“Tienes que desconfiar del caballo, por detrás de él;
del toro, cuando estás de frente, y de los clérigos de
todos los lados”.
Miguel de Cervantes
“¿No será que los comunistas, en su sabiduría infinita,
han disfrazado de cura a sus agitadores más sagaces?”
Juan Bosch
“Crisis de la Democracia de la América
Latina en la República Dominicana”
Las relaciones de Bosch con la Iglesia Católica fueron desde un principio difíciles. Como candidato, nunca mostró inclinaciones hacia la jerarquía eclesiástica y frecuentemente en sus discursos y charlas dirigidos a la población de más bajos ingresos, que él llamaba hijos de Machepa, incluía anécdotas o hacía menciones de cosas que algunos sacerdotes y obispos, en público como en privado, entendían como “herejías”, impropias de un cristiano.
En un documento titulado “Declaración sobre el momento político de la campaña electoral”, que abundaba en afirmaciones hechas por “algunos sacerdotes”, el Episcopado Dominicano exhortaba el 15 de diciembre de 1962, cinco días antes de las elecciones, a los “¨fieles” católicos a “inscribirse en partidos que defendían una auténtica política nacional”. Tras resaltar el deber de los católicos de votar “en bien de la sociedad, especialmente en las actuales circunstancias”, recordaba la obligatoriedad del sufragio como “un deber de conciencia y no por motivos personales y egoístas”. El documento ponía en alerta a los fieles con relación a determinados candidatos, al advertir tajantemente que “los católicos deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la Patria y de la Iglesia”.
Bosch había sido señalado como marxista en reiteradas ocasiones por líderes de la Unión Cívica Nacional y curas, en artículos, discursos y sermones. La advertencia hecha a continuación en el documento del Episcopado en el sentido de que “los católicos no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxistas”, era una evidente invitación a votar en su contra.
El documento reiteraba más adelante “la posición oficial de la Iglesia en la República Dominicana, que es de estricta neutralidad en las presentes circunstancias, dejando a la conciencia de cada católico la elección de los actuales candidatos por los cuales debe votar el electorado”. Pero los señalamientos anteriores presentaban un panorama muy claro a los católicos, en el cual había pocas posibilidades de elección. En el fondo, Bosch era el blanco de las advertencias, si se toma en cuenta que sólo él y Viriato A. Fiallo, el candidato presidencial de UCN, tenían reales oportunidades de obtener el favor mayoritario de los electores. Refiriéndose a lo que el mismo documento calificaba como “el reclamo expresado por un sector político que ha alegado ser afectado en su campaña por la advertencia de algunos sacerdotes a los files católicos” –y que no podía ser más que el PRD, el partido que sostenía la candidatura de Bosch- el Episcopado aclaraba que “sólo los obispos están autorizados a emitir oficialmente el pensamiento de la Iglesia”.
A medida que Bosch se perfilaba como potencial ganador de los comicios, sus adversarios y detractores intensificaban las campañas en su contra. El embajador de los Estados Unidos, John Bartlow Martin, relata que en cierta oportunidad el secretario general de UCN, Luis Manuel Baquero, le informó que “los párrocos están diciendo en las iglesias, sin alharacas, que Bosch es malo”. En su libro La Crisis Dominicana, Piero Gleijeses destaca que “malo, por supuesto, quería decir comunista”, concluyendo que “fue así que, en los últimos días de campaña, la Iglesia levantó el tema del comunismo”.
La cuestión dominó rápidamente el debate electoral, dejando atrás por completo otros temas. Elementos del clero, “sin alharacas al principio, a tambor batiente después”, según Gleijeses, “desataron la ofensiva”. La polémica adquirió ribetes inquietantes y se acentuaron los golpes contra el candidato del PRD, cuyo discurso era objeto cada vez más de los temores de sus críticos y de la jerarquía católica. En los primeros días de diciembre, la situación tomó un cariz que parecía en camino de entorpecer la celebración de las elecciones mismas.
