumentando en lugar de haber desaparecido en consonancia con la prédica oficial de transparencia del gasto público. No me refiero, por supuesto, a los regalos y cajas de magras raciones de alimentos que se entregan a las familias más pobres para las cenas de Navidad y Año Nuevo. Aunque, para ser justos, no debería tardar el día en que ese tipo de asistencialismo ocasional desaparezca por completo en aras de auténticos y valederos programas de esencia social.
Los repartos a los que estamos acostumbrados son actos de caridad pública, no otra cosa. Ante esa realidad, los recursos públicos que cada diciembre se malgastan en esa práctica para agradecer favores políticos entre funcionarios y de estos a periodistas y comunicadores, podrían ayudar a aliviar el peso de la trágica pobreza que sufren decenas de miles de dominicanos.