Durante la campaña electoral norteamericana que concluyó el pasado 3 de noviembre, en múltiples ocasiones escuchamos la advertencia que, de ganar el Partido Demócrata, la economía más grande del mundo ingresaría al grupo de países regidos por el modelo socialista. La Venezuela de Maduro, la Cuba de los Castro y la Corea del Norte de los Kim trazarían el camino a seguir por los Estados Unidos de los “Bikawasaoc” (Biden-Kamala-Warren-Sanders-AOC).
El planteamiento, en realidad, era una simple tomadura de pelo. El hecho de que el Partido Demócrata haya planteado la necesidad de mejorar la equidad, ajustar gradualmente el salario mínimo, establecer un pilar público para millones de estadounidenses que no califican para el Medicare, y ofrecer educación universitaria gratuita a millones de jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos que evite endeudarlos más allá de sus posibilidades para pagar sus estudios en universidades estatales o privadas, no es sinónimo de tránsito hacia el socialismo. Estos planteamientos que escuchamos durante la campaña electoral estadounidense, no resultan extraños ni sorprendentes a quienes vivimos en países de economía de mercado donde el Estado reconoce el papel que debe desempeñar para apoyar a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios. Es eso, precisamente, lo que manda el Principio de Subsidiariedad del Estado: “intervenir en la economía siempre y cuando pueda, con mayoría propia o por consenso, aprobar leyes que le permita participar en razón del interés nacional, cuando ningún particular lo pueda hacer de momento, ya sea por no serle rentable para recuperar su inversión, carecer de medios, alto riesgo, garantías u otra razón objetiva.”
Es realmente eso lo que ha estado sobre el tapete en el debate ideológico entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Muchos nunca han objetado que el Estado intervenga con trillones de dólares si el objetivo es salvar a la banca y evitar el colapso del mercado de valores. Pero se rasgan las vestiduras cuando se plantean acciones contundentes que persiguen ofrecer una real igualdad de oportunidades, mejorar la equidad distributiva y asegurar un mínimo de bienestar a todos. Los estadounidenses merecen un debate menos basado en etiquetas y más en planteamientos transparentes sobre las opciones. Necesitan líderes republicanos que expliquen el porqué entienden que los planteamientos de los demócratas erosionarían la competitividad de la economía norteamericana. Los demócratas, por su parte, deben explicar el porqué la competitividad no resultaría afectada y presentar el costo real de las intervenciones que el Estado tendría que realizar para cumplir con el mandato del Principio de Subsidiariedad. En otras palabras, estimar con precisión, el costo de la propuesta “progresista”. Sólo así, los norteamericanos votarían teniendo información veraz y completa, evitando luego naufragar en el mar de las desilusiones.
Muchos de los jóvenes economistas progresistas que asesoran a los líderes del Partido Demócrata, no esconden la admiración que sienten por los países nórdicos, geografía de notable equidad distributiva, provisión estatal eficiente de servicios sociales y elevado índice de felicidad. Si esos son los modelos a seguir, los economistas progresistas deberían explicar que, para llegar ahí, los estadounidenses deberán pagar más impuestos. Como diría Friedman, “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”.
En Estados Unidos, los ingresos del Gobierno alcanzaron el 29.4% del PIB en el 2019. En los países nórdicos, los gobiernos recibieron ingresos que oscilaron entre el 58.6% de PIB en Dinamarca y el 43.1% en Islandia, con un promedio de 51.2%. Al apropiarse de la mitad del PIB, los gobiernos de los países nórdicos han podido ofrecer a la población servicios sociales eficientes y con cobertura generalizada. Aunque sus economías no son las más competitivas del mundo, lugar que corresponde a Singapur (1), Estados Unidos (2) y Hong Kong (3), sus posiciones en el ranking son muy buenas: Suecia (8), Dinamarca (10), Finlandia (11), Noruega (17) e Islandia (26).
¿Están los norteamericanos dispuestos a pagar un impuesto sobre la renta personal a la tasa marginal máxima de 57% que cobran los gobiernos de Dinamarca, Noruega y Suecia? ¿O de 58.4% que cobra el de Finlandia? En EUA, la tasa marginal máxima (federal + estatal) oscila entre 39.9% y 50.3% dependiendo del Estado en que resida la persona, con lo cual recaudan 9.9% del PIB.
Islandia, con una tasa marginal máxima (46.4%) cercana al promedio de la estadounidense, recauda 14.5% del PIB, casi 50% más que EUA.
¿Aceptarían las empresas estadounidenses que les eleven la tasa corporativa de 21% a la moda de 25% que prevalece en los países nórdicos, conjuntamente con el cierre de todos los “loopholes” y exenciones que han dado lugar a que, en el 2019, el gobierno norteamericano apenas haya recaudado el 1.1% del PIB por impuestos sobre la renta de la empresas, un monto ridículo cuando se contrasta con el 6% del PIB recaudado por Noruega o 3% de Suecia y Dinamarca?
¿Estarían los economistas progresistas del Partido Demócrata dispuestos a encabezar una reforma fiscal integral en los EUA que establezca un impuesto al valor agregado (IVA) como el que prevalece en la mayoría de los países del mundo y que ha permitido a los países nórdicos, con una tasa del 25%, generar ingresos fiscales derivados de impuestos sobre bienes y servicios que van desde el 12% al 15% del PIB?
¿Aceptarían los estadounidenses, armados hasta los dientes como están, el establecimiento de impuestos selectivos sobre los combustibles como los que pagan los daneses, noruegos, finlandeses, suecos e islandeses? ¿Aceptarían que, en lugar de pagar un precio de US$2.10 por el galón de gasolina, se les cobre el precio promedio de US$6.00 vigente actualmente en los países nórdicos?
Mientras el gobierno estadounidense siga percibiendo ingresos en la vecindad del 29%-30% del PIB, el tránsito a una economía social de mercado como la de los países nórdicos que parecen favorecer los economistas progresistas del Partido Demócrata, será imposible. El que desee un “Welfare State” nórdico, tiene que reconocer que, con tributación directa únicamente, por más ajustes que hagan, no se llega. Se requerirán de impuestos indirectos considerables, difícil de plantear y aprobar en democracias, mucho más en democracias de ciudadanos armados para evitar abusos de una autoridad gubernamental que pueda percibirse como tiránica. Mientras eso no suceda, tranquilos. Lo único que veremos serán cambios impositivos marginales y una multitud de promesas incumplidas.