“Era el momento de golpear, y el golpe más contundente fue propinado por el jesuita español Láutico García bajo la forma de un artículo cuyo título, Juan Bosch: ¿marxista-Leninista?, era más una afirmación que una pregunta”, dice Gleijeses. “Hubo asimismo amenazas de excomunión contra los partidarios del PRD, lanzadas desde el púlpito… y a través del periódico católico El Amigo del Hogar. Por medio de dos radioemisoras católicas –Radio Santa María, del Santo Cerro, en La Vega, y Radio Sol, en Higüey- hubo clérigos que instaron al pueblo a votar contra el marxista-leninista Bosch, a quien comparaban con los más infames dictadores, individuos como Hitler, Mussolini, Himmler y Castro. El citado autor menciona informes periodísticos de la época según los cuales en una transmisión por Radio Santa María, el cura Faustino García, prevenía a los campesinos y a los ciudadanos en general que si Bosch resultaba electo “va a poder atropellar a cualquier ciudadano, a cualquier campesino, a cualquier trabajador, a cualquier mujer, a cualquier niño, como Fidel Castro, que ha fusilado hasta niños”. En base a esos hechos, Gleijeses llega en su libro a la conclusión siguiente: “El cínico Episcopado dominicano se negaba a desautorizar estos ataques, aduciendo hipócritamente que era cosa de Bosch el desvirtuar esas acusaciones: a menos de una semana de las elecciones, y ante un electorado que no sabía que sólo los obispos tenían autoridad para propalar las opiniones oficiales de la Iglesia. Los acusadores de Bosch omitían, desde luego, mencionar en sus diatribas ese hecho poco conocido”.
Hubo una segunda declaración oficial de la Iglesia el 15 de diciembre. Esa vez se hacía mención directa del PRD y el Episcopado no ocultaba sus antipatías electorales. Este nuevo documento “Sobre incidencias de las elecciones entre el Clero y el PRD”, comenzaba agradeciendo al partido de Bosch por el “gesto” hacia algunos sacerdotes proponiéndoles como candidatos “para ostentar cargos relevantes de la futura administración pública”, considerándolo fruto de la estima que pudiera existir entre el partido y determinados sacerdotes. Pese a esa mención inicial, distaba de ser un documento complaciente hacia el candidato perredeísta. “El hecho de que a otros sacerdotes se les concediera la indispensable autorización eclesiástica para ser presentados a las cámaras por algún otro partido político, añadía, “debió motivarse, tras maduro y justiciero examen, por la clara postura ideológica del partido en cuestión, al conformarse en un mínimo sustancial con la doctrina social de la Iglesia”.
Cada sacerdote quedaba libre, al igual que los fieles católicos, de simpatizar con “tal o cual facción política”. Pero esa libertad quedaba supeditada a que ese partido en cuestión “no atente en sus principios doctrinales o en sus lógicas consecuencias al bien divino, a los derechos de la Iglesia, de la Patria, de la sociedad, de la familia, de la educación religiosa y de la persona humana…”. Hacía también referencia directa a las protestas del PRD por las advertencias de sacerdotes de que serían excomulgados aquellos que osaran votar por sus candidatos. Sobre el particular señalaba:
“Pensar que algunos curas han amenazado con la excomunión a cuantos votaran por el PRD es un infundio que involucra dos cosas separables de por sí. Acaso una explicación algo confusa o una desafortunada inteligencia del oyente, mezclaron dos categorías o factores: PRD y comunismo, que si de pronto parecen incomponibles por tal o cual aspecto (vgr., que algunos militantes del PRD son católicos, que el PRD buscó sacerdotes para candidatos, etc.) eso no quita que pudieran ser componibles bajo otros puntos de vista en grado más o menos elevado de acercamiento al comunismo (vgr., tales o cuales declaraciones desafortunadas, que más que comunismo revelan un liberalismo estrecho y caduco –no desautorizadas, por cierto, en la misma prensa que aparecieron , ni tampoco corregidas en el programa de gobierno- o el mismo ideario gubernativo del partido, que si no resulta comunista por entero, acusa, sin embargo, un filo marxismo demasiado patente”.
