Esta semana el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), desmanteló 18 casetas durante una inspección en Playa Rogelio, en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat.
Las casetas, dice el ministerio, fueron construidas en la franja protegida de 60 metros medidas a partir del punto a la que llegan las olas marinas en marea alta, lo que viola la ley 64-00 sobre medioambiente y recursos naturales. Para construir en esa área se requiere autorización del Ministerio de Medioambiente y decreto del presidente de la República.
La información ofrecida sobre esta acción, especifica que la ley prohíbe todo tipo de construcciones en esos 60 metros, sin una evaluación y autorización previa, porque debe protegerse la integridad ecológica, el funcionamiento de los ecosistemas marinos y evitar que se destruya el paisaje de las costas.
Las iniciativas para liberar las playas de ocupantes y construcciones obedece a una decisión del presidente Luis Abinader adoptada en su primer período constitucional, que se ha aplicado en diferentes puntos del litoral en las playas de la costa Sur, Este y Norte.
Las autoridades ambientales que participaron en Playa Rogelio dijeron que el Ministerio de Medio Ambiente continuará con los levantamientos en la zona para notificar a las personas que se encuentran ocupando la franja protegida sin autorización, y serán remitidas a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente, para seguir con el proceso legal.
Acciones similares para eliminar construcciones no autorizadas en la franja de los 60 metros se han realizado en importantes zonas turísticas. En Punta Cana en la playa de Arena Gorda, se eliminó un improvisada plaza comercial con docenas de casetas, a la que llegaban las olas del mar; también en la playa Bibijagua ocupada por construcciones para uso comercial en el área prohibida y en Cabeza de Toro también se eliminó una destartalada plaza comercial abandonad ocupada por vendedores.
En Juan Dolio también se desmanteló un “proyecto turístico” por la misma violación, y una operación similar se hizo en Cabarete. Estas acciones se identifican como parte de una iniciativa que se ha bautizado “Rescate Ambiental”, que ha liberado de ocupantes ilegales diversas playas del país.
En agosto pasado fiscales asignados a la Procuraduría Especializada en la Defensa del Medioambiente citaron a representantes de dos empresas de inversión española, propietarias de terrenos turísticos en Cabeza de Toro, para ordenarles eliminar dos garitas que están junto a la línea que marca la franja de los 60 metros y son usadas por la Armada para vigilar la única área del litoral de Punta Cana no desarrollada, convertida en playa libre para actividades ilegales.
Los fiscales investigaron la zona pero no encontraron dos construcciones de tamaño notable, en los 60 metros. Se les envió un informe oficial reciente que las ubica, para ayudarlos a encontrar lo que “no vieron”. Sugeriré a esas que envíen esa información a las autoridades que actuaron en Playa Rogelio para que se enteren de la larga historia de esas ocupaciones ilegales en Cabeza de Toro y se haga la limpieza de esa playa.
