El operativo se ejecutó en la mañana del 8 de septiembre del 2011. Las perpetradoras, 300 organizaciones sociales y representantes de la Coalición Educación Digna, apuntando con sombrillas amarillas, obligaron a diez candidatos presidenciales de las elecciones del 2012, a comprometerse con el gasto de 4% del PIB en educación. No importaba que los ingresos apenas llegasen a 14.2% del PIB, implicando que, de cada 100 pesos ingresados, más de 28 tendrían que destinarse a educación, el nivel más elevado de la región. Mucho menos, que una gran parte del aumento en el gasto iba a ser destinado a un cuerpo magisterial incapaz de asimilar la formación docente requerida para mejorar la calidad del servicio.
¿Resultado? En primer lugar, el Gobierno no pudo eliminar el déficit del sector público consolidado de 7.9% del PIB que heredó en el 2012; apenas pudo reducirlo a 3.3% el año pasado, déficit que ha sido financiado año tras año con endeudamiento público.
En segundo lugar, los secuestradores de la clase política no tuvieron el coraje de advertir a los políticos que, con ese cuerpo docente, no era posible mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, por más dinero que gastasen en él. Claro, eso acarrearía un nivel de impopularidad en los proponentes del 4% que estos no estaban en disposición de asimilar. Ninguno tuvo el valor de exigirle a la clase política secuestrada que había que contratar miles de maestros calificados en el exterior. Muchos de los perpetradores del secuestro tienen hoy la cachaza de criticar al Gobierno por los pobres resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las pruebas PISA 2018, donde prácticamente replicaron las bajas calificaciones obtenidas en las del 2015.
Como nadie en la sociedad civil se atreve a plantearlo, ninguno de los candidatos a la presidencia en las elecciones de mayo próximo ha querido asumir el costo político de decir la verdad: con ese cuerpo docente, no será posible mejorar la calidad de la educación, sin importar que gastemos 5%, 6% o 7% del PIB en ese servicio público.
En vez de asumir su responsabilidad, los secuestradores escurren el bulto, desenfundan sus sombrillas verdes y apuntan hacia lo que tipifican como una retranca para el progreso económico, social e institucional del país: la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Han presionado a los candidatos a la presidencia para que se comprometan con una reforma constitucional que establezca que el Procurador General de la República, en vez de ser nombrado por el Presidente de la República, sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Según los asociados y sus redes, ahí reside el Santo Grial para acabar con la corrupción. Al escuchar la propuesta, inicialmente pensamos que ese es el modelo predominante en la mayoría de los países del mundo, y que nosotros, con el modelo de dependencia del Ministerio Público en el Poder Ejecutivo, estamos “passé”. Reconociendo que es un área en la que no tenemos ningún conocimiento, decidimos investigar cómo se selecciona el Procurador General en el resto del mundo.
En Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bermuda, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Bután, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, República del Congo, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Curazao, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Isla de Man, Isla Caimán, Islas del Canal, Islas Feroe, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kirguistán, Kiribati, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Mariana, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Montserrat, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Holanda, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Inglaterra, Siria, República Centroafricana, República Checa, República Dominicana, República Eslovaca, Rumania, Samoa, Samoa Americana, Seychelles, San Martín, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue, el Procurador General es nombrado por el Presidente, el Primer Ministro, el Canciller, el Gobernador General, el Rey, el Sultán, el Príncipe, el Consejo de Gobierno o de Ministros.
En Colombia, Corea del Norte, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Macedonia, México, Nauru, Ruanda, Rusia, Suiza y Vietnam, el Procurador General es nombrado por el Senado, la Asamblea Suprema del Pueblo, la Cámara de Representantes del Parlamento, la Asamblea General, Federal o Legislativa, el Congreso Nacional, el Parlamento o el presidente del Parlamento.
Entonces, ¿en ningún país del mundo el Procurador General es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, como está recomendando nuestra sociedad civil a la clase política para fortalecer la institucionalidad y reducir la corrupción? La búsqueda realizada por el equipo de investigación de la FE&D, encontró tres países donde la elección del Procurador General es realizada por el Consejo Supremo de la Magistratura. Uno de ellos es Camboya, presidido durante los últimos 35 años por el Primer Ministro Hun Sen, cuyo Partido Popular de Camboya, ganó la totalidad de los 125 asientos de la Asamblea Nacional en el 2018, luego de prohibir la participación del principal partido de oposición.