El Episcopado insistía en que “traer a cuento que sólo cinco o, seis, o siete padres declararon que ellos no permitirían que el PRD alcanzara el poder, no constituye un motivo grave para aumentar los cargos a la Iglesia o para que los mismos perredeístas se asusten. ¿Qué fuerza tienen cinco, seis o siete curas para permitir o no permitir el acceso al poder a una militancia de seiscientos mil afiliados, como según dicen, posee el PRD? Cosa diferente sería si la misma acusación recayera sobre “cinco consejeros de Estado o sobre seis o siete generales de las Fuerzas Armadas”.
El documento analizaba las denuncias acerca del contenido de programas radiales o artículos de sacerdotes que tildaban al PRD de comunista, prometiendo informarse sobre “lo que exactamente se dijo por Radio Santa María y Radio Sol”. En cuanto al artículo del padre Láutico García, que daría pie a una polémica y un debate público entre el sacerdote y Bosch, el documento de la jerarquía católica señalaba que “no era estricta y rigurosamente hablando una acusación; porque no se determinaba la culpa ni se aducían pruebas. Además, las acusaciones se hacen en estilo directo, con oraciones gramaticales en modo indicativo: Yo acuso a fulano de tal, por esto o por lo otro… y no en el estilo indirecto o con oraciones gramaticales en forma interrogativa, que fue el modo en que aparecieron en La Nación”, el diario que había publicado el artículo del padre Láutico García.
Según el Episcopado, se trataba sólo de meras interpretaciones privadas sobre el programa gubernativo del PRD y acerca de un artículo periodístico de Bosch. “Programa y artículo, por ser poco detallados en cuestiones fundamentales, imprecisos en su ideología y nada claro en sus términos, era natural que estuviesen expuestos a críticas de distinto carácter, del mismo modo que cualquier escritor se expone a recibir juicios favorables y desfavorables en los libros que lanza al mercado y caen en manos de todos. El derecho a criticar ideas ajenas –no directamente a personas- viene amparado por la libertad de prensa y por un mínimum de ética, de conocimiento del asunto y de la responsabilidad en el que critica”.
El documento reprochaba al PRD por no haber hecho “lo más adecuado”. Esto era, haber recurrido a la prensa o a la radio, para discutir “con sólidas razones o para aclarar malentendidos, dentro de un ambiente sereno, de una postura de mutuo respeto o de aquella elegante ecuanimidad de que hasta ahora presume haber hecho gala el PRD”. También prevenía contra los rumores, en los cuales el país era “muy pródigo”. Y relataba que días antes, se había corrido la especie de que un cura, desde el púlpito, puso a los feligreses ante el dilema de votar por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), contrario a Bosch o él retiraría del templo la imagen del Sagrado Corazón. De la investigación realizada por la Iglesia se había sacado en claro que cuanto sucedió fue que “una vieja celadora de la cofradía del Corazón de Jesús, furibunda, tremebunda e iracunda militante del Social Cristiano” era quien había amenazado a las “piadosas cofrades a su cargo que, de no dar éstas su voto al Social Cristiano, la buena vieja se retiraría de la dirección de dicha pía agrupación”.
En cuanto al punto en discusión, sobre las acusaciones de comunistas contra el PRD y Bosch, el Episcopado decía que “nuestros campesinos o compatriotas son libres de pedir consejo sobre el voto electoral a quien más le plazca. El que algunos dominicanos tengan más confianza en los curas que en los políticos, váyase de contrapeso por los que tienen más confianza en los políticos que en los curas”. Para añadir a seguidas: “La pretensión de ciertos partidos de tener ellos solos toda la verdad y únicamente la verdad, parece un endiosamiento tan ingenuo, como el del sujeto que pretendiera tener toda la luz del sol, porque ésta sólo a él alumbrara”.
