El gobierno del país cuyos estudiantes de 15 años obtuvieron el promedio más alto en las pruebas en Ciencia, Lectura y Matemáticas (548) de PIISA 2015, gastó 1.5% del PIB en educación en el 2014. Sí, ese fue el monto de recursos que el Gobierno de Singapur invirtió en educación en el 2014, excluyendo lo invertido en educación terciaria. Los estudiantes de Hong Kong quedaron en segundo lugar, con 533. ¿Cuánto invirtió en educación el gobierno de ese país el año previo a la prueba? 1.9% del PIB. Los quinceañeros japoneses, con 529 puntos, quedaron en tercer lugar, a pesar de que el gobierno japonés apenas invirtió 2.7% del PIB en educación, incumpliendo el Undécimo Mandamiento que obliga a invertir el 4% del PIB en educación. El caso más alarmante es el de los estudiantes de Macao, una de las regiones administrativas especiales de China. Quedaron en la cuarta posición, con 527 puntos. ¿Cuánto invirtió la administración en educación pública en el 2014? 1.2% del PIB.
¿Quiere decir lo anterior que, para mejorar la calidad de la educación, medida como el posicionamiento de los estudiantes en las pruebas internacionales, hay que invertir menos del 2% del PIB en educación? No. Lo que los resultados de las pruebas PIISA revelan es que la inversión en educación como % del PIB es un muy mal predictor de lo que podría esperarse como puntaje promedio de los estudiantes en esas pruebas.
En República Dominicana hemos llegado a creer que, si mantenemos la inversión de 4% del PIB en educación hasta el final de los tiempos, tarde o temprano, nuestros estudiantes lograrán puntuaciones convergentes con la del promedio de los diez países punteros. Cuando uno observa los resultados de las pruebas PIISA 2015 queda claro que la inversión de recursos públicos en educación no puede reclamar el derecho de aspirar a convertirse en la varita mágica para elevar la calidad de la educación. No lo es cuando lo medimos como % del PIB. Apenas 11 de los 70 países que participaron en las pruebas invirtieron 4% o más del PIB en educación en el 2014. El promedio invertido fue 3.1%. Pero tampoco lo es cuando se mide como porcentaje del gasto público total, la otra camisa de fuerza que estableció la Ley General de Educación de 1997, cuando estableció el mandato de invertir en educación el 16% del gasto público total. Apenas 3 países de los 70 participantes en PIISA 2015 invirtieron en educación 16% o más del gasto público total en educación en el 2014. El promedio invertido fue de 9.2%.
El lector se dará cuenta rápidamente que los gráficos y tabla que he presentado son una tomadura de pelo con el objetivo de provocar un debate sobre un tema que tiene serias repercusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. No es lo mismo comparar una inversión en educación de 1.5% del PIB de Singapur con el 3.7% o 4.0% del PIB de República Dominicana. El PIB de Singapur en el 2014 alcanzó US$308,155 millones; el nuestro, US$65,312 millones. El número de estudiantes enrolados a nivel primario y secundario en Singapur en 2014 era de sólo 431,790; aquí ascendía a 1,697,787, cuatro veces más. Mientras el Gobierno de Singapur invirtió US$10,705 por estudiante enrolado en primaria-secundaria, aquí la inversión ascendió a US$1,435 por estudiante. Aun si ajustamos ambos valores para medirlos en dólares internacionales de paridad de poder adquisitivo (PPP), en el caso de Singapur, la inversión pública por estudiante alcanzaría US$16,075 y la de República Dominicana US$3,044. Para igualar a Singapur en el monto en US$ PPP invertido por estudiante en primaria-secundaria en nuestras escuelas públicas, tendríamos que invertir en educación, no el 4%, sino el 19.7% del PIB. El problema es que la presión tributaria aquí apenas llega a 14%.
Como se puede observar, aferrarse a tótems de inversión como % del PIB o del gasto público total no va resolver el problema de la calidad del sistema educativo dominicano. Resultaría injusto sacar a relucir que quedamos con la puntuación promedio más baja entre los 70 países cuyos estudiantes tomaron las pruebas PIISA 2015. Muy injusto, dirían los abanderados del 4%, pues apenas llevábamos dos años invirtiendo “4%” en educación. Pero igualmente injusto es exigirle al Gobierno, a través de una ley absurda e insensata, que gaste el 4% del PIB en educación (excluyendo terciaria), en un país con una presión tributaria que roza el 14%. Esa aberración dio lugar a que el Gobierno dominicano, entre todos los gobiernos de los 70 países participantes en PIISA 2015, fue el que más recursos destinó a educación (excluyendo terciaria) como % del gasto público total, con 21.3%, en el 2014.
Quienes realmente estén comprometidos con la necesidad de elevar la calidad del sistema educativo dominicano, deben colocar como los dos primeros puntos de su agenda las siguientes metas. Primero, apoyar la aprobación de una reforma fiscal integral que eleve las recaudaciones del Gobierno en no menos de 3% del PIB, fundamentalmente, a través de la eliminación y racionalización de las exenciones y el establecimiento de figuras impositivas que contribuyan a reducir la evasión y la elusión fiscal. No debería ser difícil lograrlo en un país que exhibe un gasto tributario de 6.1% del PIB y pérdidas por evasión que van desde un 42.9% en el caso del Itbis a un 62.5% en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Empresas. Es una meta que puede lograrse de un año a otro. Balaguer lo demostró en 1992.
En el marco de esa reforma, deben insistir que se incluya una reingeniería del gasto público que incluya la eliminación de un conjunto de ministerios, oficinas, organismos descentralizados, comisiones e institutos, y que los recursos liberados sean invertidos en acciones específicas para mejorar la calidad del sistema educativo. Varios ministerios y dependencias podrían fusionarse. Deberían exigir también que el Estado venda sus acciones en una serie de empresas estatales y mixtas y que los ingresos que reciba se depositen en Fondo para Fomentar la Calidad de la Educación.
El segundo punto de la agenda, es el más importante y el que más factor C demanda. De nada sirve que invirtamos más recursos en un sistema educativo en el cual los estudiantes y sus padres han sido secuestrados por un sindicato de maestros que, al igual que ocurre en otros países de la región como México, sólo defiende sus derechos, pero huye como diablo a la cruz cuando la reforma le enumera sus responsabilidades. La confrontación, generalmente, es desagradable. En ocasiones, sin embargo, es absolutamente inevitable. Si cedemos al chantaje por el temor al costo político, todo lo que invirtamos en educación terminará resultando en un gasto improductivo.
El error más grande que podríamos cometer en el marco de la “revolución educativa” es asumir que todos los maestros de nuestro sistema educativo público pueden ser calificados a través de programas de entrenamiento. Seamos honestos y reconozcamos que eso no es posible. Muchos deberían ingresar a un programa de retiro voluntario con disfrute de una pensión vitalicia. Califiquemos sólo a los que reúnan las condiciones para ello y contratemos maestros extranjeros de calidad. No sé usted, pero yo apoyaría el canje de la Ley 108-10 de incentivos tributarios a la industria cinematográfica por la contratación de 800 maestros calificados del exterior para entrenar a los nuestros, pero también, para asumir la docencia en nuestras escuelas y liceos. No esperemos mejoras significativas en PIISA 2018. Pero trabajemos con la mira puesta en PIISA 2021.
