María tiene 13 años, su madre llamó a su papá que se encuentra en San Juan trabajando para ganarse la vida para decirle con la voz entrecortada: la niña se fue.
El papá que no vive con la madre escucha la triste noticia, pero decide no preocuparse más de la cuenta, porque muchos problemas ya tiene él con sobrevivir con un empleo que no le da ni para comprar lo que necesita para comer. El joven con quien María huyó tiene 20 años y aunque la madre le pide al papá que lo denuncie porque es una violación a una menor, el papá de la niña asegura que no hará nada.
Como María son muchas las niñas y adolescentes que viven en nuestros barrios y pueblos que ante las desigualdades sociales y precariedad por las que atraviesan sus familias deciden irse a los brazos de un hombre que en muchos de los casos les dobla la edad, con el sueño de que tendrán una vida mejor.
Desde hace días se habla en los medios de una menor violada por un artista urbano que ha encontrado apoyo en otros exponentes, incluyendo mujeres, quienes piden que la justicia dominicana, les de la bendición y lo envíe a su casa, sobre todo porque la chica en cuestión tiene según dijo una de ellas –muchas millas–, calificativo usado para denigrar a la mujer que ha tenido una vida activa sexualmente.
La realidad que viven muchas de nuestras niñas y adolescentes es crítica y alarmante partiendo de un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que señala que el 61% de las niñas y adolescentes dominicanas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
El estudio revela algo peor: “los casos en que menores de edad son sometidas a algún tipo de violación sexual son más frecuentes de lo que salen a luz pública”.
Si este artista cometió el hecho que se le imputa, debe pagar por lo sucedido, al igual que cualquier persona que infrinja las leyes establecidas que garantizan los derechos de los niños y adolescentes.
Es oportuno a propósito de que estos días todos los ojos están puestos en el tema evaluar y revisar las políticas públicas dirigidas a la niñez y a los adolescentes, de manera que podamos aplicar mejoras sustanciales que no deben ser postergadas.