La situación creada alrededor de esa inusitada controversia había llevado al PRD a proferir una amenaza pública de abstención en las elecciones del 20 de diciembre. Bajo esas condiciones, según Bosch y otros líderes del partido, era imposible competir en igualdad de condiciones con los demás partidos y candidatos. En evidente alusión a este nuevo ingrediente de desazón del proceso electoral, el Episcopado sentenciaba en su documento: “No somos de la Unión Cívica. Pero sinceramente recomendamos al PRD –aunque ese consejo ningún perredeísta lo pidió- que continúe terciando en la contienda política. Que no se haga la víctima de interferencias fácilmente soslayables, ni dé mayor volumen a las cosas de los curas que de los políticos. Pero que tampoco pretenda nadie establecer en un país libre como la República Dominicana, una Iglesia del Silencio, porque esto recordaría demasiado a cierto sistema ya caído en descrédito”.
Después de una resistencia inicial, se dio finalmente la aprobación para el debate entre Bosch y el padre Láutico García, que la radio televisora oficial difundió en vivo en horas de la noche a todo el país. La nación entera estuvo atenta a su desenlace por largas horas, frente a las pantallas de televisión. En la madrugada, el sueño de muchos dominicanos fue perturbado por los gritos de miles de partidarios de Bosch que se lanzaron a las calles a celebrar lo que entendían había sido una victoria de su líder contra su rival en el debate.
Láutico “no se retractó demasiado”, afirma Gleijeses en su libro, “pero no fue capaz de probar sus acusaciones”. En cambio, para “cientos de miles de dominicanos” Bosch había resultado el ganador de esta confrontación pública.
La parte decisiva del debate no llegó hasta el final cuando el moderador, doctor Salvador Pittaluga Nivar, que luego sería un colaborador de Bosch, le preguntó si insistía, aún después de la admisión del sacerdote de que él no era comunista, en no participar en las elecciones. Bosch le respondió que no quería serlo consciente de que el PRD ganaría las elecciones “y si las ganamos, el Gobierno que yo presida no podrá gobernar: será derrocado por comunistas en poco tiempo”.
Al analizar el papel de la Iglesia en el golpe que le derrocó el 25 de septiembre de 1963, tan solo siete meses después de haber jurado el cargo, Bosch escribiría luego en su libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana (1964), que aunque el padre Láutico “admitió que yo no era comunista”, los sacerdotes “que habían tomado la vanguardia en la ofensiva contra el PRD no cejaron un paso; al contrario, pasadas las elecciones organizaron la lucha y no la abandonaron ni siquiera después de caído el Gobierno constitucional”.
Bosch entendía, sin embargo, que ya le era imposible renunciar a su candidatura. En el libro citado dice: “Afuera del estudio de televisión esperaba una multitud regocijada; en los barrios las calles estaban animadas como de día, a pesar de que eran las dos de la mañana; los centenares de millares de perredeístas que lanzaban a esa hora vivas entusiastas en todos los rincones del país, esperaban ir a votar treinta horas después.
Fue eso, según Bosch, lo que le decidió mantener su candidatura, pero un año después de su derrocamiento no estaba seguro de que asumiera la posición correcta al presentarse finalmente como candidato a la Presidencia. Uno puede entender su estado de ánimo al leer este párrafo de su libro: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas, y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el Gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.
Una vez en el cargo, las relaciones con la Iglesia se hicieron más tensas todavía. La causa era ahora el proyecto de nueva Constitución que el Episcopado objetaba porque, a su juicio, no reconocía “los derechos de Dios y de la Santa Iglesia”.
Además de la oportunidad de escoger a sus gobernantes para un período constitucional de cuatro años, en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 los dominicanos votaron para elegir a los miembros del Congreso. Según la Ley que convocara a elecciones, los diputados electos integrarían una Asamblea Revisora de la Constitución, que debía estar lista para el 27 de febrero, fecha en que debían asumir sus cargos los funcionarios escogidos por el sufragio popular. Bosch viajaría días después de su elección al extranjero, en una gira por los Estados Unidos y distintos países de Europa. En su ausencia, los constituyentes trabajaban en el texto de la nueva Constitución.
A mediados de enero, estando aún Bosch en el exterior, El Caribe obtuvo una copia de un borrador casi final de la que sería la nueva Carta Maga. En él no se hacía referencia alguna a los derechos adquiridos por la Iglesia en virtud del Concordato firmado con el régimen de Trujillo a mediados de los años ’50 en el Vaticano. La publicación íntegra de este borrador desató fuertes polémicas.
