La democracia se define como una doctrina política que reconoce el derecho que tiene la población de participar libremente en la toma de decisiones que afectan su vida, y a la sociedad en general. A principios de mayo 2020, actores del sistema político dominicano, consensuaron transparentemente una decisión de carácter científico que involucraría a toda nuestra población, la cual súbitamente fue cercenada, por medio de un misterioso relámpago antidemocrático.
Durante el apogeo de una pandemia que transformó la cotidianidad mundial, y en vista de que las elecciones presidenciales serían celebradas el día cinco de julio, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, propuso como medida de salubridad, segregar el proceso de votación por sexo. Los demás partidos secundaron la propuesta a unanimidad.
La lógica del argumento planteado es que el coronavirus es una pandemia global que discrimina por sexo, ya que los hombres presentan mayor propensión a ser afectados por el coronavirus que las mujeres, cuyo patrón también está presente con el Ébola, el VIH, el SARS y la influenza.
La doctora Sabra Klein, científica de la Escuela de Salud Pública Bloomberg del Hospital Johns Hopkins, que estudia las diferenciaciones por sexo en las infecciones virales, expresó recientemente a The New York Times: “Podemos decir con confianza, gracias a los datos de muchos países, que ser hombre es un factor de riesgo. Eso debería ser evidencia suficiente para qué cada país desglose sus datos estadísticos”.
Habla la ciencia y la realidad material, pero a nivel mundial, nos encontramos en un punto de la historia en la que determinados grupos han declarado una guerra abierta contra cualquier recomendación, ya sea jurídica o social, fundamentada en el reconocimiento del sexo biológico, incluyendo medidas de salubridad nacional.
Las organizaciones Save de Children, El Mitín, Defensoría de los Derechos Humanos Mujeres y Jóvenes, Transsa y Polétika expresaron su consternación y tacharon la medida de “inconstitucional”.
Argumentaron, según la reseña periodística local, que “con esta disposición se vulneran los derechos de las personas trans, al ser una medida que no toma en consideración las necesidades y el respeto a la privacidad, intimidad y expresión de género, lo que podría llevar a este grupo a exponer su privacidad, al ejercer su derecho al sufragio.” ¿El derecho de algunos varones trans a preservar su privacidad sobrepasa el derecho a la salud de las más de 5.5 millones de mujeres que habitan la Republica Dominicana?
Como es costumbre de los proponentes de políticas de ‘identidad de género’, en su determinación de negar la realidad material con relación al sexo, han utilizado a las mujeres dominicanas como un escudo protector para defender sus alegatos: “El colectivo aseguró, que esta propuesta vulnera derechos de personas trans y mujeres en el país.” ¿Cómo vulnera los derechos de las mujeres, una medida que, utilizando investigaciones científicas evidenciadas, proponía salvaguardarlas de un riesgo adicional, ya que los hombres han demostrado una mayor susceptibilidad ante la pandemia?
Como también es costumbre de estos intentos lobistas, en lugar de actuar transparentemente, utilizando vías democráticas para la construcción del consenso, han realizado planteamientos a favor de la ‘identidad de género’, influenciando tras bambalinas hasta provocar que la medida fuera revocada, sin explicación alguna.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la privacidad y la intimidad, pero nuestra carta magna también registra el derecho a la salud. El artículo 61 de la constitución dominicana, establece que: “Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades”. ¿Cómo es posible que una decisión consensuada democráticamente entre los partidos políticos, sea eliminada de manera unilateral por parte de la Junta Central Electoral, respondiendo a presiones ejercidas por agendas exógenas, en detrimento de la población nacional?
Este conjunto de dinámicas representa un regalo invaluable para la eventual consagración de los derechos de la mujer dominicana basados en el sexo. Al accionar de esta manera, intereses particulares han circunvenido verse obligados a tener que litigar contra la decisión original, propuesta por uno, pero aprobada por todos los partidos políticos, y han presentado ante la palestra pública sus peores cartas.
Pregunta: ¿por qué los promotores de las políticas de ‘identidad de género’ se rehúsan a llevar este tema a los tribunales? Cuando el momento llegue, y llegará, en un banquillo estará la ciencia, la realidad material y el sentido común, ¿y en el otro?
