La conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer todos los 25 de noviembre coloca sobre el tapete los avances y los desafíos a los que se enfrenta la mitad de la población humana, con énfasis particular en las muchas formas de violencia, discriminación e injusticias sistémicas a las que son sometidas mujeres y niñas.
Actualmente, en la República Dominicana, existe un caso que nos llama a reflexionar sobre la justicia, la injusticia y también sobre las distintas formas en las que algunas mujeres son castigadas por cometer errores. Es el caso de Berkis Brazobán. Ella es una mujer pobre, indocumentada, madre soltera de dos criaturas, que no concluyó la educación primaria y que, antes de ser condenada en junio del 2019 a 30 años de prisión, vivía en condiciones de precariedades extremas con su hijo de cuatro años y su bebé de menos de un año.
El papá de la bebé no se responsabilizó ni la ayudó durante el embarazo. Cuando nació, no la declaró ni la ayudó con la manutención. De hecho, cuando se enteró de que Berkis estaba embarazada, le ofreció mil pesos para que abortara tomándose pastillas. Ella utilizó ese dinero para hacerse una sonografía en la Maternidad de la Altagracia que le reveló el sexo de su bebé: una niña. “Cuando le salió una hembrita, ella lo que hizo es que brincó pa arriba. ¡Se puso contenta!”, expresa Cecilia Brazobán, la mamá de Berkis.
Berkis protagonizó un lamentable incidente que la llevó a la cárcel. Su bebé de 11 meses estaba enferma con diarrea y Berkis no tenía dinero ni para comprarle alimentos, toallitas ni pañales. El papá de la niña se había ido para Haití, sin explicar cuándo regresaría, desentendiéndose aún más de la situación. “Dormía con sus dos hijos en una casita donde lo único que hay es la base oxidada de una pequeña camilla y una pequeña cama hecha con tablas cobijadas con ropas y trapos viejos”, expresa Cecilia.
Frustración y enojo acumulados se apoderaron de Berkis Brazobán cuando ella se grabó simulando asfixiar a su bebé, enviándole el video al papá para provocar alguna reacción. La familia de él se escandalizó, y publicó el video en las redes sociales, donde se esparció como la pólvora. En su momento, Cecilia le expresó a periodistas de elCaribe el contexto de este accionar desesperado: “La niña se le enfermó. No hay pamper, no hay leche, no hay nada. Y ella ahí hizo el video. Pero ella no hizo el video para matar a su bebé. Ella hizo el video, se lo mandó a él para que él le mandara el dinero o que él viniera”.
Es decir, Berkis jamás tuvo la intención de matar a su bebé. La misma niña que tanto la emocionó y que ella había decidido gestar a término. “Durante la relación no la vi maltratar al otro niño, durante la relación era buena con mi familia… Yo creo que lo hizo por celos, desde que ella dio a luz no le vi comportamiento de agresividad, ni hacia a mí ni hacia la niña. Durante esos once meses, el trato de ella con la niña era muy bien. La cuidaba bien, la tenía limpiecita y si le faltaba algo me decía”, ha declarado el papá de la bebé ante uno de los tantos Tribunales. Berkis lamentablemente intentó manipularlo a él, pretendiendo hacerle daño a la bebé. Este error es grave. Pero, ¿es lo suficientemente grave como para ameritar una condena de 30 años de cárcel?
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo y la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación consideraron que en ese video ella cometió tortura y barbarie, lo cual castigaron con la pena máxima contemplada en nuestro actual Código Penal. A pesar de que el Instituto de Patología Forense estableció que la niña no recibió ninguna lesión física, el Ministerio Público ha insistido en esa condena porque considera el caso “de interés público”.
Justicia no solo debería ser conseguir sentencias severas:, justicia también debería ser establecer la paz, promover la toma de conciencia ante conductas inadecuadas y educar.
Existen métodos alternos para que quede claro ante la sociedad que el accionar desesperado de Berkis fue incorrecto y sancionable, sin que le otorgue una condena desproporcionada.
Personas de la comunidad de Guanuma, en Santo Domingo Oeste, así como las dos abuelas que hoy crían un niño y una niña separados entre sí y separados de su mamá, claman por la sensibilidad de la justicia. “Por favor, tengan piedad. Revisen ese caso,” expresó una vecina.
¿Quién se beneficia de tener a una mujer pobre y arrepentida separada de su familia, a una comunidad pidiendo misericordia, y al mismo querellante abogando por piedad ante la madre de su hija?
El papá de la bebé, quien interpuso la querella, la retiró. Y le pidió al Tribunal que le dé una oportunidad para que Berkis pueda salir de la cárcel a criar a su hija y a su hijo, ya que esta, a pesar de ese error, no es capaz de cometer actos de violencia. Al acudir a la primera audiencia en la que la Suprema Corte de Justicia conoce el recurso de casación en el caso de Berkis Brazobán, el padre que la denunció, pidió clemencia: “Que la liberen… (debieron castigarla) de otra manera”, dijo el joven. Justicia para el querellante hubiesen sido dos o tres años de cárcel, como máximo. “No más de ahí. Ella me dice que se siente arrepentida, que se siente muy mal y que la perdone. En mi caso, yo la perdoné”.