“…como en él no aparecía mención alguna del Concordato que había firmado Trujillo con la Santa Sede, se desataron las iras del Averno”, escribiría luego Bosch. Se dieron espectáculos “dignos de figurar en la historia”, añade, como por ejemplo, cuando niños de escuelas católicas apedrearon el edificio del Congreso, rompiendo sus cristales.
Esta nueva Constitución significaba cambios sustanciales en relación con las anteriores promulgadas durante los treinta y dos años de la Era de Trujillo. La última de ellas, se pretendía reemplazar ahora por un texto más moderno y adecuado a las circunstancias que vivía el país, derrocada ya la dictadura. Este nuevo proyecto desconocía por completo las bases sobre las que se regían las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Bosch da su versión en Crisis de la Democracia, señalando que esa misma Constitución “establecía que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, se regirán por el Concordato…”. A su entender la vida de un país “no podía ser organizada en muchos aspectos”, por ese legado constitucional de Trujillo, puesto que la Iglesia reclamaba que los aspectos que a ella concernían consagrados en dicha Constitución, incluyendo el de la enseñanza pública, debían continuar rigiéndose por el Concordato, es decir, tenían que ser intocables.
Su lógica era simple pero demoledora: “Si la Constitución dominicana establecía que las relaciones entre la Iglesia y el Estado dominicano serían regidas por el Concordato, ¿por qué no figuraban también en ese o en otros artículos los muchos tratados internacionales que obligaban a la República?”.
Antes de que asumiera el cargo de Presidente fue a visitarle el Nuncio de Su Santidad, monseñor Emmanuel Clarizio. El motivo de la visita era el deseo del representante papal de que él, Bosch, presidente electo de la República, pidiera a la Asamblea Revisora “incluir (en la Constitución bajo discusión todavía) el artículo referente al Concordato”.
-Monseñor, usted sabe lo que es una democracia: una democracia no es un régimen gobernado por un hombre, como lo era el de Trujillo. Yo no tengo ninguna clase de autoridad legal sobre los Diputados Constituyentes, pero usted sabe que ellos han estado cediendo en muchos puntos.
Bosch asegura haber sugerido al Nuncio dirigirse al Presidente de la Asamblea Constituyente, el doctor Rafael Molina Ureña, que hablara con él y moviera amigos, ayudando así a crear la democracia dominicana, “haciendo funcionar las instituciones con el combustible de la opinión pública”. Bosch hace notar, asimismo, que idéntica recomendación haría dos meses más tarde, ya en su condición de Presidente, al obispo de la diócesis de la Provincia de San Juan de la Maguana, monseñor Tomás Reilly, cuando éste fue a verle con los mismos propósitos, es decir, con la sugerencia de que “interviniera también en el caso de la Constitución”. Bosch no acertaba a comprender cómo ese obispo, siendo norteamericano, no entendiera los mecanismos de la democracia; cómo, por ejemplo, ella operaba en los Estados Unidos.
La tirantez alcanzó su clímax el 29 de abril de 1963, cuando fue promulgada la nueva Constitución, sin referencia alguna al Concordato. Al acto de promulgación, la Iglesia no envió ningún representante. Según Bosch, ese era “un acto de rebeldía, que la propia Iglesia condenaba”, puesto que esta tiene como doctrina el respeto a los Gobiernos y a las instituciones legalmente establecidos”. La causa de esta contradicción estaba, según el Presidente, en que los altos dignatarios de la Iglesia en el país “actuaban de acuerdo con el medio en que se movían; y en ese medio, entre la gente de primera y de alta clase media se decía que esa Constitución no tenía validez porque había sido redactada por gente sin importancia, por ignorantes “. Esta era una referencia a la extracción social de los miembros de la Asamblea Revisora, entre los cuales había obreros, mujeres, estudiantes, gentes cuyos apellidos, según Bosch, no se habían “oído nunca en un salón”.
