Ayer recibí la llamada de mi amigo Miguel Severino a mi celular. Al tomar la llamada, una voz femenina me dice: “Yo soy la esposa de Miguel Severino”. Mi primera reacción fue; ¿Le habrá pasado algo a Miguel?
Le respondo: – “¿En qué puedo servirle?”.
Ella me dice: “Lo llamo de parte de mi esposo para informarle que él ha creado una comunidad para el estudio económico de Santo Domingo Este, y me pidió que lo llamara para que usted sea parte de la directiva”.
Le respondo: “Dígale que estamos a sus órdenes”.
Luego, me dice: “Mire la pantalla y verá unos códigos para acceder a la comunidad”.
Desde ese momento, sospeché que era un intento de hackeo y corté la llamada, y luego reinicié mi celular. Cuando el celular se reinicia, intento entrar a WhatsApp, pero aparece un mensaje que dice: “Su WhatsApp ha sido transferido a otro teléfono”.
Inmediatamente busco en Google el teléfono del DICAT, que es la Dirección de Delitos de Alta Tecnología de la Procuraduría General de la República. Los llamo, pero nadie toma el teléfono.
Tomo la dirección de correo electrónico del DICAT e informo que mi teléfono fue clonado e informo de mi número de teléfono móvil. También busco el teléfono del departamento de la Policía Nacional sobre delitos de alta tecnología y llamo varias veces, pero nadie responde.
A partir de ahí, he recibido decenas de llamadas de amigos que han sido contactados para pedirles dinero en mi nombre. Incluso, uno me dijo que le llamaron con una grabación mía que solicitaba dinero. Esto me indica que han usado inteligencia artificial para clonar mi voz.
Informo esto para que se cuiden, si pueden, y eviten ser estafados por estos delincuentes cibernéticos. Todos me dicen que son bandas que operan desde la cárcel.
Me pregunto: ¿Cómo es posible que las autoridades carcelarias no hayan podido controlar la presencia de celulares en las cárceles?
Si es así, ¿son incapaces e irresponsables, o deberían ser sometidos a la justicia por asociación de malhechores con estos ciberdelincuentes?