Toda la población se ha unificado en contra de la reforma fiscal que acaba de introducir al Congreso Nacional el presidente de la República. La protesta ha sido generalizada, y en ella hemos visto a los industriales que advierten que colapsará el desarrollo sostenible de la industria local; a los productores de ron que alegan un eventual colapso debido a la imposibilidad de soportar nuevos gravámenes; a los fabricantes de bebidas no alcohólicas que consideran irán a la quiebra; y el rosario de quejosos es largo, pues habría que añadir la asociación de promotores de fideicomisos, las zonas francas industriales, los constructores de viviendas y unidades habitacionales y más.
Pero no solo serán los empresarios los afectados, también irán al matadero fiscal las clases medias y los pobres del país, que ya han comenzado a manifestarse con ruidosos cacelorazos nocturnos, campamentos y caminatas de protesta en los cuales exigen el retiro del proyecto de ley que reposa en el Congreso.
Con razón están irritados porque el gobierno pretende suprimir todas las exoneraciones del ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) y transformarlo en un IVA (Impuesto al Valor Agregado, o si se quiere, como dicen los mexicanos, Imposible Vivir Aquí) que, con excepción de ocho productos de la canasta alimentaria gravará a los demás bienes de consumo con un dieciocho (18%) de su valor.
Para que el lector se forme una idea de cómo le sacudirá su bolsillo el precio de los artículos cotidianos de consumo, basta decir que la carne de res de 168.75 pesos pasará a costar 199.13; la carne de cerdo, de 129.68 a 153.02; la habichuela roja de 69.63 a 82.16; el ajo importado de 138.89 a 163.89; la cebolla roja de 59.78 a 70.54; el tomate de ensalada de 52.82 a 62.33; el paquete de verduras de 96.81 a 114.23; el aguacate de 56.86 a 67.10; y una piña mediana de 80.81 a 95.35.
Ahora bien, el IVA no solo impactará sobre el precio de los alimentos, también se aplicará a los libros de educación; a los cuadernos, lápices, tizas y pizarras; a las publicaciones periódicas; al transporte de carga y a todo lo que se compre y negocie en el país. Y como si fuera poco, la reforma pretende aumentar el precio de las placas de los vehículos, el gravamen de los ahorros, el impuesto a la propiedad inmobiliaria; los honorarios profesionales, y hasta los premios de lotería.
Se trata de una reforma regresiva, pues como lo ha explicado el expresidente Leonel Fernández la mayor parte de las recaudaciones provendrán del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto selectivo al consumo, lo que equivale al 72% de los ingresos estimados de la propuesta de reforma fiscal.
Lo más irritante de esta situación es que lo que ha hecho urgente esta reforma fiscal integral ha sido la política de despilfarro y de endeudamiento en que ha incurrido el gobierno de Luis Abinader, que desde agosto de 2020 a agosto del 2024 ha manejado la astronómica suma de 5 billones, 231 millones, 500 mil pesos (RD$5,231,000,000,500,000.00) para utilizarla en pago de nómina, publicidad, aumento de los subsidios al sector eléctrico y pago de los intereses de la deuda, mientras el gasto de capital, o sea de las inversiones en infraestructura ha sido el más bajo en setenta y dos años.
La fiesta con los dineros del pueblo ha sido de tal naturaleza que en su primer período de gobierno (2020-2024) la nómina pública creció en RD$135.258.3 mil millones, o sea, un 66.1%, lo que representa una suma mayor de lo que el Gobierno piensa recaudar con su reforma fiscal, que es de 122,483 mil millones. En esa fiesta bailaron y gozaron especialmente cinco instituciones del Estado que del año 2019 al 2024 incrementaron salarios y beneficios por un monto superior al 100%: los ministerios de Administración Pública, Energía y Minas, Interior y Policía, Presidencia y Defensa.
La rumba ha sido tan movida que en cuatro años el Gobierno aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años, desde el 1970 al 2012, y lo más grave, que esos préstamos han sido destinados para financiar gastos corrientes del Gobierno. Esta irresponsabilidad obligará a los dominicanos a pagar 238 mil 800 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda.
El clientelismo político del PRM y su gobierno, su política de compra de voto por bono, su irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública la vamos a pagar todos, ricos y pobres, clases medias, trabajadores y empleados, a menos que se recapacite y se evite que nos deslicemos por una pendiente enjabonada que nos conduzca a estallidos sociales de una población desesperada, como sucedió en 1984, precisamente bajo uno de los gobiernos de los mismos que hoy con otro nombre, nos gobiernan.
