El uso de los aranceles en los EE. UU. fue una política apadrinada por Alexander Hamilton quien, en su famoso “Informe sobre Manufacturas” de 1791, recomendó el uso de aranceles proteccionistas sobre las importaciones de bienes finales y subsidios gubernamentales para desarrollar la producción local, combinados con bajos aranceles sobre las importaciones de materias primas para fomentar el desarrollo industrial de la joven nación. Hamilton, sin embargo, estaba consciente de los riesgos que se derivaban de una arquitectura de recaudación fiscal altamente dependiente de las tarifas sobre las importaciones. El “founding father” más aventajado en los temas económicos advirtió que tarifas muy elevadas sobre los bienes importados obligarían a otros sectores económicos y a los consumidores a tener que soportar una tributación exagerada en beneficio de las “clases manufactureras”. Una política gubernamental de aranceles exagerados era, para Hamilton, una herramienta que concedería un monopolio prematuro del mercado a las industrias favorecidas por la protección efectiva. En otras palabras, un monopolio que no emanaba de manera natural sino artificial.
A las recomendaciones de Hamilton siguieron la decisión del Congreso de eliminar los impuestos directos y los impuestos especiales al consumo (“excise”) y convertir el arancel en la principal fuente de recaudación; la batalla del secretario del Tesoro, Albert Gallatin, para imponer impuestos internos; la decisión del Congreso de duplicar los aranceles y la sustitución de los ingresos por impuestos internos por emisión de notas de deuda; la aprobación de impuestos internos especiales sobre bebidas alcohólicas para poder honrar los incumplimientos acumulados de deuda; una nueva eliminación de los impuestos internos especiales; el uso intensivo de préstamos para financiar el presupuesto inflado por los costos de la Guerra Civil propuesto por Samuel Chase, el secretario del Tesoro de Lincoln; la introducción de nuevos impuestos especiales y el primer impuesto sobre la renta de los EE. UU. Los altibajos continuaron, pero eso no evitó que, entre 1865 y 1899, los aranceles sobre las importaciones constituyesen la principal fuente de ingresos federales. Durante ese período, que abarca la denominada “Gilded Age” o Edad Dorada de los EE. UU., los aranceles sobre las importaciones representaron, en promedio, el 52% de los ingresos federales. En 1900, la participación había bajado a 41%.
125 años después el patrón de recaudación de ingresos federales en los EE. UU. es dramáticamente diferente. Para el año fiscal 2025, por ejemplo, los ingresos generados por los aranceles sobre las importaciones han sido presupuestados en US$63,276 millones, es decir, el 1.1% del total de los ingresos del gobierno federal, los cuales alcanzaron US$5.56 trillones. En otras palabras, los aranceles representarán ingresos al gobierno federal equivalente a 0.23% del PIB. El arancel promedio efectivo sobre el total de importaciones de bienes sería de 1.5%.
Miembros del gabinete del presidente Trump han sostenido desde la pasada campaña electoral que uno de los errores más graves que ha cometido EE. UU. en toda su historia ha sido sustituir el arancel como principal fuente de recaudación de ingresos fiscales por el impuesto sobre la renta, tanto el que grava los ingresos de las personas como el que grava las utilidades de las empresas. En otras palabras, el desmantelamiento del proteccionismo y la irrupción de la apertura a la competencia representada por las importaciones procedentes del resto del mundo, según algunos de los funcionarios del área económica del gobierno estadounidense, han erosionado gradualmente la grandeza que exhibió la nación estadounidense en 1900. Añoran el “Gilded Age” y quizás por eso han convencido al presidente Trump de que, restaurando la primacía del arancel como fuente de ingresos federales, EE. UU. podría iniciar otra “Golden Age”.
Este planteamiento obliga necesariamente a desempolvar algunas estadísticas históricas de EE. UU. y de otros países occidentales para determinar si aquella estructura de recaudación basada en el proteccionismo había permitido realmente levantar un Tahuantinsuyo estadounidense en la parte final del Siglo XIX, es decir, un imperio grandioso como el que lograron construir los incas entre los siglos XV y XVI. En 1900, EE. UU. tenía una población de 76.4 millones. Gracias al economista británico Angus Maddison, fallecido en 2010, hoy podemos observar la evolución a través del tiempo de variables como el PIB, el PIB por habitante y la productividad laboral para la mayoría de los países del mundo. Aunque para algunos países el Proyecto Maddison de Estadísticas Históricas presenta estimaciones del PIB para el año 1000 e incluso antes, para la nación estadounidense la serie continua se inicia en 1800. En 1900, el PIB por habitante en EE. UU., medido en dólares de 2011, ascendió a US$8,038, el más alto del mundo. Superaba en un 5.8% al de Gran Bretaña (US$7,594), el imperio al cual declaró su independencia en 1776 y venció en la Guerra Americana por la Independencia en 1783. En 1900, la incidencia de la pobreza, sin embargo, era más extendida en EE. UU. que en Inglaterra. Mientras en esta última la pobreza afectaba al 30% de la población, en EE. UU. la incidencia de la pobreza alcanzaba el 56%. En 1904, por ejemplo, el 50% de la población en New York era pobre.