Camboya, a pesar de que su Procurador General es electo por el Consejo Supremo de la Magistratura, exhibe menos institucionalidad y más corrupción que República Dominicana, según el último Reporte del Foro Económico Mundial (2019). El segundo caso es Gabón, colocado en el 2019 en la posición 124 de 180 en percepción de corrupción según Transparencia Internacional. El último caso es Egipto, donde las reformas constitucionales del 2012 y el 2014 establecieron que la selección del Procurador General es prerrogativa del Consejo Supremo Judicial. En el 2011, antes de la reforma, Transparencia Internacional colocó a Egipto en la posición 113 entre 182 países en percepción de corrupción; el año pasado, en la 112 entre 180 países.
Visto lo anterior, debemos reconocer que el modelo de elección del Procurador General de la República que la sociedad civil quiere imponer a los candidatos presidenciales de mayo próximo, es una propuesta innovadora, pues con excepción de la monarquía constitucional autoritaria de Camboya, la “comicracia” gabonesa de 53 años de Bongo padre y Bongo hijo, y de la reforma constitucional del 2012 realizada en Egipto, no la hemos encontrado en ningún otro rincón del planeta. Resulta extraño que, en los 5 países con menor índice de percepción de corrupción del 2019, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, el Procurador General es nombrado por el Primer Ministro, el Gobernador General o el Presidente. Parecería pues, que no van por ahí los tiros.
Un nuevo frente social, visiblemente callejero y dotado de camisetas y paraguas negros, ha surgido a raíz del fallo que sufrió el modelo de voto automatizado el pasado 16 de febrero. Este frente, conformado mayormente por jóvenes, pidió inicialmente la sustitución de la JCE, acusando a sus miembros de confabularse con algún fantasma para sabotear un proceso electoral que colocó a la JCE y sus miembros en una posición vergonzosa. Ninguno de los jóvenes se detuvo un instante a examinar la hoja de vida de Julio César Castaños Guzmán, Roberto Saladín Selín o Carmen Imbert Brugal. Si lo hubiesen hecho, habrían constatado que ninguno de los padres de los jóvenes protestantes es más serio que estos tres servidores públicos. Hubo un fallo y esperamos que la OEA tenga la capacidad y el coraje de decir lo que realmente sucedió.
El grupo de jóvenes protestantes no sólo rechaza a la JCE. Es alérgico a nuestros partidos y líderes políticos, los responsables del progreso económico, social e institucional de los últimos 54 años. Rechazan sentarse con ellos a debatir sus posiciones y prefieren montar su Torre aparte. Están en su derecho. Pero si realmente entienden que la democracia es el mejor sistema político, deben entender que la vía de participación para lograr las reformas que el país necesita es a través de los partidos políticos.
No lo olviden, las reformas se diseñan en el Poder Ejecutivo y se aprueban en el Legislativo. Ambos poderes se nutren de los partidos políticos. Si los actuales son inadecuados, nuestros jóvenes protestantes deberían ponderar la formación de un nuevo partido político. Si observan las estimaciones de la ONE, para comenzar tienen un mercado potencial de 2,153,890 jóvenes (18-29 años), a los cuáles habría que restar los jóvenes inscritos en los actuales partidos políticos del sistema. Una vez logren elegir sus líderes, podrían constituirse en una fuerza determinante para incidir en las elecciones de mayo próximo y sin lugar a dudas, serían una sólida y refrescante opción en las del 2024. Esa es la vía que la Constitución habilita a todo aquel que esté harto, cansado y aburrido de los actuales partidos y líderes políticos, y desee salir de ellos de una vez y para siempre. Pasarse semanas, meses y años gritando y protestando en las calles está bien para subir fotos en Instagram, Facebook y Twitter, pero hace daño a las neuronas. Los secuestros callejeros, a la luz de todo el mundo, son inexorablemente cortos y generalmente improductivos. Anímense, estudien y participen en política. Es la mejor contribución que podrían hacer a la Nación y a nuestra democracia.
