El 7 de septiembre de 1977, el canciller dominicano, contralmirante Ramón Emilio Jiménez firmó en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, una iniciativa que comprometía al gobierno en una cruzada internacional en defensa de esos principios, seriamente maltratados en todo el mundo.
Funcionarios dominicanos y observadores diplomáticos en esa capital dijeron que la ocasión era significativa pues podría inducir a otras naciones del Hemisferio a adherirse al instrumento suscrito en San José, Costa Rica, en 1972. Esa misma noche la Cancillería dominicana reveló en Santo Domingo el texto de las observaciones y consideraciones de la República. Dominicana a la convención, cuyo texto era el siguiente:
“La República Dominicana al suscribir la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, aspira que el principio sobre la proscripción de la pena de muerte llegue a ser puro y simple, de aplicación general para los estados de la regionalidad americana y mantiene asimismo, las observaciones y comentarios realizados al proyecto de convención citado y que hiciera circular ante las delegaciones al consejo de la Organización de los Estados Americanos el 20 de junio de 1969”.
Con la República Dominicana eran ya 12 los países signatarios del acuerdo, incluyendo a Estados Unidos. Sólo cuatro de ellos lo habían ratificado. Para que entrara en vigencia y se convirtiera en un instrumento efectivo para la preservación de los derechos humanos se necesitaba la ratificación de las dos terceras partes de los miembros.
Al acto de adhesión dominicana a la convención, asistió el presidente Joaquín Balaguer, quien arribó esa misma tarde a Washington. También estuvieron presentes el secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, y representantes de la mayoría de los países miembros del organismo regional.
El Gobierno dominicano había anunciado su decisión de adherirse al acuerdo de Costa Rica, el domingo 14 de agosto, en ocasión de la visita a la capital de ese país del embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, Andrew Young. El anuncio hecho en el Palacio Nacional, sede del Gobierno dominicano, por el canciller Jiménez, siguió a una entrevista privada entre Young y Balaguer.
En esa oportunidad, el canciller Jiménez dijo que el anuncio demostraba el interés del gobierno de la República Dominicana por la campaña del presidente Jimmy Carter a favor de los derechos humanos.
Balaguer resaltó a su arribo a Washington, la importancia que su gobierno asignaba a la cuestión de los derechos humanos, uno de los temas más espinosos de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de las naciones del continente.
En su exhortación a los demás gobiernos latinoamericanos para que preserven esos derechos, el presidente dominicano, según los observadores de la capital norteamericana, dejó en claro que esta conflictiva cuestión será un escollo en el futuro en su trato con el gobierno de Estados Unidos.
Su insistencia en el punto y la calurosa acogida que le brindara el gobierno de Carter, pareció contrastar con la frialdad con que la opinión pública había recibido en Washington a otros jefes de Estado acusados de violar sistemáticamente esos derechos como el de Chile, Augusto Pinochet; el de Argentina, Jorge Rafael Videla, y los representantes de Brasil, Perú, Nicaragua y Guatemala.
El 8 de septiembre de 1977, Balaguer anunció que dejaría a los diarios responsables decidir sobre la polémica ley de colegiación periodística prometida por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de oposición, al Sindicato Nacional de Periodistas (SNPP) en el caso de ganar las elecciones el año siguiente. El gobierno dominicano no interferirá en la controversia surgida debido a un anteproyecto de colegiación periodística y dijo que la actitud oficial al respecto será la que dicten los periodistas y periódicos “responsables”.
Al mismo tiempo, Balaguer elogió la asamblea general que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pactada en Santo Domingo del 17 al 21 de octubre siguiente, por considerar que ella podía influir “poderosamente” en la modificación de medidas restrictivas contra la prensa en muchos países.
El proyecto de colegialización elaborado por el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) había sido denunciado por la mayoría de los diarios dominicanos como una seria amenaza a la libertad de expresión debido, en parte, a que propiciaba la intervención del Estado en asuntos que concernían solo a la prensa.
Balaguer, respondiendo a preguntas de El Caribe, dijo que el problema de la colegiación “es un asunto de ustedes los periodistas que deben resolverlo los periodistas”. Pero a seguidas afirmó:
“Desde luego, nosotros seguiremos la línea de conducta que indicaran los periodistas responsables del país, sobre todo la prensa responsable de la República Dominicana. El gobierno no quiere interferir en eso. La opinión que prevalezca en ella será la que el gobierno tomará más en cuenta”.
Dijo también que el SNPP no le había planteado el tema de la colegiación, que limitaría el ejercicio del periodismo a los egresados de universidades y escuelas especializadas y a aquellos con dos o más años de ejercicio continuo al momento de aprobarse la medida.
En Washington, periodistas de diversos órganos entrevistados por El Caribe, incluyendo de cadenas nacionales de televisión como la NBC y de diarios tan importantes como el Washington Post, consideraron que tal como ha sido enunciado, el proyecto del SNPP era “discriminatorio”.
La Asociación Dominicana de Diarios había también expresado su oposición y rechazo al anteproyecto de ley de colegiación profesional preparado por el SNPP. La entidad advirtió, al propio tiempo, que el anteproyecto pondría en grave peligro de muerte la libertad de expresión. Y afirmó que “tanto el derecho a informar como el derecho a ser informado sufrirían, con el aludido anteproyecto, grandes limitaciones”.
Balaguer se refirió también en términos elogiosos a la asamblea anual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebraría en Santo Domingo. Indicó que se trataba de una reunión “muy importante”, porque “la SIP tiene mucha influencia en todo el continente y una reunión en Santo Domingo, como en cualquier otro país de América, puede influir poderosamente en que se modifiquen muchas de las decisiones que se hayan adoptado en diferentes países para la restricción de la libertad de expresión”.
La SIP invitó al presidente Balaguer a abrir los trabajos de la asamblea en la sesión del miércoles 19 de octubre y que si deseaba hablar podía hacerlo, como lo hizo. En una de las sesiones de la asamblea habló también Terence Todman, secretario de Estado norteamericano adjunto, para Asuntos Interamericanos.
La reunión SIP fue la tercera en el país del organismo interamericano de periodistas. Las dos primeras reuniones, en 1964 y 1971, fueron de la Junta de Directores. Era pues, la primera vez que el país era sede de una asamblea general a la cual asistieron más de quinientos editores y directores de publicaciones de todo el Continente.