Sin embargo, esa nueva Constitución no suponía ofertas de cambios radicales; no era, en palabras de Bosch, “nada del otro mundo”. Se limitaba a dejar sin efecto el Concordato, a establecer los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas a las que servían, fijaba límites máximos a la propiedad, condenaba el latifundio y prohibía la deportación de ciudadanos dominicanos. Esta Constitución era el fruto de la labor de una Asamblea Constituyente. Bosch trataba de hacer saber a sus críticos que él, ni el Gobierno, “tenían nada que ver” con ella; excepto en que “debía respetarla y hacerla respetar”. En su opinión, aunque se trataba de un paso hacia adelante, era una Constitución “tímida, conservadora”, si se la comparaba con otras constituciones de la propia área del Caribe promulgadas años antes, como por ejemplo, la Constitución cubana de 1940.
Esa no era, por supuesto, la opinión de la jerarquía católica. Bosch relata, en el libro citado, que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas, debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”.
Este sacerdote capellán no era otro que Rafael Marcial Silva, de 32 años párroco de la Iglesia de San Miguel y capellán militar de la Fuerza Aérea con base en San Isidro. Marcial Silva era el inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad que se daban en todo el país y que él había llevado a los cuarteles. Su influencia en la oficialidad era muy grande. Nacía no sólo de su condición de sacerdote-confesor de muchos de ellos, sino de su condición de maestro; era profesor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, donde impartía lecciones de Apologética de Historia de la Cultura.
El Episcopado fijó públicamente su posición sobre la Constitución en un documento pastoral, leído en todos los templos, el 25 de abril, fiesta de San Marcos, cuatro días antes de la promulgación. Los obispos decían que habían venido estudiando desde hacía tiempo sus artículos “observando cuanto en los mismos no está de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia y cuanto carece de fundamento en las situaciones históricas concretas de nuestro país”.
Quejábanse los obispos de la inutilidad de cuantas gestiones realizaran ante la Asamblea Constituyente, para lograr soluciones a los graves problemas planteados en torno a los derechos de Dios y de la Iglesia.
La declaración era, decían, un nuevo esfuerzo dirigido a evitar que esos antecedentes provocaran “lastimaduras que ciertamente impedirían al Estado alcanzar el bien común de todos los dominicanos dentro del régimen democrático recientemente instalado”. La Iglesia insistía en su percepción de doctrina clara “sobre los fundamentos de las constituciones que han de regir el orden de los estados”, algunas de cuyas ideas querían ofrecer en su documento como orientación a aquellos encargados de producir lo que sería finalmente la Constitución, cuyos textos eran objeto de sus severas objeciones.
Analizaba que ésta “debe responder plenamente a las situaciones históricas concretas del mismo Estado” y que una de esas situaciones concretas en la República Dominicana lo era su adhesión al catolicismo “que abrazó desde su entrada a la civilización y que reafirmó cono Nación libre y soberana”. La Constitución, agregaba, no podía ignorar esa situación histórica, si se quería con ella “establecer las bases firmes para la convivencia y la cooperación de todo el pueblo”. En una obvia referencia al Presidente, la pastoral advertía más adelante, que “no llenaría su alta finalidad la Constitución que sólo responda al criterio de un hombre, o de un solo partido o de algunos partidos, sino cuando consagre los derechos de todo el pueblo”. Agregaba: la nueva Constitución, a punto de ser promulgada, “carece de la universalidad necesaria para ser justa”. Prueba de ello era la “notable intranquilidad” que su inminente promulgación había provocado en todo el país, lo que a juicio de la jerarquía católica desaparecería, si los Constituyentes, decidían revisar nuevamente aquellos artículos “ambiguos y confusos”, que obviamente concernían a sus demandas de respetar los derechos que el Concordato otorgaba desde tiempos atrás a la Iglesia.
El punto crucial lo constituía “la ausencia total de un reconocimiento explícito de los derechos de Dios y de la Iglesia”. Se podía entender lo segundo, pero ¿qué significaba para los obispos los “derechos de Dios” en medio de una confrontación entre lo que Bosch llamaba tutumpotes, los de arriba, con los hijos de Machepa, los desamparados?
