Indemnizaciones en el sector salud

Uno de los temas que más interés han generado en el país es respecto a distintas decisiones que condenan a centros hospitalarios, públicos y privados, a sendas indemnizaciones. No se trata de la primera vez, pero quizás la forma en que se ha manejado la información ha sido la causa de que se esté hablando tanto respecto al tema.

A raíz de estas últimas decisiones, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó su intranquilidad por la aparente predisposición de los tribunales con los médicos, vistos, según el doctor Waldo Ariel Suero, como villanos ante las complicaciones de algunas enfermedades. Por otro lado, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), catalogó como un precedente peligroso la sentencia contra el centro hospitalario público, como potencial catalizador de cambio en las reglas de la dinámica hospitalaria. Mientras que Víctor Atallah, Ministro de Salud Pública, afirmó que estaban estudiando la situación, y se comprometió a trabajar con las sociedades médicas, el CMD y la justicia.

En el sector privado, procesos de este tipo son, hasta cierto punto, comunes, múltiples decisiones de la Suprema Corte de Justicia así lo avalan, no indican un ataque contra el sector salud, sino la aplicación de las reglas clásicas de responsabilidad.

Respecto a la preocupación estatal, nos sumamos a las certeras palabras del administrativista Manuel Fermín Cabral, respecto a que puede considerarse “novedosa” la responsabilidad patrimonial del Estado dominicano por la prestación de servicios de salud, pero ello no debe sorprender, pues existe base Constitucional (artículo 148) y legal (Ley núm. 107-13).

Ante la preocupación del director del SNS, creo que el director mismo conoce la respuesta, pues apuntaba que los médicos se cuidarán más y así debe ser, aumentar la eficiencia con la que el Estado presta un servicio público esencial como es la salud, reconociendo que es obligación del Estado reparar los daños causados por sus entes, sus funcionarios en el ejercicio de su función y la aplicación del principio de responsabilidad. ¿Que esto encarece el servicio? Claro que sí y quizás por primera vez el encarecimiento sería fruto de un mejor servicio.

Por otro lado, unimos esta preocupación sobre la responsabilidad del Estado en materia de salud pública con el dilema ético que plantea mi estimado profesor, el magistrado Yoaldo Hernández ¿Cómo equilibrar la justicia para los pacientes y la sostenibilidad del sistema? Es parte del derecho fundamental a la buena administración el derecho a ser indemnizados, no creo que las decisiones afecten, en el escenario actual, la sostenibilidad del sistema, deberían producir una mejora en la forma de prestar el servicio en manos del Estado y una supervisión más intensa.

De igual forma, ni en el ámbito público ni en el privado se han aplicado daños punitivos (sin base legal en RD), que son las sumas complementarias a cualquier daño compensatorio, como forma de castigo o disuasivo contra el demandado. En lenguaje llano, este tipo de daños es el que justifica las abultadas indemnizaciones en Estados Unidos, con una marcada función preventiva. Condenas de este tipo si podrían poner en jaque al sistema, pero no es el caso y al final entendemos, como han dicho algunos actores, que se debe buscar la justicia con equidad e imparcialidad, sustentadas las decisiones en peritajes precisos y suficientes.

Veamos la oportunidad de mejorar la calidad de un servicio público que requiere mejora, de mejorar nuestros estándares de salud, no siempre viviremos en una sociedad que no reclame sus derechos y, de hecho, eso ha ido cambiando en los últimos años, no es un ataque es una oportunidad.