Ahora que está sobre el tapete realizar algunas reformas, es de pertinencia que se modifiquen las actuales legislaciones que rigen la actividad política -Ley 33-18 y 15-19, sobre Partidos Políticos y Régimen Electoral-, pues no es ético ni de respeto ciudadano que alguien se postule por un partido y una vez logre ser elegido -representando unas determinadas siglas- los votantes sean testigos de cómo alegremente o bajo cualquier subterfugio -nada doctrinario-ideológico- se pase a otro, en mudanza o transfuguismo, sin ton ni son.
Esa “práctica” política -que no es nueva- y su aliento deben llamar la atención de la ciudadanía y de los partidos políticos, pues expresa el poco respeto que se le tiene a la voluntad libérrima expresada en las urnas a favor de una determinada organización política, agrupación o movimiento, ya que nadie se postula por su cuenta o nombre, sino bajo la sombrilla de unas siglas. De modo que, se hace imperativo legislar para que los puestos a los poderes públicos, vía elección popular, pertenezcan a las instituciones políticas; de tal manera que, si alguien quiere cambiar de partido, una vez alcanzada una posición de elección legislativa-municipal, no pueda hacer mudanza o maroma política llevándose la posición y, de paso, burlarse del partido que lo postuló y de los ciudadanos que marcaron la casilla de su otrora partido.
Legislar al respecto contribuiría mucho al adecentamiento de la actividad política, ejercicio de los poderes públicos y se estaría fomentado institucionalidad democrática, puesto que cuando se tolera y se permite el transfuguismo estamos premiando deslealtad ciudadana y partidaria, pues lo correcto es que, si alguien ya no comulga con los principios o postulados de un determinado partido político, debería renunciar antes de ser postulado pues no es verdad que nadie descubre, de golpe y porrazo, que su partido “abandonó sus principios fundacionales”.
Por supuesto, excusa-cliché barata que, en el fondo, escode una “estafa política” como la han tipificado, con certeza, algunos tratadistas.
Finalmente, el transfuguismo es eso: una “estafa política” cuestionable -y más si se realiza, como estamos viendo, para ejercer una representación legislativa o municipal a nombre de un “partido” que no la ganó-. Sin embargo, con el anuncio de reformas, se nos presenta una maravillosa oportunidad para sancionar, ejemplarmente, esa “estafa política” y otros entuertos.
Y no es que nadie esté obligado a militar en un determinado partido político; pero, al menos, tampoco debería usarlo para mudanza o aumentar la representación parlamentaria o municipal de una entidad política que nadie o pocos votaron. Así no se puede hablar de democracia ni de “principios fundacionales”. ¡Vamos a respetarnos!
