El Gobierno dominicano ha actuado con firmeza y responsabilidad ante la irrupción del coronavirus en nuestra geografía. Las medidas de distanciamiento social son correctas. Mientras más rápido las intensifiquemos, más exitosos seremos en el aplanamiento de la curva de contagio. Hay que ir preparando el terreno para limitar aún más la movilidad y el desplazamiento, imponiendo un distanciamiento social riguroso. Los modelos de simulación indican que la regla de distanciamiento social debe ser limitar la movilidad fuera del hogar a una persona por cada 8 habitantes. Una vez adoptada la norma, hay que imponerla con rigurosidad, haciéndole ver a la gente que es mejor vivir transitoriamente bajo reglas autoritarias que disfrutar permanentemente la democracia y la libertad en el cementerio.
Que nadie lo dude. Lo anterior implica -escoja usted el verbo de su preferencia-, frenar, paralizar o congelar transitoriamente la economía. ¿Por cuánto tiempo? El que responda la pregunta con alguna cifra es un mentiroso. Nadie realmente lo sabe. Sin embargo, escuchando a los expertos en dinámica de pandemias virales, 3 meses podría ser la media temporal del congelamiento adecuado de la actividad económica, si se quiere aplanar considerablemente la curva de contagio y evitar o moderar la aparición de una segunda oleada.
El Banco Central, en sintonía con lo que han hecho los bancos centrales del mundo, tomó una serie de medidas para proveer liquidez, abaratar y expandir el crédito y flexibilizar, transitoriamente, un conjunto de normas prudenciales. Había que fortalecer el flanco monetario, y las autoridades lo han hecho. Sin embargo, todos los gobiernos del mundo están conscientes que el problema que enfrentamos no puede ser abordado únicamente con medidas monetarias proveedoras de máxima liquidez al menor costo posible para las empresas.
Los gobernantes no pueden ignorar que “los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”. Todos, absolutamente todos, tendrán que acoger, sin temor alguno, la receta del más transcendental de los economistas difuntos, John Maynard Keynes, ante situaciones imprevistas y transitorias de caída dramática de la demanda efectiva.
Es eso y no otra cosa, lo que vendría si no actuamos rápidamente: una caída realmente alarmante y sin precedentes de la demanda efectiva en la medida en que las empresas, acogiéndose a las necesarias medidas de distanciamiento social riguroso, envíen los trabajadores a sus casas y den paso luego a despidos masivos, una vez hayan agotado sus disponibilidades de fondos. El que crea que la mayoría de nuestras empresas va a endeudarse, por más barato que sea el crédito, para pagar indefinidamente salarios a trabajadores varados temporalmente en sus casas, podría estar afectado por el ignoravirus.
Pongamos los pies sobre la tierra. Si queremos evitar una depresión económica, no hay alternativa. Hay que sacar la artillería fiscal y disparar sin miedo. Si una buena parte de los 1.5 millones de empleados privados dependientes en el sector formal son enviados a sus casas sin salarios y la mayoría de los 2 millones de cuentapropistas y empleados dependientes del sector informal se ven imposibilitados de percibir sus ingresos, la caída que se produciría en el consumo privado alcanzaría proporciones realmente inimaginables. Agregue que los espíritus animales de los inversionistas, por razones obvias, ya comenzaron a esconderse en los armarios hasta que pasen las nubes de la incertidumbre política y los enormes nubarrones de la crisis sanitaria producidos por el coronavirus, lo que provocará una fuerte caída de la inversión privada. Como si esto no fuese suficiente, eche al brebaje el agotamiento de las principales fuentes de crecimiento de la demanda externa por bienes y servicios que producimos los dominicanos (turismo, exportaciones de zonas francas y remesas, entre otras). No hay que haber estudiado economía para deducir que todo lo anterior derrumbaría las recaudaciones fiscales. Ningún miembro de las presentes generaciones de dominicanos puede decir hoy que ha vivido una situación similar en el pasado.
El Gobierno debe diseñar y ejecutar un Programa de Emergencia Económica que tenga como objetivo fundamental moderar, en la medida de las posibilidades, la fuerte caída que se producirá en la demanda agregada de la economía si optamos por cruzarnos de brazos. El aumento considerable del gasto público que se va a requerir debe financiarse tocando las puertas, en una primera instancia, al ahorro interno público que pudiese existir en alguna entidad estatal. En segundo lugar, levantando liquidez a través del apalancamiento sobre activos estatales. Cuando estas fuentes hayan sido agotadas, tendremos que tocar las puertas al ahorro doméstico privado, al ahorro externo privado y muy probablemente, a las ventanillas multilaterales, como la de US$50,000 millones que ha habilitado el FMI para apoyar a los países vulnerables de bajos ingresos y mercados emergentes con diferentes facilidades de préstamo, incluso mediante el desembolso rápido de financiamiento de emergencia.
