Los dominicanos nos caracterizamos mucho por ser olvidadizos, claro, cuando nos conviene, y en cuestiones de política y de partidos es muy común pasar la página de manera fácil e iniciar una nueva.
Hace aproximadamente ocho años, fue sometido al Congreso un proyecto de ley que podría pasar factura a los funcionarios al término de sus obligaciones, con la intención de detectar y evitar el enriquecimiento ilícito a costilla del erario, o recuperar bienes acumulados de manera irregular. Hablamos del proyecto de ley de extinción de dominio.
Imagino el “dolor” en el alma que sintieron ciertos “honorables” cuando el proyecto le cayó en las manos. Algunos, haciendo uso de su inteligencia dieron su visto bueno, y lo aprobaron, a sabiendas de que la pieza encontraría piedras en su camino. De hecho, el proyecto perimió en varias legislaturas.
El año pasado, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, comenzó a desempolvar el proyecto de ley y a presentarle otra cara, sobre todo, luego de los sonados casos de corrupción administrativa de la pasada gestión de gobierno, en cuyos expedientes figuran los hermanos del expresidente Danilo Medina y colaboradores cercanos a éste.
El tema camina y va lejos, pues hasta el propio presidente Luis Abinader lo ha tocado y ha dicho en reiteradas ocasiones que lo apoya, y no solo eso, sino que llamó a sus legisladores para que se sumen a ese gran propósito hasta lograr su aprobación final.
Ahora bien, la pregunta del millón: ¿Estarían los legisladores perremeístas, que son mayoría en ambas cámaras, dispuestos a cumplir con el mandato del del Presidente? ¡Cosas veredes Sancho!
El proyecto de ley de extinción de dominio lleva más de siete años dando tumbos en el Congreso. Mientras unos cuanto lo aprobaron, otros le dieron bola negra y las razones son obvias: ningún político corrupto quiere que le toquen “sus bienes”, ni ser procesado ante la justicia.
Algunos medios de comunicación han publicado reacciones de políticos y congresistas en torno al tema, el cual ha creado pánico en algunos de ellos, ante la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en algún momento en ambas cámaras.
La pieza también es retroactiva como está planteada, es decir, que tocaría aquellos casos de corrupción que mantienen procesos abiertos, como son los más de seis que trabajó el año pasado la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA).
Pero no solo a los funcionarios del gobierno tocaría este proyecto de ser convertido en ley, sino a todos aquellos que hayan acumulado fortunas de manera irregular, así como malversación de fondos públicos. Esta incluiría a empresarios y personas, por ejemplo, que evaden impuestos y roban al Estado.
El senador Antonio Taveras está en los aprestos de recolectar un millón de firmas de ciudadanos para impulsar el proyecto, a través de la campaña “recuperando lo robado”.
La nueva legislatura inició el pasado 27 de febrero y el clamor es que finalmente sea aprobada, pero además hacerla cumplir cuando sea promulgada, porque de lo contrario pasaría a formar parte de otras leyes que terminan siendo de mucha espuma y poco chocolate.
