Dediqué mi columna del viernes a resaltar cómo el descalabro institucional impuesto por los gobiernos del pasado permitió que un personaje del tupé de Jean Alain Rodríguez fuera designado procurador general; produjo el colapso de la Cámara de Cuentas; y la suspensión de las elecciones generales municipales en el 2020.
Y cómo, en cambio, el empuje institucionalista del presidente Luis Abinader llevó a la cabeza de la Procuraduría a dos magistradas de la probidad de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso; ha contribuido a recuperar la credibilidad de la JCE y el TSE; tiene dos funcionarios de la conducta de Carlos Pimentel y Pablo Ulloa, entre otros; y cuenta con respetados intelectuales y académicos colaborando en la reforma policial.
Dos días después de mi artículo, el Departamento de Estado norteamericano publicó su reporte anual sobre el Clima de Inversiones 2023.
Ese informe resaltó “el avance de los ideales y las instituciones democráticas” en RD, lo que certificó no ocurre en la mayoría de los países de la región, reconoció la lucha contra la corrupción, y la independencia del ministerio público.
Pese a que son excelentes noticias para nuestro país, la información no trascendió en el rango merecido en nuestra opinión pública, influenciada por un negacionismo catastrófico de moda., al parecer.
¿Por qué es importante que la sociedad sea suficientemente informada sobre los avances institucionales?
Porque la institucionalidad es el eje transversal que toca más a fondo y de forma más amplia los rezagos causantes del subdesarrollo y la pobreza.
El mismo informe reconoce avances en el clima de inversiones, pero cita rezagos sistémicos, consecuencia de falta de institucionalidad.
Para no ir más lejos, que estemos siendo azotados por el dengue es consecuencia de que, en las últimas dos décadas no se hicieron las inversiones, ni se adoptaron con rigor y sistematicidad los protocolos propios requeridos por un sistema sanitario eficiente, por falta de institucionalidad.
La vulnerabilidad económica que empuja la inflación foránea es producto del grave desequilibrio fiscal y los déficits presupuestarios que venimos arrastrando sobre todo desde 2008, que son consecuencia directa de la violación al Artículo 36 de la ley 1-12 y de muchas otras normas, debido a la falta de institucionalidad.
La delincuencia y la contaminación policial, el desorden del tránsito, el deterioro medioambiental, los déficits eléctrico y de agua potable, drenaje pluvial y de aguas residuales, la corrupción y la impunidad hoy bajo ataque, son también herencia de la falta de institucionalidad heredada de los pasados gobiernos.
Independientemente de que sea tema del debate político, el de la institucionalidad es un asunto que debemos estimular y castigar lo negativo, como parte de la responsabilidad social de quienes hacemos opinión pública.
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