Es de gran consenso nacional que no hay otra prioridad en el país que no sea enfrentar la terrible pandemia que ha provocado el virus SARS-CoV-2.
La prudencia y sensatez del liderazgo nacional en sus distintos ámbitos si bien contribuye a las más efectivas respuestas ante tan trascendental desafío obliga, al mismo tiempo, a despejar el camino de los venideros meses en cuanto a evitar obstáculos o dificultades que desvíen o perturben el sentido de prioridad que tiene la presencia en el país de la tan infecciosa enfermedad COVID-19. Y eso así por cuanto no sólo el camino hacia una vida normal no se ha despejado, sino que aún no es posible al menos proyectar la vuelta a la normalidad relativa.
Aunque la referencia nacional de algo similar es muy lejana en el tiempo y podría ser no comparable, renombrados historiadores han documentado la duración en el país de la Influenza de 1918 en 11 meses, desde noviembre de 1918 hasta octubre de 1919 cuando las autoridades de entonces la consideraron terminada.
Los expertos y autoridades nacionales de Salud con la colaboración internacional podrían proyectar en distintos escenarios los tiempos para retomar relativamente la vida normal, o al menos la asunción de condiciones mínimas para movilizar una importante parte de la población en actividades en las que han de concentrarse un gran público como las pendientes elecciones presidenciales y congresuales.
Lo dicho se enmarca en el hecho de que tenemos ese compromiso nacional que no hubiésemos querido que coincidiera en el tiempo con tan grave problema de salud pública, pero la realidad ha impuesto a la nación dominicana esa compleja situación.
¿Qué hacer?
Lo más importante es la búsqueda de una respuesta de consenso y ya la Junta Central Electoral (JCE) ha dado un muy importante primer paso, llamando a consultas a los partidos políticos reconocidos, los que habrán de pronunciarse a más tardar el próximo 9 de abril.
La JCE bien podría ampliar esa consulta a distintas organizaciones de la sociedad, conjugando la consulta institucional que es la que se ha sometido, con lo que se denomina consulta abierta.
Más allá de las formas de las consultas, objetivamente procede considerar dos escenarios principales: antes y después del 16 de agosto. Además procurar que el proceso sea lo más abierto posible combinando las respuestas escritas, como se ha establecido, con la posterior discusión de las opciones por la vía de reuniones virtuales ante el país o al menos que se graben para su mayor difusión y más amplio conocimiento posible, fortaleciendo así la democracia aún en tan desconcertante circunstancia.
