En los ambientes judiciales se acostumbra el uso del verbo evacuar en referencia al dictamen de una sentencia. Y para ser justo es preciso reconocer que no existe otro vocablo en la lengua española que defina con tanta nitidez el contenido y la naturaleza de muchos de los frutos del diario quehacer de los tribunales dominicanos.
Por esa sencilla razón tendríamos que admitir también que las cosas probablemente marcharían mejor si los jueces del país renunciaran a seguir evacuando sentencias en lugar de comenzar a dictarlas.
Para desgracia nacional, las evacuaciones no provienen solo del Poder Judicial por cuanto los ciudadanos de este país son víctimas también de prácticas similares en el Congreso, como lo reflejan el famoso “barrilito” del Senado y los “bonos navideños” de la Cámara de Diputados. Me refiero a evacuaciones de recursos públicos del orden de cientos de millones de pesos al año, que bien tendrían mejor aplicación en la educación o en el campo de la salud, donde la escasez de fondos agrava la calidad de esos servicios.
Los argumentos esgrimidos en defensa de esas evacuaciones legislativas son deplorables, especialmente aquellas relacionadas con las supuestas obligaciones de los congresistas de atender reclamos de carácter social, dado que la Constitución es muy clara y específica al definir las responsabilidades y tareas del legislador y en la que no se menciona nada parecido a actividades de caridad pública, reservadas a otras instancias del Estado.
El empleo alegre en esa y en otras esferas del Gobierno de recursos provenientes del pago de impuestos por los ciudadanos, genera sentimientos de repulsa en amplios sectores de la población. Prueba de ello son los frecuentes reclamos en demanda de un uso más racional del presupuesto en áreas prioritarias como la educación y la salud.
