La Declaración Universal de los Derechos del Animal del 23 de septiembre de 1977 parte de la situación de desprecio y maltrato que sufren los animales para establecer que los mismos tienen derecho al respeto, a existir, a la debida atención, cuidados y protección por parte del hombre, advirtiendo que este no puede atribuirse el derecho de exterminarlos o explotarlos. Incluso para los casos en que sea necesaria la muerte de un animal establece como exigencia que la manera de provocarla sea “instantánea, indolora y no generadora de angustia”.
Entre otras cosas la Declaración establece una obligación para las autoridades públicas de exigir que los derechos de los animales sean defendidos por leyes específicas, y en consonancia con esta disposición hay 65 países con leyes especiales de protección animal, 12 de los cuales están en el continente americano.
Aunque requirió de mucho tiempo y esfuerzo finalmente en el 2012 se promulgó en República Dominicana la Ley no. 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, con importantes disposiciones para prevenir y castigar el maltrato y la crueldad contra animales en nuestro país.
Uno de los aspectos esenciales y más discutidos durante la elaboración de la ley era la necesidad de creación de albergues para que existiesen espacios disponibles como hogares temporales de numerosos animales y especialmente perros callejeros que se encuentran en condiciones deplorables por no tener un lugar en el que reciban cuidado y alimentos. Por ello, se estableció como una exigencia para cada Ayuntamiento habilitar un albergue, por entenderse que no requiere una cantidad importante de recursos en comparación con el trascendental problema que resolvería.
A pesar de estar en la ley, todos los Alcaldes del país ignoraron el tema con excepción de Roberto Salcedo cuando era Alcalde del Distrito Nacional, quien ubicó un espacio idóneo en la ciudad para estos fines y sostuvo reuniones con grupos que trabajan con animales para empaparse de información. Sin embargo, al Alcalde que le sucedió esto francamente no le importó y el proyecto fue simplemente engavetado a pesar de que no sólo es una necesidad sino también una exigencia de la ley.
En estos momentos tal parece que Santiago será la primera ciudad del país con un albergue, pues Abel Martínez ha expresado estar comprometido con el cumplimiento de la ley y ha mostrado mucho interés y preocupación por la desprotección de seres vivos en estado de vulnerabilidad. Ojalá los demás se sientan inspirados por su ejemplo. Esperamos por ellos.