Cuando uno escucha a los funcionarios del área económica de la administración Trump referirse a aquellos años gloriosos en que el arancel reinaba en la estructura impositiva y luego observa la base de datos del Proyecto Maddison, parecería que los primeros se han dejado deslumbrar por los puntos luminosos de la “Gilded Age” de EE. UU., específicamente, la rápida industrialización, el uso intensivo del carbón, la electricidad y el petróleo, la creación del vasto sistema nacional de transportación terrestre (especialmente, ferrocarriles) que se verificó en EE. UU. entre 1865 y 1898, período donde surgieron grandes monopolios. Las guerras mundiales que se iniciaron en 1914 y 1939 fueron erosionando gradualmente la primacía del arancel como fuente de recaudación fiscal en los EE. UU. La Decimosexta (XVI) Enmienda a la Constitución que otorgó facultades al Congreso de establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, allanó el camino para que el presidente Woodrow Wilson empujara el establecimiento del impuesto sobre la renta y la reducción arancelaria a través de Ley Underwood-Simmons. Aunque los aranceles fueron elevados luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, el impuesto sobre la renta se convirtió en la fuente principal de ingresos. En 1930, la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, aunque no fue la causa de la Gran Depresión, provocó una serie de aranceles retaliatorios que desencadenaron una significativa reducción del comercio internacional. El Congreso, que había mantenido un control absoluto en materia de reducción de aranceles, autorizó al presidente a negociar acuerdos comerciales bilaterales y a reducir las tarifas de EE. UU. sin necesidad de aprobación congresual para expandir las exportaciones de EE. UU. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las potencias Aliadas, especialmente de EE. UU. y Gran Bretaña, consideraron que si se fomentaba una mayor interdependencia económica de las naciones durante la posguerra podría evitarse el surgimiento de nuevas guerras mundiales en el futuro. Fue así como surgió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, el cual estableció un protocolo de reuniones para la reducción negociada de los aranceles entre países miembros y producto a producto. Las reducciones arancelarias produjeron una fuerte expansión del comercio internacional. El GATT allanó el camino para la conformación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual, estableció un marco institucional para la resolución de disputas comerciales entre los países miembros. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y el ingreso de China a la OMC el 11 de diciembre de 2001 desencadenaron una proliferación de rebajas arancelarias unilaterales y acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio en gran parte de la geografía mundial.
Cuando escuchamos a los funcionarios del área económica de la administración Trump describir el estado de la economía estadounidense hoy día, parecería que una mano invisible nos guía a un “play” en Broadway donde a diario se produce la obra “Miserable Age”. Independientemente del elevado nivel de la deuda pública (122% del PIB al 27/02/2025) y del déficit fiscal (6.2% del PIB en 2024), no es posible sostener que EE. UU. atraviesa una situación de descalabro económico que justifique deshacer las políticas económicas de apertura al comercio internacional. En 2024, por ejemplo, el PIB per cápita de EE. UU., en dólares de 2011, alcanzó US$64,953, ocho veces más elevado que el de 1900 y casi 50% más elevado que el de Gran Bretaña (US$43,672). Ese aumento ha tenido lugar a pesar de que su población en 2024 alcanzó 340 millones de habitantes, 4.5 veces la de 1900. La incidencia de la pobreza que, en 1900, al concluir la “Gilded Age” alcanzaba al 56% de la población, hoy es de solo 11.5%, muy por debajo del 18% que prevalece en Gran Bretaña. La apertura al comercio internacional representada por la reducción considerable de los aranceles a las importaciones que ha ejecutado EE.UU. después de finalizada la Segunda Guerra Mundial ha sido una de las políticas económicas que más ha contribuido a fomentar el progreso económico y el bienestar a los estadounidenses. No entendemos cómo un arancel uniforme de 79% sobre todas las importaciones de EE. UU. (asumiendo una elasticidad precio de la demanda de importaciones de cero) que se necesitaría para generar los US$3.4 trillones que hoy proveen los impuestos sobre la renta personal y corporativa, mejoraría las condiciones de vida de los estadounidenses. Ojalá que todo lo que se ha logrado hasta ahora no sea destruido por la creencia errada de que es posible iniciar una nueva “Gilded Age” restableciendo el Tahuantinsuyo o Imperio del Proteccionismo.