Desde el punto de vista espiritual, el documento advertía que la nueva Constitución ignoraba la situación histórica concreta, católica, del pueblo dominicano, en las premisas siguientes: carece de todo sentido espiritualista; retrocede a épocas en que la influencia demagógica pasó sobre las situaciones históricas concretas, o las ahogó con principios llenos de errores y pasiones; porque desconoce los derechos de la Iglesia no consagrando las relaciones entre ésta y el Estado fijadas en el Concordato, por lo que no respeta los sagrados derechos de la misma sobre el matrimonio de los católicos, ni la enseñanza religiosa. Estos eran “sagrados derechos” que a juicio de la Iglesia “no limitaban los derechos de los demás, puesto que no impiden los derechos de los no católicos”. Por último, la consideraba atentatoria “contra la estabilidad de la familia cuando, en el fondo, equipara el matrimonio a cualquier unión y consagra el divorcio sin reconocer la estabilidad del matrimonio canónico”.
La declaración, suscrita por los obispos Octavio A. Beras, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo; Hugo E. Polanco Brito, de la diócesis de Santiago; Francisco Panal, de La Vega; Juan Félix Pepén, de La Altagracia (Higüey) y Tomás F. Reilly, de San Juan de la Maguana, concluía con un abierto desafío. “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo y que augurarían el caos moral, social y económico y finalmente la esclavitud”.
La promulgación de la Carta Magna el 29 de abril no zanjó las asperezas. Los obispos volvieron a la carga el 31 de julio, esta vez con una “Declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales con reflexiones sobre la situación socio-política del país”.
Tras considerar “su deber gravísimo” de dirigirse a todos esos estamentos de la sociedad a fin de lograr de ellos su aporte al bien común que aseguren el pleno respeto del hombre y de las instituciones, los jerarcas de la Iglesia señalaban que “no pueden ocultar su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”. Esa realidad estaba signada por la “incertidumbre y la desconfianza”, que al paso que se acentúan, alejan más del medio las aspiraciones de la “genuina familia dominicana” de ese mundo que a juicio de Juan XXIII “aspira a dos grandes bienes que son la paz y el pan”.
“De más está afirmar que en el país los acontecimientos políticos que vienen sucediéndose, no han logrado establecer el reinado de la verdadera paz, que abrace por igual a todos los hombres, sea cual sea su posición en la sociedad. Ni puede afirmarse que haya hogar dominicano donde se disfrute de la tranquilidad plena.
Este era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen boschista. El documento se extendía en consideraciones para mostrar el tortuoso camino que, a su juicio, había tomado el Gobierno, en contradicción con los deseos de la Iglesia que era, decía, en Santo Domingo “una institución sagrada”. Para concluir con esta advertencia: “No podemos dejar de lamentar que las ideologías comunistas que ignoran el respeto del hombre, que consideran al hombre como un simple engranaje de la maquinaria del Estado, estén empeñados en nuestro país no sólo en no respetar a Dios, sino en sembrar difamaciones contra la Santa Iglesia y contra sus sacerdotes, quienes deben ser siempre respetados por la altísima misión que tienen en medio de la sociedad”. Los argumentos de los obispos en parte se basaban en expresiones del propio Bosch, que el miércoles 24 de abril, calificara también de confusos y ambiguos varios textos del proyecto de Constitución, en una carta de respuesta a las inquietudes de la Iglesia formuladas a través de una misiva que le dirigiera el obispo Reilly.
También este era el primer pronunciamiento de los obispos en conexión con los incidentes que motivaron la cancelación del padre Marcial Silva como capellán de la Fuerza Aérea y resultaba claro que los jerarcas de la Iglesia tenían con esto un gesto de solidaridad hacia el sacerdote. Evidentemente, las relaciones siempre tirantes de Bosch con la Iglesia alcanzaban el punto más candente.
