La pandemia ha mostrado de forma indiscutible y en una bonita cara el gran valor del Estado como fundamental institución de la sociedad. Por aquí el proceso de vacunación es un acontecimiento impresionante en el que desde el Estado se ha inoculado ya a millones de personas sin distingos de nivel económico, sexo, raza o creencia religiosa.
Aunque el desarrollo humano no se concibe al margen de la función protagónica del Estado, la verdad es que no pocas veces quienes lo dirigen se constituyen en reales obstáculos al desarrollo. En distintos grados es posible ponderar sus ejecutorias.
Desde tiranías capaces de infringir grandes daños o aquellos que aún con hasta buenas intenciones no entienden el efectivo camino hacia el desarrollo y sus resultados generan todo lo contrario. O cuando en una importante proporción los funcionarios del Estado tienen como propósito utilizar sus puestos para enriquecerse y con lo cual provocan un doble crimen: desvían su atención en cuanto a impulsar efectivamente el desarrollo humano, al tiempo que disponen de los recursos generalmente muy limitados respondiendo a sus mezquinos intereses.
Una relectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 ya pone en clara evidencia en la conciencia planetaria lo que significa el desarrollo humano: como en el artículo 25 expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado o el 26 en cuanto a que toda persona tiene derecho a la educación. O ya en el anterior artículo 22 el que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social con implicaciones tan relevantes como la salud y una vejez digna y protegida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos amplió sus alcances mediante otros textos de consenso internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966. Y a partir del 1990 y habiendo identificado formas precisas de medir el desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- presenta claramente sus factores asociados y avances relativos en sus informes anuales.
Como se puede bien entender de lo dicho, una condición fundamental para ese desarrollo es el efectivo funcionamiento del Estado en sus poderes: Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Electoral, Municipal, de Control Estatal, como la Cámara de Cuentas y en importantes aspectos de la economía, el Banco Central.
La pandemia ha permitido ver más claramente la relevancia del Estado en sus seis poderes para que sus reales propietarios-todas las ciudadanas y ciudadanos- lo vigilen permanente, lo protejan o luchen en sus distintas formas, cuando sea requerido.
