Desde el 2014 existe un importante acuerdo de colaboración firmado por las cabezas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nacionales y de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial relativo a la protección de la biodiversidad en el país.
Al menos en teoría, el propósito de este convenio interinstitucional era armonizar la normativa legal sobre recursos biológicos, crear mecanismos para un efectivo intercambio de información, asegurar un sistema de asistencia técnica para el acceso a beneficios compartidos, crear una marca con certificación ambiental, y entre otras cosas elaborar un reglamento sobre propiedad industrial y acceso a recursos genéticos.
Ambas instituciones, en temas relativos a la biodiversidad, tienen mucho terreno común de trabajo, y no deberían dejar caer este vínculo, sino más bien utilizar el convenio vigente como una oportunidad para retomar algo que fue brevemente discutido en el Congreso Nacional, pero desechado y minimizada su relevancia: La bioprospección y su riesgo de convertirse en biopiratería.
República Dominicana ocupa el primer lugar en biodiversidad de las Antillas y el tercer lugar mundial en biodiversidad insular. No obstante, el inicio de algunas investigaciones sobre elementos de la diversidad biológica dominicana que pretenden extraer conocimientos, fórmulas y materia prima para fines comerciales a partir de nuestra biodiversidad, conllevan un riesgo de apropiación por parte de entidades extranjeras (universidades, gobiernos o empresas privadas), generalmente mediante patentes de invención, de conocimientos producto del estudio de la biodiversidad del país sin la correspondiente compensación.
Un ejemplo de esto es el caso del medicamento denominado Vincristine, de la empresa Eli Lilly. Dicho medicamento es utilizado para tratar ciertos tipos de cáncer infantil y fue desarrollado como consecuencia de las investigaciones hechas en las planta denominada catharanthus roseu, nativa de Madagascar. El medicamento es sumamente costoso, muy lucrativo para la empresa que lo comercializa y no representó beneficio alguno para la nación africana que prestó su biodiversidad y los conocimientos empíricos de sus pobladores sobre los usos de dicha planta para esos fines.
Es lógico deducir que la biopiratería puede tener consecuencias desastrosas para un país: Desde reducir o destruir ciertas especies, hasta disminuir el acceso a medicamentos de muchos consumidores como consecuencia de los altos costos fijados por la entidad explotadora.
Por ello, este acuerdo es una buena plataforma para que discutan herramientas para prevenir la biopiratería, a fin de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras y evitar el acceso, la exploración, la prospección y/o la apropiación no autorizados de los elementos de la biodiversidad dominicana.