Cecilia, la abuela, quien hoy cría sola al nieto de seis años, afirma: “Yo creo que con Berkis fueron tan crueles porque ella es pobre, de ascendencia haitiana y no tenía respaldo de nadie. Yo lo creo así. ¿Por qué razón? Porque estoy mirando en la televisión tantos casos que han pasado y (a ella) le han dado una pena de 30 años, cuando no ha matado a nadie”. Este es un punto extremadamente importante que nos llama a comparar los 30 años que pesan contra Berkis por un crimen que no cometió, frente a las condenas que reciben muchos hombres por cometer violencia contra mujeres y niñas, incluso feminicidios.
Este pasado octubre, la Fiscalía Hermanas Mirabal en Tenares, obtuvo una condena de 10 años de prisión contra un hombre que abusó sexualmente de una niña de 12 años de edad. La violencia física, sexual y psicológica contra esa niña no fue mentira ni pretensión: fue un hecho real y ese hombre fue condenado a solo 10 años de cárcel.
A mitad de noviembre, el Tribunal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana emitió una sentencia contra un hombre acusado de violar sexualmente a su propia hija desde que ella tenía 12 años de edad. Las amenazas, el maltrato físico y psicológico, así como las violaciones sexuales contra esa niña, se prolongaron durante 4 años. A ese padre violador lo condenaron a 20 años de cárcel.
En agosto del 2021, un Tribunal de Villa Altagracia le impuso 20 años de cárcel a un hombre que apuñaló a su pareja hasta asesinarla. Ese mismo agosto, otro Tribunal, esta vez en Azua, condenó también a 20 años de cárcel a un hombre que mató a su propia tía a golpes. No podemos nunca olvidar que, en septiembre del 2018, un hombre tiró viva a una mujer de un octavo piso (matándola inmediatamente) y el Ministerio Público lo que solicitó fueron 20 años de cárcel contra el feminicida por “homicidio involuntario”, consiguiendo esa condena en marzo del 2021.
A finales de marzo del 2021, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a un hombre de 63 años a 20 años de cárcel por pagar para que le rociaran “ácido del diablo” a una adolescente de 16 años, cuando esta salía del centro educativo donde estudiaba. El hecho ocurrió en el año 2006 y esa niña falleció un mes después del ataque como consecuencia del mismo, por lo que se podría decir que el accionar de ese hombre provocó un asesinato. El Ministerio Público expresó al respecto: “Este caso lleva 16 años en los tribunales y hoy los jueces han hecho una correcta valoración de las pruebas referenciales”.
Durante el proceso se reveló que ese hombre de 63 años hostigaba a la víctima, quien no le correspondía, y ante su rechazo decidió desfigurarla, lo que la condujo a su muerte siendo una adolescente. A esa adolescente, saliendo de su escuela, le arrebataron su vida y, en su ausencia, esa familia tiene un vacío que nada ni nadie podrá llenar.
Un hombre mandó a que le rociaran “ácido del diablo” a una niña, ella muere al mes siguiente, y la justicia dominicana tarda 16 años en condenarlo. Mientras tanto, un Tribunal de Santo Domingo condenó a Berkis el 11 de junio del 2019 a 30 años de prisión, se apeló esa sentencia y ya el 16 de enero del 2020, la Corte de Apelación ratificó la condena. ¿Por qué la celeridad para sentenciar contra Berkis Brazobán?
¿Cómo es posible que hombres que agreden, violen, asesinen y provoquen la muerte a niñas y a mujeres reciban condenas menores que mujeres que no mataron a nadie? ¿Cómo es posible que los errores desesperados de las mujeres sean considerados penalmente más graves que la violencia cometida por los hombres? ¿Cómo se justifica que hombres que cometen hechos consumados de violencia contra niñas y mujeres reciban condenas más misericordiosas que una joven que, dentro de la pobreza extrema y el desasosiego, solo simuló cometer una ilegalidad?
Berkis Brazobán cometió un error serio, que nadie minimiza. Ella ha atravesado su purgatorio y se encuentra arrepentida. Siempre ha mantenido que su intención nunca fue agredir a su hija, quien hoy se cría sin su mamá. La justicia no puede ser solo meterle cárcel a la gente que comete errores y pretender que con eso se resuelven problemas de criminalidad.
Justicia debería ser también reflexionar sobre el viacrucis de mujeres como Berkis Brazobán, analizando agravantes y atenuantes, y entender que, en su caso, quienes probablemente estén cometiendo un acto de barbarie, son los tribunales que se han empecinado en castigar desproporcionadamente a una joven que necesita apoyo psicológico, moral y económico, no sentencias draconianas.
Este caso se encuentra en proceso de casación y actualmente la familia está esperando el fallo de la apelación de la condena en la Suprema Corte de Justicia. Todavía hay tiempo para reconsiderar y hacer justicia formativa ante las inconductas y los errores, pero de manera humana y con equidad.