Nada extraño tendría que pocos días más tarde, en todo el país comenzaran a celebrarse manifestaciones de reafirmación cristiana. Políticos opositores mezclaban en ellas el nombre de Cristo con actividades que tendían a cambiar un régimen más que a exaltar valores religiosos. Esto se hacía sin objeciones de parte del Episcopado, ni tampoco, individualmente, de sus obispos.
A lo largo de la campaña electoral y los meses de gobierno de Bosch, no hubo un solo momento de placidez en su trato con la Iglesia. Uno de los momentos más críticos de esas difíciles relaciones, sobrevino el 13 de diciembre de 1962, una semana justa antes de las elecciones. Ese día, la alta dirigencia del PRD publicó una extensa exposición “A los obispos de la grey dominicana”, en términos que no dejaban dudas acerca de la tirantez existente entre ambas partes.
El documento comenzaba quejándose de la actitud de sacerdotes contra la candidatura de la organización. “Venimos a manifestarles la profunda pena con que estamos oyendo las acusaciones de comunistas y ateos que están lanzando contra nosotros numerosos sacerdotes del Santo Cerro y Radio Sol de Higüey. Asimismo esas acusaciones más o menos veladas han aparecido en el diario La Nación y el periódico católico El Amigo del Hogar”. Según el PRD, esas acusaciones se hacen “sin que hasta el momento ninguno de esos acusadores haya podido presentar la menor prueba de que somos comunistas o de que mantenemos relaciones con los comunistas”.
Tras insistir en la esencia puramente democrática de la organización, el documento del PRD agregaba:
“Arrastrados por la UCN en una lucha política que tiene como exclusiva finalidad la conquista del poder para la UCN, los sacerdotes que nos acusan de comunistas han planteado una grave cuestión: las masas dominicanas se encuentran bajo coacción moral y el PRD entiende que ir a elecciones bajo esa coacción moral equivale a ir bajo el terror físico. Más miedo le tiene un campesino dominicano a la amenaza de excomunión que a la de un tiro en el pecho.
El PRD ha proclamado en todo momento que iría a elecciones si éstas eran absolutamente libres. Al lanzar sobre el pueblo el peso de su autoridad religiosa a favor de determinado partido, los sacerdotes que nos acusan de comunistas impiden que las elecciones se celebren en un clima de verdadera libertad moral. Por tal razón, y con profunda pena por hallarse envueltos en este delicadísimo problema varios miembros prominentes de la Iglesia Católica, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano ha resuelto retirar de las elecciones todas sus candidaturas a menos que el pueblo dominicano sea librado de la coacción que está haciéndose sobre él”.
El mismo día en que el PRD hiciera esa exposición, El Caribe publicó un despacho de su corresponsal en La Vega, Miguel Reynoso Solís, dando cuenta de un llamamiento de Radio Santa María la noche anterior instando a la población a votar en contra de Bosch. Para llamar la atención del público, la emisora católica estuvo previamente invitando a escuchar un pronunciamiento sobre las elecciones “y el momento actual que vive el país”. Como reacción al emplazamiento del PRD, el Episcopado emitió una pastoral el 15 de diciembre ya comentada en ese mismo capítulo. Como se puede observar, la relación entre Bosch y la Iglesia evolucionó desde un comienzo agrio hasta un final que no podía ser más explosivo. La rivalidad sobrevivió el paso de los años. En las elecciones de 1990, en las que a pesar de sus 80 años de edad Bosch volvió a presentarse como candidato, sus enfrentamientos con la jerarquía católica adquirieron con frecuencia el tono de aquellos lejanos días.
En 1990, la Iglesia Católica publicó un libro titulado Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (1955-1990), en el que aparecen muchas de las pastorales y declaraciones de obispos y sacerdotes citados en este capítulo. Para reconstruir la evolución de las difíciles relaciones entre Bosch y la Iglesia, el autor se valió también de los periódicos de la época, de entrevistas con actores de esos hechos, y de los libros Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, de Bosch, la Crisis Dominicana, de Piero Gleijeses, y El Destino Dominicano, de John Bartlow Martin. En algunas partes se hace referencia al libro de Bosch como Crisis de la Democracia.
