En 2015 fue firmado un importante acuerdo de colaboración por las cabezas del Ministerio de Medio Ambiente y de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial relativo a la protección de la biodiversidad en el país.
Al menos en teoría, el propósito de este convenio interinstitucional es armonizar la normativa legal sobre recursos biológicos, crear mecanismos para un efectivo intercambio de información, asegurar un sistema de asistencia técnica para el acceso a beneficios compartidos, crear una marca con certificación ambiental, y entre otras cosas elaborar un reglamento sobre propiedad industrial y acceso a recursos genéticos.
Han transcurrido más de cinco años y las partes signatarias no parecen haber avanzado en utilizar el acuerdo para crear las citadas herramientas y quizás no han entendido a plenitud que en temas relativos a la biodiversidad tienen mucho terreno común de trabajo y que el convenio es una plataforma idónea para retomar algo que fue brevemente discutido en el Congreso Nacional pero desechado y minimizada su relevancia: La bioprospección y su riesgo de convertirse en biopiratería.
República Dominicana ocupa el primer lugar en biodiversidad de las Antillas y el tercer lugar mundial en biodiversidad insular. No obstante, el inicio de algunas investigaciones sobre elementos de la diversidad biológica dominicana que pretenden extraer conocimientos, fórmulas y materia prima para fines comerciales a partir de nuestra biodiversidad, conllevan un riesgo de apropiación por parte de entidades extranjeras (universidades, gobiernos o empresas), generalmente mediante patentes de invención, de conocimientos producto del estudio de la biodiversidad del país sin la correspondiente compensación.
Un ejemplo de esto es el medicamento Vincristine, de la empresa Eli Lilly, el cual es utilizado para tratar ciertos tipos de cáncer infantil y fue desarrollado como consecuencia de las investigaciones hechas en las planta catharanthus roseu, nativa de Madagascar. El medicamento es sumamente costoso, muy lucrativo para la empresa que lo comercializa y no representó beneficio alguno para el país africano que prestó su biodiversidad y los conocimientos empíricos de sus pobladores sobre los usos de dicha planta para esos fines.
Es lógico deducir que la biopiratería puede tener consecuencias desastrosas para un país, desde reducir o destruir ciertas especies hasta disminuir el acceso a medicamentos de muchos consumidores como consecuencia de los altos costos fijados por la entidad explotadora.
Por ello, debería Medio Ambiente en conjunto con la ONAPI retomar el interés y en base al acuerdo firmado discutir mecanismos para prevenir la biopiratería, a fin de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras y evitar el acceso, la exploración, la prospección y la apropiación no autorizados de los elementos de la biodiversidad dominicana.