Amparándose en el estado de emergencia nacional por 25 días que ha aprobado el Congreso Nacional, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, podría emitir un Bono de Emergencia Económica de cupón cero por RD$35,000 millones, el cual sería canjeado por bonos y valores que la Aseguradora de Riesgo Laboral (ARL), ahora IDDOPPRIL, tiene dentro de su cartera de inversiones ascendente a RD$40,260 millones. Los bonos y valores recibidos por Hacienda, serían remitidos al Banco Central el cual, actuando como agente fiscal del Gobierno, los haría líquidos gradualmente, ya sea vendiéndolos a inversionistas privados o comprándolos. La liquidez obtenida sería transferida a una cuenta especial en el Banco de Reservas.
En paralelo se llevaría a cabo un programa de identificación de los sectores formales más afectados por el cierre del tráfico aéreo, la caída de la demanda global y la adopción del distanciamiento social riguroso, especialmente, aquellos conformados por empresas que operan con bajas disponibilidades de liquidez para hacer frente a perturbaciones inesperadas como las que afectan a toda la humanidad en estos momentos.
Contando con esa primera partida, el Gobierno ejecutaría un programa de subsidio a las nóminas de las empresas del sector formal, utilizando la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que contiene información por sectores económicos de la cantidad de empleados formales y sus respectivos salarios. En coordinación con las empresas y los bancos, en pocas horas, la base de datos se complementaría con el número de cuenta bancaria de cada uno de esos trabajadores. El Gobierno, a través de Hacienda y otros ministerios del área económica, se reuniría con el CONEP, Asonahores, Adozona y la AIRD, entre otras, para acordar la magnitud del subsidio a la nómina que se otorgaría a las empresas de cada sector y explicar el mecanismo que se utilizaría para que el subsidio sea recibido directamente por cada trabajador en su cuenta sin necesidad de intermediación de las empresas. Si el Gobierno fija el subsidio en 50% de la nómina de los sectores seleccionados, el costo mensual del mismo ascendería a unos RD$6,000 millones, 0.13% del PIB por cada mes que lo otorgue.
En el caso del sector informal es necesario construir una base de beneficiarios que permita al Gobierno transferir mensualmente, durante los próximos tres meses, la asistencia monetaria que determine. Para construir dicha base de beneficiarios, los burós de créditos entregarían a los bancos un listado de los tarjetahabientes con número de cédula y banco emisor de la tarjeta con límite máximo acumulado de RD$25,000. Cruzándola con la información de los trabajadores formales registrados en la TSS, tendríamos un primer listado de trabajadores independientes de ingresos medios y bajos que, con 90% de probabilidad, laboran en el sector informal.
Adicionalmente, los bancos obtendrían de los burós de crédito un listado de todos los deudores, sin tarjeta de crédito, de bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito y otras entidades financieras que proveen financiamiento a las mipymes.
Cruzándolo con la información de los trabajadores formales registrados en la base de la TSS, generaríamos un segundo listado de trabajadores y cuentapropistas de ingresos medios y bajos, cuyas actividades son realizadas en el sector informal, listado que los bancos utilizarían para identificar las cuentas corrientes y de ahorro que recibirían la transferencia del subsidio al ingreso que otorgaría el Gobierno durante los próximos tres meses. En este caso, la transferencia sería probablemente un monto similar para cada beneficiario.
Está claro que RD$35,000 millones (0.77% del PIB) no serán suficientes. Aprovechando el estado de emergencia económica, el Gobierno podría constituir una Tenedora de Activos del Estado Dominicano (TAED), a la cual traspasaría inicialmente los terrenos de Bahía de las Águilas y las acciones que posea el Estado en empresas generadoras de electricidad. Los primeros activos traspasados tendrían un valor superior a los US$10,000 millones (12% del PIB). La TAED emitiría gradualmente bonos colateralizados que podrían ser adquiridos por inversionistas privados y por el propio Banco Central. Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda debería iniciar los contactos con el FMI para tener todo listo en caso de que requiera girar US$2,000 o US$3,000 millones para respaldar una eventual compra de bonos de la TAED por parte del Banco Central.
¿Aumentará el déficit y la deuda pública? Claro que si, respondería Keynes. La caída de las recaudaciones y el aumento del gasto público no pueden generar otro resultado.
Particularmente pienso que este resultado es moralmente superior a una depresión económica y sus secuelas o al desmantelamiento de las medidas de distanciamiento social para que todos regresen al trabajo, nos contagiemos a un ritmo inmanejable por nuestro sistema de salud y fomentemos, sin quererlo, decenas de miles de fallecimientos.
