En momentos en que el debate sobre la seguridad ciudadana en República Dominicana se encuentra en un punto intenso, uno de los temas que se discute es la manera en que la delincuencia también ha penetrado las paredes de la Policía Nacional y por ello aterra pensar que a la inseguridad hay que agregarle un componente de duda respecto a quién temerle más, si a policías o a delincuentes comunes.
Representantes de distintos sectores, incluida la Iglesia católica, han externado en ocasiones su preocupación por entender existe un deterioro en la Policía Nacional que en ocasiones se pone en evidencia.
No obstante, el actual jefe de la institución ha expresado que tendrá cero tolerancia con el delito, especialmente con los miembros de la Policía que delinquen, y el mismo ha evidenciado en su accionar coherencia con sus palabras. Esto así, porque ha tenido la responsabilidad de investigar y canalizar la cancelación de muchos de los agentes policiales en los que se ha podido detectar la comisión de delitos, lo que muestra buenas intenciones de la cabeza de la Policía Nacional.
Sin embargo, para que no tenga un efecto contraproducente, cuando se efectúen cancelaciones como consecuencia de inconductas de los agentes y participación en hechos delincuenciales es necesario completar el esfuerzo con un sometimiento judicial que generalmente en estos casos no ocurre.
Un expolicía que ha delinquido tiene más potencial de causar daño que un delincuente ordinario sin formación policial. La razón de esto es que, como antiguo policía, tiene acceso a información privilegiada, sabe a quién acudir en ciertas circunstancias, conoce la manera de pensar y de reaccionar de los agentes; conoce sus códigos y claves secretas, las órdenes que usualmente reciben para cada situación y es en general poseedor de una serie de ingredientes que lo convierten en un peligroso experto en delincuencia.
Por tal motivo, la simple cancelación como castigo podría tener efectos contrarios a los deseados toda vez que se estaría arrojando a las calles, ahora sin un salario fijo, a un grupo de personas que sabe mucho sobre criminalidad y que ha demostrado no tener escrúpulos ni frenos para ser parte de ella.
Es por esto que resulta imprescindible para que el esfuerzo rinda algún tipo de frutos que la Policía Nacional dé seguimiento a las cancelaciones de agentes hasta lograr un sometimiento judicial y una posterior condena de los mismos. De lo contrario, la buena voluntad se quedará en los discursos.
