Un incidente ocurrido la semana pasada en Puerto Plata revivió en los medios el interés por el tema de la prostitución y ello condujo a revelar que más de medio millón de mujeres en República Dominicana realiza alguna modalidad de trabajo sexual.
Dado que es una cifra tan alta, resultaría interesante retomar una propuesta que presentó hace 8 años Esther Minyetti cuando era diputada para crear “zonas de tolerancia de la prostitución” (como la conocida “zona rosa” de Amsterdam).
Obviamente se trata de algo controversial, ya que pretende regular un servicio no fiscalizado, socialmente condenado y aún mantenido en el oscurantismo. Por ello, en aquél momento se manejó con pinzas en la Cámara de Diputados y fue olvidado en algún cajón. Sin embargo, el momento luce pertinente para sacarlo a la luz y abrir el debate.
En el país hay una creencia generalizada de que la prostitución está castigada. Lo cierto es que la prostitución en República Dominicana no es ilegal, por lo que cualquiera puede ejercerla sin recibir sanciones. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo, por su directa relación con el crimen de la trata de blancas.
Por tal motivo, el citado proyecto no busca despenalizar el oficio de las trabajadores sexuales porque en nuestra legislación no está penalizado, sino, legalizar para organizar algo que tampoco está regulado y que por ello se presta para muchos perjuicios, como la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
El proyecto, que sin dudas debe ser mejorado en cuanto a forma y fondo, comenzando por variar su condición de escueto, es una excelente iniciativa si seriamente el Estado dominicano decide asumir el reto de regular este negocio, puesto que para ello se necesita una normativa legal detallada que no deje cabos sueltos.
En términos generales, la pieza podría traer beneficios importantes. Por ejemplo, en la actualidad el trabajo sexual se ofrece en muchos lugares, incluyendo frente a hospitales y monumentos históricos, lo que daña la imagen del país frente a los turistas. También, como no existen controles fiscales por no considerarse un trabajo formal, quienes lo desempeñan no pueden aprovechar privilegios como la seguridad social. Y por supuesto, al no existir una exigencia de controles y chequeos médicos, el trabajo sexual es un vector indiscutible de enfermedades graves.
Por consiguiente, aunque este proyecto posiblemente toca fibras sensibles en un país con muchos conservadores y algunos hipócritas, las ventajas que pueden resultar de él hacen que valga la pena considerarlo.
